“¿Zapatero, a tus zapatos?”

Se dice que Apeles, pintor griego del siglo IV a.C., solía exponer su obra al aire libre, permitiendo así que, en una ocasión, recibiera una fundada crítica de un zapatero respecto a la extraña forma en que aquel había pintado una sandalia. Reconociendo su error, Apeles rectificó el cuadro y lo volvió a exponer, siendo así que el zapatero -consciente de que el artista se había hecho eco de su objeción- se sintió legitimado para cuestionar otros aspectos de esa misma obra. El pintor, ya enojado, se encaró con él espetándole: “¡zapatero, a tus zapatos!”.

Es obvio que, en virtud de las amplias facultades que la Ley General Tributaria le reconoce, la AEAT (y, más en concreto, la Inspección) tiene atribuidas las funciones de la comprobación e investigación del adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, y, en el ejercicio de ellas, desarrolla actuaciones tendentes a determinar la adecuación a derecho de lo declarado por los contribuyentes. Pero todo ello no pugna con el hecho de que no sea infrecuente que se susciten controversias acerca de hasta dónde puede llegar la AEAT, es decir, cuál sería su límite -si es que lo hubiera- para llevar a cabo sus funciones, muy especialmente cuando estas se focalicen en aspectos que sean fronterizos, limítrofes, con los estrictamente fiscales.

En su día ya fue objeto de una especial atención mediática el debate acerca de si era la AEAT o, en su caso, la CNMV, la competente para determinar cuándo una SICAV era tal y, por tanto, acreedora de su particular régimen fiscal (asunto que el TEAC ya zanjó, a favor de la CNMV, a través de sus resoluciones de 22/11 y 22/12/2007). Pero aquel caso, lejos de ser anecdótico, puso el foco de atención sobre un extremo que se reproduce una y otra vez. Así, en febrero de 2011, la Asesoría Jurídica de la propia AEAT salió al paso de pronunciamientos discrepantes entre la DGT y el mismísimo TEAC acerca de la competencia de la Inspección para comprobar la ortodoxia de las deducciones vinculadas a acontecimientos de interés público (vgr.: el Xacobeo o la Copa América), habida cuenta de que aquellas son objeto de una certificación específica por parte de un consorcio constituido expresamente a tal efecto. La AEAT concluyó que, sin perjuicio de las competencias de tal consorcio, la Inspección podría comprobar “la calificación y cuantificación de un determinado gasto (…), y ello aunque el consorcio haya certificado la calificación y cuantificación (…)”. Por cierto, que ahora está en proyecto una futurible Orden Ministerial que, de prosperar en sus actuales términos, da tan concretas pautas de actuación a esos consorcios a la hora de evaluar y cuantificar los gastos de publicidad y propaganda vinculados con esos acontecimientos, que pareciera que viene a privar de margen de maniobra a alguno a esos órganos, en su día creados para tal fin.

Recientemente ha habido nuevos capítulos en esta inconclusa diatriba competencial, con un sentido diverso. Por un lado, una sentencia del Tribunal Supremo (STS) del 19/11/2012 niega que la Administración autonómica tenga competencia alguna para determinar la validez de las dotaciones al Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas en lo que se refiere a la incidencia que aquellas puedan tener sobre la conservación de la condición de fiscalmente protegidas, y ello puesto que lo contrario “supone una evidente restricción de la competencia de la Inspección (…) para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el disfrute de los beneficios fiscales establecidos por el Estado”. Por el otro, la STS del pasado 11/2 enjuicia la juridicidad de la actuación de la AEAT que, al apreciar que una entidad perteneciente a un Grupo Fiscal incurriría -mediando la corrección de los estados contables por parte de la propia Inspección- en causa de disolución (sin que así se hubiera declarado), determinó su expulsión del mismo: “si las CCAA aprobadas por la Junta General (…) no reflejan una situación como la contemplada en el (…) TRLSA, ni, por consiguiente, nadie de los legitimados para ello ha instado su disolución, la Inspección de los Tributos no puede excluirla del grupo consolidado, sin perjuicio de su potestad para corregir el resultado contable a los solos efectos de fijar la base imponible”. De esta manera, el TS coincide con el criterio ya expresado por el TEAC en su resolución de 25/7/2007 en la que, modificando la postura sostenida con anterioridad, apuntaba que “apreciar si se da o no la causa de disolución social corresponde a los administradores y a la Junta general de la sociedad y, en su caso, al juez, pero no a la Administración. La Inspección, (…), tiene plenas facultades para, a partir del resultado contable, determinar la BI del Impuesto, e, incluso, podrá determinar el resultado contable según la normativa mercantil aplicable pero “a los solos efectos de determinar la base imponible´´ -bien es cierto que el actual 143 TRLIS ha omitido el clarificador “solos” de la redacción anterior, por lo que habrá que estar atentos a la interpretación que, en su caso, quepa dar a ese matiz-. (…) En suma, la situación de estar la sociedad incursa en causa de disolución ha de resultar de la contabilidad social, no de los criterios contables de la Inspección. En definitiva, la exclusión del Grupo sería una consecuencia cuasisancionadora del incumplimiento por los administradores del deber de promover la disolución”.

¿Continuará?

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

 

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