Veremos… (acerca del ISD y del principio de igualdad)

Desde hace varios años suscribo semanalmente una tribuna que, publicada en los diarios Atlántico y La Región y bajo el título de “Soliloquios tributarios”, me sirve, amén de otros fines, de verborreico desahogo respecto a las patologías de nuestro sistema fiscal que me toca afrontar en mi cotidiana actividad profesional.

En una de ellas, publicada hace ya casi tres años y titulada “Va a ser que no”, me hacía eco de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se enjuiciaba la ortodoxia constitucional de ciertas diferencias territoriales que, en el concreto ámbito futbolístico, se observaban respecto a los siempre vidriosos derechos de imagen de los jugadores, siendo así que entonces el TS señalaba que la igualdad constitucional es “compatible con el trato diverso que reciben sujetos en tesituras no comparables (…) y no son comparables (…), las coyunturas de individuos sometidos a poderes distintos (…), como el Estado y las CCAA, (…) pues el autor de la discriminación ha de ser, lógicamente el mismo”. Aquel pronunciamiento judicial me permitía, ya entonces, vincularlo al debate “análogo al que se suscita en otros ámbitos fiscalmente controvertidos como el relativo a las diferencias existentes en el Impuesto sobre Sucesiones entre las distintas CCAA”.

Pues bien, lo cierto es que era sólo cuestión de tiempo que el ya sempiternamente controvertido diferente tratamiento que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) dispensa en función de la residencia, alcanzara el lógico debate constitucional. Y en esas estamos, pues el propio TS acaba de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la previsión contenida en el artículo 12 Bis de la Ley 13/1997 de la Comunidad Valenciana en la medida en que esta vincula la aplicación de una bonificación del 99% sobre la cuota del ISD al hecho de que el sujeto pasivo “tenga su residencia habitual en la Comunidad Valenciana a la fecha de devengo del impuesto”. El asunto, de un enorme interés, trae causa de la pretensión de un heredero -a diferencia de los otros, sí beneficiados por la mencionada bonificación- de que se rectificara su autoliquidación del ISD y se le reconociera la devolución de lo ingresado por tal concepto. La Generalitat desatendió, por silencio, aquella petición, lo que motivó que el proceso se ubicara ya en el TSJ-Valencia al que se acudió mediante el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales (ese “miniamparo”) habida cuenta de que se consideraba que, privándole de la aplicación de aquella bonificación, se le vulneraban diversos derechos constitucionales.

El recurso fue desestimado por el TSJ en su sentencia de 13/6/2011 en la que, además de reprocharle que su argumentación era “notablemente infundada” pues “no se sostiene a la vista de la doctrina constitucional (…) que la parte desconoce absolutamente”, señala que la libertad de elección de residencia “no significa que las consecuencias jurídicas de la fijación de la residencia hayan de ser, a todos los efectos, las mismas en todo el territorio nacional”, argumentación que, con base en la interpretación que el propio TSJ hace de la jurisprudencia constitucional al respecto, le lleva a desestimar el recurso y, en consecuencia, a no plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad que el contribuyente, fruto de su sensación de agravio, le demandaba.

Pero el recurrente, insatisfecho con el fallo del TSJ, perseveró en su empeño y llamó a las puertas del TS que, mediante su auto del pasado 8/5, estimó su pretensión y, en consecuencia, planteó la solicitada cuestión de inconstitucionalidad de la controvertida norma valenciana por entender que vulnera los artículos 14 (igualdad), 31.1 (sistema tributario inspirado en el principio de igualdad) y 139.1 (igualdad de derechos y obligaciones en todo el territorio nacional) de la Constitución.

Además, el TS, en su auto, no ahorra reproches al enjuiciamiento previamente realizado por el TSJ; así:

- “(…) si bien es correcta la afirmación de la parte relativa a la «inescindible conexión del principio de igualdad en materia tributaria con el resto de principios de justicia tributaria», la respuesta ulterior no explica adecuadamente cómo, en su caso, a partir de esa conexión queda justificado el trato diferencial en el beneficio por razón de la residencia”.

- “No vemos que en el planteamiento del recurrente se dé la confusión que la Sentencia de instancia le imputa entre «la mayor o menor potencia recaudatoria del ISD» y «su influencia o no en la capacidad económica global de los sujetos que sin duda tiene», confusión que, examinando por nuestra parte el planteamiento del recurrente en la instancia, no consideramos que pueda serle atribuida. Más bien apreciamos que donde puede darse la confusión es en el razonamiento de la sentencia recurrida (…)”.

- “Y tampoco consideramos respuesta adecuada a ella la argumentación con la que la sentencia recurrida sale al paso de la posible tacha de arbitrariedad, en razón de que la bonificación fiscal responda al fin legítimo de protección de la familia, pues tal fin legítimo podrá justificar, (…), el hecho del establecimiento de la bonificación fiscal,(…); pero en modo alguno entendemos que pueda justificar que, establecida la bonificación, se excluya de su disfrute a quienes se encuentran en la misma situación que los beneficiarios en relación con el fin que constitucionalmente la justifica”.

Todo ello, unido al rechazo (no exento, en alguna de sus consideraciones, de cierta acritud) de las argumentaciones esgrimidas tanto por la propia Generalitat como por el Ministerio Fiscal, le lleva a estimar la pretensión del contribuyente no sin dejar claro “(…) que no planteamos, (…), la comparación del régimen jurídico de leyes de diferentes Comunidades, sino que lo que se suscita,(…), es el análisis de la validez constitucional del diferente tratamiento de los contribuyentes sometidos a un mismo impuesto en cuanto a la aplicación de una bonificación exclusivamente fundada en la circunstancia personal de la residencia”; motivo este por el que “no es aceptable, así, en nuestro criterio, la tesis de la Comunidad Autónoma Valenciana de que pueda operar, como contexto para el análisis de la posible justificación de una diferencia de trato fiscal en razón de la residencia, el hecho de las distintas normativas de las CCAA, cuando, (…), la única normativa a considerar es la de la Comunidad Autónoma Valenciana”.

De estimarse la cuestión de inconstitucionalidad en los términos planteados por el TS, quizá haya otras normas autonómicas que, prudentemente, debieran “poner sus barbas a remojar”; verbigracia la riojana que extiende la bonificación del 99% del ISD a aquellos parientes más próximos al fallecido que residan “en otras CCAA que no excluyan de los beneficios fiscales en este Impuesto a los contribuyentes con domicilio fiscal en La Rioja”. Como bien dice mi colega y, “sin embargo”, amigo Ignacio Arráiz, toda una suerte de cláusula de no discriminación importada tal cual desde los Convenios para evitar la doble imposición internacional… ¡Qué cosas!

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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2 respuestas a Veremos… (acerca del ISD y del principio de igualdad)

  1. Santiago Pascual dijo:

    Pues esa “tercera vía” con la que se resolverá – una temporada – el aquelarre catalán va a traer una mayor diferencia de presión fiscal por razón de la residencia.

    Al tiempo.

  2. Pingback: Sobre el sistema (o la ausencia de, según) | Espacio Tributario

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