“Y usted, ¿qué opina?”

Impuestos y ciudadanos Como es bien sabido, y en este blog ya se ha apuntado en alguna ocasión, entre las seculares carencias que nuestro país sufre está la paupérrima conciencia cívico-tributaria; es decir, que una parte sustancial de la población, en términos estadísticos (lo que, por tanto, siempre admite matices pues las generalizaciones siempre son, per se, peligrosas), no actúa en el ámbito impositivo por su innata convicción de que los tributos en general -y los impuestos en particular- sean del todo necesarios para el funcionamiento de un país, para disponer de unos servicios públicos básicos y de calidad y, con ello, para procurar esa siempre deseable igualdad de oportunidades.

No, en nuestro caso parece que nuestras motivaciones en el ámbito fiscal vienen más por la vía del “miedo” que por otra cosa…

A fuer de ser sinceros, en este punto también es obligado denunciar que en no pocas ocasiones la actitud de las autoridades fiscales (que aquí no habrá que identificar necesariamente con las distintas administraciones tributarias sino, más bien, con las directrices que desde el poder político a estas se les imponen) no solo ha hecho poco por mejorar esa ya ínfima conciencia cívico-tributaria sino que, incluso, ha coadyuvado a su progresivo empobrecimiento. Vienen así a mi memoria episodios tales como el de la última “amnistía fiscal” (en la terminología oficial, “declaración tributaria especial”, o DTE, en el argot) o el aún más pernicioso del triste “céntimo sanitario” donde fue el propio Estado el que, como genuino “defraudador”, tras ser pillado “in fraganti”, aun pretendía “irse de rositas…”

Pero para equilibrar la balanza, en este caso a favor de la Administración (y, ya más en concreto, de la AEAT), hay que mencionar que cuenta con una campaña de concienciación fiscal destinada al ámbito educativo infantil/juvenil, lo que es del todo meritorio y, por tanto, loable, muy especialmente en un país en el que, al menos oficialmente -en los planes de estudio como tales-, este es un aspecto que o no se aborda o se trata muy tangencialmente, dependiendo así ya más del espíritu ciudadano del profesorado en cuestión que de las directrices que en tal sentido se den desde la propia Administración educativa.

A este respecto he de decir, por experiencia personal, que en el propio ámbito de la educación no se percibe una especial sensibilización (o, en cualquier caso, menos de la que sería deseable) con este aspecto del todo básico de nuestra condición de ciudadanos. En fin, otro aspecto (¡uno más!) a mejorar. Y, ya puestos a mejorar, también creo que son manifiestamente mejorables nuestras prácticas públicas en cuanto a la percepción, a la efectiva concienciación de dónde se manifiesta el gasto público. En ocasiones esto es más una cuestión de mera voluntad que de megalómanas decisiones: unos simples carteles al lado de una obra pública recordando que “tus impuestos se están invirtiendo aquí” (nuestra versión local del célebre “your taxes are working here”), o el mero envío de una factura simbólica donde se refleje el coste (seguramente más elevado de lo que podemos llegar a imaginar) de nuestra atención sanitaria o de la educación de nuestros hijos. No parece tan difícil, ¿no?

Todo esto viene a colación de que en estas últimas semanas se han publicado, acumuladamente, varios estudios demoscópicos en los que se analiza, desde diferentes perspectivas, aspectos claves y de máximo interés de nuestro “sentir colectivo” en el ámbito fiscal.

El primero de ellos es el ya clásico (por aquello de que ya acumula numerosas ediciones) “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles” que, editado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) abunda en nuestra percepción social del siempre vidrioso universo tributario. De él, me permito extraer las siguientes observaciones:

i-. Una parte relevante de la población (próxima al 70%) entiende que el fraude es una conducta generalizada entre nosotros y, puestos a focalizarlo, lo ubican primordialmente entre los empresarios, profesionales liberales y autónomos (precisión no por obvia menos obligada: las opiniones son eso, meras opiniones que vienen dadas por la tan subjetiva como lícita percepción de la realidad que todos y cada uno de nosotros tenemos, siendo así que otra cosa es que esa lectura se corresponda o no con la realidad fáctica).

ii-. Entre los motivos que nos llevan a cumplir “voluntariamente” con nuestras obligaciones fiscales están, por orden de mayor a menor capacidad de influencia, el sistema de retenciones para trabajadores -quizá aquí esté la clave del punto “i” anterior-, los propios controles establecidos por las diferentes administraciones tributarias y, ya por último, nuestra maltrecha conciencia cívico-tributaria…

iii.- Casi el 90% tiene la percepción de que el fraude ha experimentado una tendencia creciente en la última década y, además, el 60% entiende que ese incremento es sensiblemente alto. Esta apreciación la pongo en relación con el mensaje que, en ocasiones, se lanza triunfalmente desde instancias oficiales (la AEAT, sin ir más lejos) al dar cuenta de que, año a año (cuando ello es así, obviamente), los importes liquidados y/o recaudados (pues una cosa no implica la otra) como resultado de su actividad de comprobación/investigación crecen sensiblemente. Cuando eso es así, ello puede ser todo un meritorio éxito de la AEAT (que lo será, y no lo dudo), pero, a la vez, es la constatación de un clamoroso fracaso como país pues poco bueno se podrá decir de este cuando las cifras oficiales vienen a indicar que año a año el “fraude” detectado (que es el único tangible, pues el otro es una quimera objeto de estimación a tanto alzado) crece en lugar de reducirse.

iv.- En paralelo, y esto entraña un gran interés, el IEF recaba la opinión social sobre los servicios públicos (al fin y al cabo, el destino natural de nuestro esfuerzo fiscal), materia en la que los datos no son menos llamativos. Así, el grueso de la población aprecia que los tributos cumplen razonablemente su función redistributiva pero, sin embargo, entendemos que hay un margen de mejora en la relación impuestos/servicios cuando nos comparamos con nuestro entorno europeo (un 20% entiende que ningún servicio es acorde con los servicios pagados).

v.- No obstante, ello no es óbice para que el 13% de los encuestados opine que ningún servicio justifica el pago de impuestos, sector de la población que habremos de identificar con el 14% que afirma que “sin impuestos viviríamos mejor”, olvidando así esa célebre advertencia de que “los impuestos son el precio que pagamos por la civilización” (Oliver Wendell Holmes, juez del Tribunal Supremo de EE.UU.) puesto que “en la selva no existen” (matiz añadido, a su vez, por Robert Wagner, político estadounidense); reflexiones ambas que, con razón, tanto le gusta recordar a mi apreciado Francisco (Paco) de la Torre.

vi.- A la hora de hacer autocrítica es llamativo que mientras el 45% opina que no hay ningún servicio público bien gestionado, ese ratio baja al 19% cuando se trata de valorar si nosotros, los ciudadanos, en nuestra faceta de usuarios, no pecamos de un mal/indebido uso de esos mismos servicios públicos (cuando es palmario que un bien/servicio de apariencia gratuita -y esto conecta con la ya mencionada visibilidad del gasto, ese “your taxes are working here”- tiende a una demanda potencialmente infinita).

Hasta aquí lo más destacable del IEF pues, como decía, son varios los estudios demoscópicos cuya divulgación ha coincidido en un muy breve espacio de tiempo. Así, pasamos ahora a otro trabajo, este realizado por PWC, que se focaliza ya en el ámbito productivo y, más en concreto, en el impacto que la reciente reforma fiscal pueda tener en las empresas, razón por la que los encuestados son, en este caso, esencialmente del ámbito económico. De él podemos extraer las siguientes conclusiones:

i.- La reforma fiscal recién implantada, en contra del mensaje oficial, se estima que tendrá efectos neutrales o indiferentes en la medida en que se entiende que mantendrá o incluso aumentará la carga impositiva empresarial.

ii.- Por el contrario, se teme que la reforma sí que traiga un sensible incremento de la inseguridad jurídica que se aprecia como problema por el 76% de los encuestados.

iii.- En lo que se refiere al endeudamiento empresarial, casi el 50% opina que la reforma ayudará a su reducción, cumpliendo así uno de los confesos objetivos de ella.

iv.- Algo más del 75% estima que nuestra carga impositiva global es alta o muy alta, siendo la mayoría la que espera que se incremente durante el presente 2015.

v.- Una inmensa mayoría (el 83%) califica nuestro “andamiaje” fiscal como complejo, y el 67% entienden que hay que dedicar más tiempo al cumplimiento de nuestros deberes fiscales.

vi.- Casi unánime (el 99% del universo objeto de la encuesta) es la sensación de que la coexistencia de diversos niveles tributarios (estatal, autonómico y local) no aporta ventaja alguna, lo que quizá viene a incrementar la conflictividad (que el 44% califica como muy alta), siendo negativa la percepción de los sistemas que el ordenamiento español ofrece para la resolución de conflictos impositivos.

vii.- Y, por último, resulta del todo desalentador que casi el 60% estime que nuestra estructura impositiva sea negativa o muy negativa para la actividad emprendedora, o que el 54% piense eso mismo para la inversión empresarial (el 55% cree que tampoco alienta las actividades de I+D+i).

Y, ya para terminar, un último informe, este de KPMG, que se centra, ya más específicamente, en nuestro tejido empresarial familiar (que, como es sabido, aglutina una parte sustancial de nuestro PIB), y del que me limito a resaltar dos datos, ambos relativos al ámbito tributario: el 22% (frente al 16% a nivel europeo) de los encuestados ubica la subida de tipos impositivos entre los principales problemas actuales que deben afrontar, y el 37% reclama una mayor simplicidad en la normativa fiscal.

En fin, datos todos ellos interesantes para extraer conclusiones o, cuando menos, para conocernos mejor; que no es poco.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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3 respuestas a “Y usted, ¿qué opina?”

  1. Juan Castro dijo:

    No queremos pagar pero sí queremos y exigimos servicios públicos de primera. En cuanto a la obligación constitucional, no lo olvidemos, de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, el ciudadano de a pie tiene ya un cierto hartazgo de que las personas que en teoría deberían gestionar esos recursos y ser los primeros en dar ejemplo, sean los también los primeros en meter la mano en la caja.

    Ya lo decían los romanos: «Quis custodiet ipsos custodes?»

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