¿Y si los responsables son menores de edad?


¿Y si los responsables son menores de edad?“Es obligado iniciar este ‘post’, con el que da comienzo la cuarta temporada de Espacio Tributario, con un agradecido reconocimiento a Jose Galtier, bajo cuya firma se han escrito valiosísimas aportaciones durante los meses en los que -con una enorme generosidad- ha compartido la autoría de este blog conmigo. Circunstancias excepcionales le han impedido que el ‘post’ del pasado 25/8 se publicara, y son esas mismas condiciones las que le obligan a dejar su coautoría quincenal. Su baja será muy difícil de suplir; mientras tanto, el mejor homenaje que le puedo hacer es intentar cubrir su sentida ausencia hasta que un nuevo coautor se incorpore al blog. Hasta siempre, y muchas gracias, Jose Galtier!!!”.

La casuística tributaria es ingente, tanto que día a día nos sorprende (bueno, aunque realmente la capacidad de sorprendernos ya hace años que la hayamos perdido) con episodios chocantes, llamativos, inauditos…

Hoy traigo aquí uno de ellos, dándose la circunstancia de que en éste el análisis jurídico que se hace de los hechos excede con creces lo tributario. En esencia, este caso viene a abundar en esa pregunta de no fácil respuesta (tampoco en el ámbito fiscal): ¿son los menores responsables de su actos?, ¿nunca?, ¿en ningún caso o depende?

El TEAC ha tenido ocasión de analizar este debate en una resolución del pasado 28/5 con motivo del recurso de alzada para la unificación de criterio interpuesto por la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT (algún día intentaré buscar si el TEAC tiene publicada la estadística del número de recursos interpuestos ante él por la propia AEAT pues, a priori, me da la impresión de que en los últimos años se ha incrementado exponencialmente) contra una resolución del TEAR-Madrid en la que, en esencia, los hechos analizados eran los que siguen:

  • Un matrimonio fue declarado responsable solidario de unas deudas correspondientes a una entidad relativas al IVA e Impuesto sobre Sociedades correspondientes a 2004.
  • Al no abonarse la deuda en período voluntario se inició el procedimiento ejecutivo, emitiéndose providencias de apremio. También, ya antes a la propia derivación de responsabilidad se había ordenado el embargo preventivo de varios inmuebles.
  • Y aquí es donde se suscita el debate enjuiciado, pues la AEAT se percató de que sobre uno de esos inmuebles, el marido (uno de los responsables derivados) había donado la nuda propiedad a sus hijos menores de edad, donación que se llevó a cabo mediante una escritura notarial en la que los menores fueron representados por sus padres, titulares de su patria potestad.

  • La cuestión es que uno de esos hijos (que cuando se realizó la donación tenía tan sólo 8 años) fue declarado responsable solidario de una parte de las deudas que, a su vez, habían derivado a su padre, aquél en virtud de la previsión dispuesta en el artículo 42.2.a) de la Ley General Tributaria (LGT) de que “también serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria”.

  • Disconforme con esa derivación, ese hijo la recurrió ante el TEAR-Madrid que estimó su recurso al entender que “(…) en el acuerdo de declaración de responsabilidad se expresa que es requisito para la procedencia de la responsabilidad que se pueda apreciar en la conducta del presunto responsable la intención de colaborar con el deudor en impedir la actuación dela Administración Tributaria, que deberá ser una participación en la ocultación/transmisión consciente con la finalidad de impedir la actuación administrativa, siendo una participación tendente a imposibilitar o dificultar la efectividad del crédito, y que la vinculación (paterno-filial) existente entre donante y donatario permite presumir el conocimiento de la existencia de deudas tributarias y por tanto la colaboración con el deudor en impedir la actuación dela Administración Tributaria. En el recurso de reposición ya se alegó que el hecho de ser los donatarios menores de edad impide que pudieran ser conscientes de la conducta que presume la Administración y esta alegación fue desestimada en el acuerdo resolutorio del recurso con el fundamento de que en el presente caso es más fácil hacer esa presunción de conocimiento al ser el deudor el representante legal del donatario, al tratarse éste de un menor de edad y, según consta en la escritura de donación, haber aceptado lo donado en nombre y representación de sus hijos, al ostentar junto a su cónyuge la patria potestad de los mismos. Este Tribunal no puede confirmar esa argumentación pues lleva como consecuencia que la conducta consciente de colaboración en la ocultación o transmisión del bien se predica del representante legal del donatario pero no de éste, que es a quien se declara responsable y a quien se le exige, con cargo a su entero patrimonio y no con una mera afección del bien transmitido, el pago de la deuda resultante, siendo un menor de edad en el momento de realizarse la donación (nacido el 15 de octubre de 1996) a quien no se le puede imputar una conducta consciente y al menos negligente como origen y causa de una atribución de responsabilidad”.

  • Pero la AEAT, disconforme con esta interpretación del TEAR-Madrid, la recurrió en alzada ante el TEAC invocando, entre otros argumentos, el hecho de la postura del TEAR “produciría el resultado antijurídico de que la ocultación -con sus consecuencias de enriquecimiento indebido para el particular y de perjuicio para la Hacienda Pública- quedaría impune siempre que en la misma se utilizase a una persona menor de edad” (obsérvese que esta alegación aisladamente considerada viene a abrazar la maquiavélica tesis de que “el fin justifica los medios” pues se limita a poner el énfasis en el resultado perjudicial para la AEAT, haciendo abstracción de si ésta puede defender sus legítimos intereses, en un caso como éste, con argumentos jurídicamente ortodoxos o limitándose a esgrimir el daño sufrido). Y el TEAC emitió su parecer al respecto en la ya mencionada resolución del pasado 28/5, que es la que motiva estas líneas, pues sus argumentos parecen cuando menos cuestionables:

“En el caso planteado en el presente recurso los hijos menores de edad no aceptaron la donación de sus padres por sí mismos, sino por medio de aquéllos que por ley son sus representantes legales. No se suscita, por tanto, controversia alguna sobre la capacidad de dichos menores para aceptar la donación recibida, toda vez que quienes lo hicieron en su nombre eran quienes ostentaban sobre ellos la patria potestad, ni, en consecuencia, sobre la validez de la donación realizada. (…)

Nuestro ordenamiento tributario reconoce la inimputabilidad del menor de edad no emancipado en la comisión de infracciones tributarias en el artículo 179.2 LGT, a cuyo tenor “las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: a) cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario”. Coherentemente con ello, señala el artículo 181.1.f) de dicha norma que será sujeto infractor el representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. Ahora bien, no debe confundirse la responsabilidad por infracción tributaria con la responsabilidad tributaria regulada en los artículos 41 y siguientes de la LGT, cuya finalidad no es la de imponer una sanción por la realización de acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes sino asegurar el cobro del tributo, ampliando el círculo de obligados, es decir, de patrimonios que responden del pago de la deuda tributaria. Es claro que los motivos que impulsan al legislador a extender la obligación tributaria a personas que no revisten la condición de sujetos pasivos responden a la necesidad de hacer posible la satisfacción del crédito público.

Pues bien, en este sentido, es importante destacar que no se contiene en la normativa tributaria precepto alguno similar al artículo 179.2 LGT que impida la declaración de responsabilidad solidaria del menor de edad que ha intervenido en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

Por otra parte, ni el artículo 41 de la LGT, que regula la responsabilidad tributaria en general, ni el artículo 42.2.a) de dicha norma, que contempla el supuesto de responsabilidad solidaria a que se refiere el caso concreto analizado en el presente recurso, establecen excepción alguna para el caso de que las personas declaradas responsables actúen por medio de representante, ya sea legal o voluntario.

Las afirmaciones precedentes no implican atribuir a los menores de edad en el supuesto de hecho analizado la intención, al intervenir en la donación del inmueble, de impedir la actuación de la Administración tributaria. Resulta claro que fueron sus representantes legales, en este caso sus padres, quienes consciente y voluntariamente realizaron, en nombre y representación de aquellos, la conducta descrita en el artículo 42.2.a) de la LGT.

En consecuencia, el hecho de que en el momento de la donación del inmueble el donatario fuera menor de edad, no le exime de la responsabilidad que, con el límite del valor del bien donado o de la deuda si ésta fuera de importe inferior, le corresponde por haber sido parte en la ocultación del inmueble del donante con la intención de impedir que la Administración tributaria pudiera hacer efectivo su crédito sobre éste. Y ello pese a que la colaboración en la ocultación no se realice directamente por el donatario menor de edad, sino a través de sus padres, representantes legales, que actuaron en su nombre y representación. (…)

Así lo ha entendido, en efecto, este Tribunal Central en su resolución de 21 de julio de 2010 (RG 2404/09), (…), que fue confirmada en el concreto aspecto aquí analizado por la sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2011 (recurso nº 571/2010), a cuyo tenor: (…) En la representación, el representante puede actuar únicamente manifestando la voluntad del representado, o por el contrario, puede no solamente manifestar esta voluntad, sino incluso formarla, de modo, que su intervención en los negocios jurídicos, no se limitará a manifestar cual sea la voluntad de su principal, siguiendo sus instrucciones, sino que incluso tiene libertad para generar la voluntad en nombre y representación de sus representado recayendo sobre éste las consecuencias del contrato.

Esto sucede cuando los padres intervienen como representantes legales de sus hijos menores sometidos a su patria potestad, en un supuesto como el presente en el que es necesaria la aceptación de la donación que sus propios progenitores les hacen, de manera que los padres intervienen como donantes y donatarios, si bien en este caso en representación legal de éstos.

Por ello, los actos en los que intervienen, producen sus efectos en la persona del representado, y como en el caso que nos ocupa, las únicas consecuencias que pueden derivarse de la aceptación de la donación, es la responsabilidad limitada al valor del bien donado, puede afirmarse que no se le causa un perjuicio fuera de los limites del beneficio que subrepticiamente, pretende obtener don Demetrio, con la ocultación de bienes sustrayéndolos a la actuación de la Administración”.

Como decía, y sin que ello presuponga aplaudir la actuación del padre que no parece precisamente ejemplar de cara al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la argumentación del TEAC me parece más imbuida del maquiavélico “el fin justifica los medios” que de un escrupuloso respeto a los principios jurídicos que deben regir la responsabilidad personal de todos y cada uno de los intervinientes en una operación controvertida, menores incluidos (y, como tales, acreedores aún -si cabe- de un mayor grado de pulcritud al evaluar su peculiar estatus legal).

En fin, que, parafraseando a mi colega Emilio Pérez Pombo, “siguiendo el criterio de Justicia del sofista Trasímaco de Calcedonia («lo más justo no es otra cosa sino lo que conviene al más fuerte», sentencia que, según sostiene Lorenzo Silva en “El blog del Inquisidor”, sintetiza “la ley que rige el funcionamiento de la única justicia de la que podemos decir algo con conocimiento de causa, que es la que imparten los hombres”), importa el resultado, (…), aunque para ello la Resolución sea incoherente e inconsistente, aplique un criterio igual a normativas distintas o que abuse de la argumentación en un alarde de locuacidad”. ¡Ahí queda eso!

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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