Una cuestión de principios

Lamentablemente -y créanme que soy el primero que lo siente- mi confesa y ya crónica ausencia de tiempo me impide contestar a los comentarios, siempre interesantes e incisivos, que se hacen en el blog. Así, aprovecho esta entrada para disculparme públicamente por esta innata incapacidad mía que, no obstante, no menoscaba el objetivo del blog, pues este no pretende ser un consultorio al uso sino, más bien, un foro donde se susciten debates sobre asuntos tributarios de interés y actualidad. Pero dicho esto, ello no es óbice para que esas observaciones (como digo, siempre dignas de toda la atención) sean acreedoras de reflexiones, siendo así que hoy traigo a colación una de ellas que creo merecedora de ser aquí compartida.

El pasado 17 de mayo, Francisco José Miranda Estévez hacía un muy interesante comentario al hilo del post de mi colega Francisco Soto en el que, bajo el título A vueltas con la tributación de las apartaciones: ¿IRPF? abundaba -con acierto y tino- en el sudoku en el que se ha convertido la fiscalidad de las eventuales plusvalías generadas por los transmitentes con motivo del uso de figuras civiles de esta tipología. La vidriosa cuestión que hoy traigo aquí a colación es la que subyace en la aportación del ya mencionado Francisco José, que aquí reproduzco literalmente:

“He efectuado una consulta en la Delegación de Hacienda de Pontevedra sobre este asunto por tener un caso similar. Ante las manifestaciones de que tenía que declarar el incremento patrimonial le presenté a la funcionaria una copia de la sentencia del TSJ de Galicia 549/2012 del 24 de septiembre. Al leer la sentencia se levantó y, pidiéndome que le disculpase un momento, acudió a consultarlo con sus superiores. Cuando volvió me indicó que ya tenían conocimiento de esa sentencia y otras más, pero que ante la falta de unificación de criterios, ellos seguirían reclamando la deuda tributaria con sus correspondientes recargos.

Considero que deberían ponerse de acuerdo la Justicia y la Agencia Tributaria y unificar los criterios porque en caso contrario los perjudicados somos los ciudadanos. Ahora yo he liquidado el incremento patrimonial, pero no renuncio a reclamar la cantidad que estimo me pertenece. Sin embargo, para poder hacerlo tengo que hacer una reclamación que en primera instancia la Agencia Tributaria va a rechazar porque quienes la van a estudiar son los mismos que me dijeron que tenía que declararlo. Mi intención es reclamar esa cantidad que considero, así como el TSJ de Galicia, me corresponde. ¿Cuál es el procedimiento para reclamar la devolución del incremento de patrimonio por apartación de herencia? ¿Podrían decirme si tengo que nombrar abogado y a cuánto pueden ascender los gastos de dicho procedimiento?”.

¿Cuál es el extremo -de fondo- apuntado en este comentario que me parece digno de compartir mediante este nuevo post? Sin duda alguna, la pugna entre el aplastante sentido común del que hace gala su autor y el -digámoslo así- férreo inmovilismo con el que le responde nuestro sistema burocrático-administrativo. Ese y no otro es el punto sobre el que creo que merece la pena reflexionar, pues entiendo que de él se desprenden varias ideas básicas:

- La primera, la estupefacción ante lo acontecido, pero no tanto por lo inédito del episodio que, lamentablemente para nosotros, no lo es, sino por el trasfondo que subyace en esa queja y que no es otro que ¿no está la Administración Tributaria (léase aquí, aunque no en exclusiva, la AEAT) sometida a los dictados de los Tribunales de Justicia?, ¿no es esa sumisión un presupuesto básico del Estado de Derecho que tiene en la división de poderes -aquí el ejecutivo vs el judicial- uno de sus pilares básicos?, ¿no es el control judicial un límite que evita que la discrecionalidad administrativa derive en la proscrita arbitrariedad?

- El concreto caso aquí denunciado se adereza, además, con algún ingrediente adicional tal como que por muy “autóctono” que sea el asunto enjuiciado, la instancia judicial para generar jurisprudencia no sería, en puridad, el TSJ sino el Tribunal Supremo (TS), lo que complica sobremanera su definitiva resolución habida cuenta de que se me antoja muy difícil (por no decir imposible) que, a medio plazo, se suscite un pleito en el que la cuota del IRPF correspondiente a la plusvalía del “apartante” supere los preceptivos 600.000€ exigidos para acceder al TS. ¿Resultado? Que no parece fácil que, en casos de este tipo (y muchos más), tome cuerpo una jurisprudencia a la que la AEAT deba, estricto sensu, sentirse vinculada.

- Atención pues, porque aunque prácticas administrativas de este tipo pueden llegar a parecernos de índole menor, es inevitable que -pese a su legalidad formal- socaven nuestra siempre necesaria confianza en el “sistema”. No las menospreciemos, por tanto, pues si no les damos la importancia que requieren corremos el riesgo de convertirnos en inconscientes cómplices de su consolidación, permitiendo así que lleguen a ser tan habituales como falsamente inocuas.

- La denuncia vertida en esa acertada observación al post entiendo que -tal y como apunté en La inobservancia administrativa de la interpretación jurisprudencial: un caso paradigmático, publicado en “Notario del Siglo XXI”, nº 38, julio-agosto/2011, “tiene unos caracteres que permiten abordar[la] desde una perspectiva aún más amplia pues es un claro paradigma de la criticable desatención por la Administración de los criterios interpretativos ya reiteradamente consagrados por la jurisprudencia. Esta práctica -que, obviamente, no es generalizada pero tampoco anecdótica- lamentablemente tampoco se ciñe específicamente a la esfera fiscal, sino que es una patología detectada en diversas ramas de la Administración. El artículo 1.6 del Código Civil predica que “la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. Es pues claro que la jurisprudencia desempeña una obvia -y necesaria- labor hermenéutica que viene a ubicar en sus justos términos la adecuada interpretación jurídica del derecho positivo. Es por ello por lo que resulta cuando menos anómalo la inquietante frecuencia con la que la Administración desatiende interpretaciones judiciales ya plenamente consolidadas”.

- Permítanme que traiga también aquí a colación las tan acertadas como incisivas observaciones que, sobre este mismo fenómeno, acaba de publicar el magistrado de la Audiencia Nacional, Navarro Sanchís, al hilo de una Nota emanada de la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la AEAT que sale así al paso de la interpretación que una reciente sentencia del TS mantuvo sobre un particular aspecto del Impuesto sobre Sociedades:

“Vivimos en un mundo de relaciones jurídicas bastante convulso, donde la Administración ha logrado crear la impresión, arraigada en diversos sectores del mundo jurídico-tributario, de que sus criterios son alternativos o, al menos, distintos de los que derivan de la interpretación de las normas por los Tribunales. No en vano, la Nota critica por igual al Tribunal Supremo y al TEAC, que no ha hecho sino seguirle pero que, en este contexto, puede ser visto como reo de alta traición, ya que no sólo se aviene a la jurisprudencia, sino que lo hace desestimando un recurso del Director General.

Recurso que, dicho sea de paso, debió ser inadmitido, como consta que solicitó el contribuyente que intervino en la instancia, puesto que la necesidad de unificar criterio decae claramente cuando hay jurisprudencia de los tribunales, que cierra de forma definitiva la cuestión. Esto es, la denominada doctrina administrativa que el TEAC ha de crear no posee existencia autónoma al margen de la jurisprudencia. Por otra parte, resulta anómalo que se pueda tildar de gravemente dañosa y errónea una doctrina asumida a la postre por el Tribunal Supremo, precisamente en un recurso que sirve al objetivo de unificar doctrina.

En suma, observada la Nota desde esta perspectiva, más parece un arrebato iracundo -que a su vez proviene de una concepción algo despistada sobre la vinculación de la Administración a los Tribunales-, que una iniciativa que contribuya a nada bueno, puesto que las prolijas argumentaciones, matices y meandros con que nos obsequia el texto no son sino sugerencias de cómo burlar una sentencia firme del Tribunal Supremo” (Un flaco favor a la seguridad jurídica, “Suplemento Iuris&Lex”, El Economista, 17/5/2013).

Quizá pueda decirse más alto, pero no más claro.

Y ya para terminar, contesto -esta vez, sí- a las concretas cuestiones que plantea Francisco José Miranda:

- “¿Cuál es el procedimiento para reclamar la devolución del incremento de patrimonio por apartación de herencia?”

Habría que acudir al de “rectificación de autoliquidaciones”, previsto en el artículo 120.3 LGT y en su correspondiente desarrollo reglamentario (126, y siguientes, del RD 1065/2007).

- “¿Podrían decirme si tengo que nombrar abogado y a cuánto pueden ascender los gastos de dicho procedimiento?”

Para la vía administrativa y la económico-administrativa no sería necesario, pero sí si el asunto derivara en la vía judicial (TSJ), donde también habría que contar con la asistencia de procurador y, en su caso, abonar la tasa correspondiente; su concreta cuantificación dependerá, en última instancia, de la cuantía económica que se esté dilucidando en el pleito (es decir, de la cuota del IRPF del apartante motivada por la controvertida plusvalía).

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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5 respuestas a Una cuestión de principios

  1. Isidro dijo:

    Muy interesante su post y lamentablemente bastante penoso y de actualidad. Ayer comentábamos algunos habituales en Hayderecho, blog del que sé que es colaborador, el apartamiento de las Administraciones de la norma, e incluso de la doctrina jurisprudencial, cuestión que hoy muy bien refleja.

    http://hayderecho.com/2013/05/31/se-legisla-mal-a-proposito/

    Contaba que tengo entre mis manos una sanción tributarias con interpretaciones contrarias a jurisprudencia del TS o multas donde la narración de los hechos es falsa. Para mí, eso son supuestos delitos de prevaricación o falsedad documental por ejemplo. Seguramente esos funcionarios estén cumpliendo órdenes, sé que carecen de suficiente personal, la bajada de sueldos, más presión, más trabajo, … en serio que los comprendo, pero hay que recordar que las órdenes manifiestamente ilegales son susceptibles de desobediencia y siendo de aplicación el estado de necesidad. Y además si tienen el carácter funcionarial es para que en situaciones así puedan negarse a dar cumplimiento a las órdenes políticas y no ser despedidos.

    Es que como dice, ¿no está la Administración Tributaria (léase aquí, aunque no en exclusiva, la AEAT) sometida a los dictados de los Tribunales de Justicia? ¿cómo puede apartarse de la jurisprudencia sin caer en la prevaricación el funcionario que la dirige?

    Mi caso se trata de un Impuesto de Sucesiones de una sobrina carnal del esposo de la causante al que no se considera afín por tercer grado por fallecimiento previo del esposo y por lo tanto no procede la reducción por Grupo III del artículo 20.2 LISD. Considera que la afinidad sólo se mantiene si “a fecha de devengo subsiste el vínculo”. Esta interpretación que fue sostenida por el TEAC es contraria a la jurisprudencia del TS desde 2003. También hay sentencias de numerosos TSJ en esta cuestión. Pues bien, sólo 1, se apartaba de dicha jurisprudencia que ha tenido que ser resuelta en 2012 en un recurso de casación de unificación de doctrina por el TS recientemente.

    Y aún así todavía existen procedimientos pendientes en estos asuntos, y hasta que no vea resoluciones que acatan la casación jurisprudencial del Alto Tribunal no lo creeré.

    Como dice, asuntos como éste sólo producen gastos, molestias y desconfianzas en las ciudadanos. Muchos comenzamos a pensar que la Administración cada vez más es un monstruo sin control alguno y del que sólo nos queda escapar a los ciudadanos lo mejor que podamos si no queremos ser devorados.

  2. Curro Arriola dijo:

    Jurisprudencia, sometimiento de la Administración al Derecho…
    En realidad es muchísimo más sencillo.
    Las Haciendas saben que la mayoría de los ciudadanos le tienen pánico a reclamar. “Ir a juicio” es la expresión popular que incluye recurso de reposición, reclamación EA, y CA. Todo es “ir a juicio”.
    Para uno que va hay cincuenta que no van.
    Las Haciendas lo saben y se aprovechan. Así de claro y así de triste.
    Por otro lado es lógico; la casta política es insaciable y para ellos no hay crisis; necesitan siempre dinero, cada vez más. De algún lado tendrá que salir, ¿no?
    Así que en última instancia no vale quejarse. El ciudadano les vota, el ciudadano les disfruta. ¡Todos felices!

  3. Javier Gomez Taboada dijo:

    Muchas gracias, Isidro y Curro, por sus interesantes aportaciones.

  4. Santiago Pascual dijo:

    En este tema no debemos olvidar uno de los principios del derecho: que el papel lo aguanta todo; y esto es aplicable tanto a los Juzgados y Tribunales como a la Administración. Que la Administración deba atender al criterio jurisprudencial mayoritario – sin ampararse en el formalismo de que sea doctrina consolidada del Supremo – es justo. Que deba cambiar de criterio porque un juez tenga una ocurrencia, no.

    Entre otras cosas porque la formación en la materia del personal directivo de la Administración Tributaria es, en general, muy superior a la de los jueces y magistrados de lo Contencioso. Comparemos cuantos Inspectores de Hacienda excedentes y cuantos magistrados de lo contencioso han dado el salto a la asesoría fiscal, y saquemos conclusiones.

    Y esto sin entrar en consideraciones sobre la defensa del interés general y el reparto efectivo de las cargas tributarias, ya que al final siempre se puede aplicar el dicho de que “aquí cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío”.

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