Y seguimos con los bienes en el extranjero…

Amnistía fiscal- “¡Bendita amnistía!”- gritaron muchos cuando el Gobierno de turno permitió en marzo de 2012 la regularización de los bienes (en el extranjero o debajo de la viga) no declarados previamente en España ingresando solamente el 10% de la valoración de los mismos.

¿Acertada decisión del ejecutivo? Discutible… La gente de a pie tildaba la medida de un despropósito que permitía a mangantes ponerse al día con un pago ínfimo mientras millones de trabajadores no habían escatimado un duro en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (sobre todo por el control que existe para los rendimientos del trabajo, no por la mentalidad de soporte al gasto público de la que pienso, personalmente, que carecemos la mayoría de los españoles). Desde un punto de vista más frío, una medida acertada para atraer capitales a España una vez se ha cumplido con Hacienda además de recaudar cierto dinero presente (el 10% de lo que se tiene oculto tras épocas de bonanza no es moco de pavo) y futuro, a través del Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones respecto a bienes ya controlados que, de otro modo, posiblemente pasarían desapercibidos por los siglos de los siglos al fisco español. Además de ese punto de partida inicial que suponía la regularización tributaria, se obligaba a informar anualmente de dichos bienes en caso de estar situados en el extranjero a través del modelo 720.

Hay que reconocer que al anunciarse la medida, nadie quería ir de primo y ser el primero en acogerse a la amnistía. Ante la falta de resultados, el Gobierno se puso serio: ante una medida impopular que beneficiaba a unos pocos, si aún por encima éstos “pasaban olímpicamente del tema”, apaga y vámonos; por ello se regularon sanciones fuertísimas a quien, no acogiéndose a la medida, fuese descubierto. El ponerse duro me parece lógico pero quizás se les fue la mano… Hacienda entenderá que el bien del que no se ha informado se adquirió con renta no declarada y lo imputará en el último ejercicio entre los no prescritos como una ganancia patrimonial no justificada tributando al tipo marginal del IRPF que hasta 2014 era del 52% y ahora del 46%. Sobre el resultado de aplicar el tipo impositivo, es decir, la cuota tributaria, Hacienda impondrá una sanción del 150% más los correspondientes intereses de demora.

Como con ejemplos todo parece más sencillo, pongamos uno: un contribuyente tiene una cuenta corriente en Suiza por importe de 600.000 euros desde el año 1999. La amnistía le sonaba que no iba con él y no regularizó ese importe que nunca había declarado en España. A través de un requerimiento formal a Suiza o por compra de datos (véase lista Falciani) Hacienda descubre el petate. ¿Cuánto le sale la broma al contribuyente? Pues bien fácil: 600.000 euros * 52% = 312.000 euros de cuota y una sanción del 150% de la cuota: 312.000 euros * 150% = 468.000 euros. En total = 780.000 euros (y dejemos ya a un lado los intereses para no hurgar más en la herida). Es decir, se pierde todo lo que se tiene fuera y se le debe dinero adicional a Hacienda. -“¡Menuda broma de mal gusto!, ¡no creo que Hacienda se atreva a aplicar esta medida desproporcionada!”- cuestionará usted. Pues ya lo ha hecho. Como se ha publicado en diferentes diarios, Hacienda ya ha penalizando duramente el caso de un contribuyente que no presentó en plazo el modelo 720 de 2012, dejando de declarar bienes por valor de 340.256 euros. Tras presentarlo en 2014, Hacienda le reclama 439.268 euros entre cuota, intereses y sanciones.

Esto aplica incluso si el bien proviene de un ejercicio prescrito: este punto es el que más controversia genera al no atender al principio de prescripción (de hecho la dureza del régimen sancionador llevó a profesionales a denunciar la normativa ante la Comisión Europea, que ha abierto una investigación a España, como al final se comentará). Para evitar la imputación como ganancia patrimonial, el contribuyente debe demostrar que el bien ubicado en el extranjero se adquirió con renta declarada o el bien se adquirió cuando el contribuyente no era sujeto pasivo del IRPF.

Por todo ello, y ante los “listos” a ojos de la Administración, el Ministerio de Hacienda ya ha abierto investigaciones a más de 7.000 contribuyentes con bienes en el exterior que no presentaron el modelo 720 o lo hicieron de forma incompleta. El mero hecho de no presentar la declaración informativa supone, si Hacienda lo descubre, una sanción de 5.000 euros por cada dato omitido y con un mínimo de 10.000 euros y ello con independencia de que el bien se hubiera incluido en el IRPF o en el impuesto sobre el patrimonio. En datos, 134.000 contribuyentes presentaron el modelo 720 en 2013 respecto a los bienes en el extranjero a 31 de diciembre de 2012. En conjunto, se informó de bienes por un importe de 88.865 millones.

Si un contribuyente ya no había regularizado en plazo y ante las sanciones señaladas, el consejo de cualquier asesor era claro: sigue jugando al gato y el ratón de por vida dado que en el momento en el que Hacienda se entere, la liamos.

Esto era así (y de ahí esta entrada) hasta que recientemente Hacienda admite que hay una forma de que el contribuyente regularice sus bienes en el extranjero, tal y como se lo adelantaron varios responsables de la Agencia Tributaria a representantes del Registro de Economistas Asesores Fiscales. La reunión surgió a raíz de una petición del Colegio de Economistas, que pretendía poder resolver las numerosas dudas que asesores fiscales les estaban trasladando sobre cómo aconsejar a sus clientes que iban a regularizar ante Hacienda los bienes que tienen fuera de España. Como indiqué, a priori parecía que la solución pasaba por no reconocer ante las autoridades tributarias españolas que tienen en el extranjero bienes hasta ahora no declarados.

A preguntas de los economistas asesores fiscales, desde la Agencia Tributaria revelaron que hay una posibilidad para mitigar el importe a pagar: se trata de regularizar mediante complementaria en el IRPF del ejercicio más antiguo no prescrito, el importe de los bienes.

Es decir, si a la vez que se presenta fuera de plazo el modelo 720 aflorando los bienes en el extranjero, el contribuyente presenta de forma voluntaria una declaración complementaria del IRPF en la que recoge estas rentas no declaradas, no se aplica la sanción del 150%: tan sólo se les impone un recargo según la cantidad declarada, más los intereses de demora por el retraso en la declaración, además de los 1.500 euros de sanción mínima por presentar fuera de plazo el modelo 720.

Volviendo al ejemplo numérico anterior: el contribuyente que ahora y ante los numerosos acuerdos que está firmando España de intercambio de información con diversos países (ya se hizo con Suiza) decide sincerarse ante Hacienda acudiendo a este método de regularización, pagaría, más o menos lo siguiente: 600.000 euros * 52% = 312.000 euros de cuota y un recargo del 20% de la cuota: 312.000 euros * 20% = 62.400 euros. En total = 375.000 euros (volvemos a dejar a un lado los intereses). Es decir, pierde un 62% del dinero pero al menos le queda para disfrutar sin apuros el 38% restante. ¿Me juego perder 780.000 euros o pago 375.000 euros y regularizo ahora como está proponiendo la Agencia Tributaria?

De todos modos, puede también jugársela a una tercera vía: confiar en Europa. La Comisión Europea cree que la obligatoriedad de declarar bienes en el extranjero, el Modelo 720, infringe el Derecho comunitario en su régimen sancionador, que considera desproporcionado. La declaración de Bruselas, denominada EU Pilot 5652/13/TAXU, analiza todos los aspectos cuestionados por los denunciantes y concluye que la norma infringe el Derecho comunitario en dos: el régimen sancionador y la imprescriptibilidad. A juicio de la Comisión, estas sanciones podrían resultar desproporcionadas en relación con otras internas.

La Comisión considera igualmente que al impedirse la prescripción respecto de los citados bienes, se puede estar infringiendo la jurisprudencia comunitaria que solo justifica un mayor plazo de prescripción para la lucha contra el fraude fiscal cuando resulta proporcionado y la Administración Tributaria no tiene indicios de la existencia de los bienes en el extranjero. Un mayor plazo de prescripción como el regulado en España es incompatible con el Derecho comunitario si la Administración ya tiene pruebas de la existencia de bienes en el extranjero a través de otras fuentes de información, especialmente si se trata de bienes y derechos situados en otros Estados de la UE o Espacio Económico Europeo (EEE) con los que existe intercambio de información.

De todos modos, el contribuyente que mientras tanto duerme con el problema, afirmará cerrando el círculo de esta entrada: “¡Que tonto fui!. ¡Bendita amnistía!”

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José Galtier Ferreira

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