Una china en el zapato

Hace unos meses, con motivo de una entrevista para una publicación jurídica, me pidieron que le pusiera título a una hipotética novela de abogados que un día me animara a escribir. Sin dudarlo, respondí que “David contra Goliath”, y motivé mi contestación señalando que “en un Estado de Derecho, como el nuestro, una de las mayores satisfacciones que un abogado puede tener es comprobar cómo, únicamente armado con la adecuada argumentación jurídica, un ciudadano de a pie puede “vencer” a un aparente todopoderoso como el Estado. Ésa y no otra es la demostración palpable del auténtico imperio de la Ley. A mí me parece una conquista tan extraordinaria que hasta le veo un punto épico, romántico”.

No sólo sigo convencido de ello sino que, además, la cotidiana realidad me reafirma en esa creencia. Es más, de cuando en vez hay episodios que adquieren cierta notoriedad y que, por su masiva difusión, coadyuvan a difundir esta maravilla de nuestro tiempo. Hagamos algo de memoria al respecto: a principios de la década de los 80, un recién casado discrepó con la liquidación “paralela” de IRPF que Hacienda (entonces la AEAT ni tan siquiera había sido imaginada) le hacía, acumulando sus rentas con las de su esposa, impidiéndole así declarar separadamente. Pues bien, ese contribuyente, funcionario para más señas (no confundir con aquel otro que solicitó su “derecho” a la utilización del “Azor”), no cejó en su empeño y, persistiendo en su convicción de que le amparaba la razón -y, con ella, el Derecho-, recurrió y recurrió hasta llegar al Tribunal Constitucional (TC) solicitándole su amparo que éste le concedió mediante su sentencia de 10/11/1988, reconociéndole “el derecho a no ser discriminado fiscalmente por el hecho de haber contraído matrimonio y a hacer por separado su declaración del IRPF”. Pero lo que realmente convirtió aquel caso en memorable fue que, además, le permitió al propio TC cuestionarse la constitucionalidad de la mismísima Ley del IRPF entonces vigente (la 44/1978), siendo así que, mediante su STC de 20/2/1989, declaró su nulidad e inconstitucionalidad (los pilares económicos del erario público podrían haberse tambaleado si la propia STC no hubiera restringido sus efectos prácticos a las situaciones jurídicas no firmes; ¿qué hubiera ocurrido si entonces ya existiera la responsabilidad patrimonial del Estado legislador tal y como hoy está conceptuada?).

En fin, sea como fuere, cada cierto tiempo estos episodios protagonizados por un ciudadano convencido y persistente (un genuino “francotirador” que, así, se convierte en el terror del “sistema” pues está llamado a ser “la china en su zapato”) tienden a repetirse y, en efecto, acaba de volver a ocurrir. El caso que ahora ha trascendido se refiere a un impuesto menos mediático pues no es del calibre del IRPF: se trata del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, comúnmente aún conocido como “arbitrio de plusvalía”). Pero no es menos cierto que su impacto sobre las arcas municipales (ya, de por sí, poco lustrosas) puede ser demoledor. La cuestión es que un concienzudo contribuyente conquense (arquitecto y, a la sazón, matemático, una combinación “letal” para hurgar en las tripas de este tributo inmobiliario) no cejó en su empeño hasta lograr probar, demostrar y convencer que el IIVTNU, lejos de gravar la revalorización del suelo a la fecha de la transmisión inmobiliaria sujeta, lo que toma como base imponible es la potencial plusvalía esperable de futuro (mera expectativa que, por tanto, no constituye una genuina manifestación de riqueza objeto de imposición).

Y así, ni corto ni perezoso, trasladó su tesis al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de los de Cuenca que, ya en su sentencia de 21/9/2010, hizo suya la argumentación del contribuyente “pues, de aplicar la fórmula del Ayuntamiento, lo que se estaría calculando sería el incremento de valor del suelo en años sucesivos y no en años pasados”. El Ayuntamiento de Cuenca, lógicamente temeroso de lo que se le podía venir encima de generalizarse esa tesis, recurrió ese pronunciamiento ante el TSJ-Castilla La Mancha que, mediante su sentencia del pasado 17/4 (de la que fue ponente mi bienquerido D. José Borrego), desestimó el recurso confirmando la previamente dictada por el Juzgado.

Así las cosas, atención a los próximos movimientos en torno al IIVTNU: se pronostican novedades, y no precisamente menores. Estaremos alerta.

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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4 respuestas a Una china en el zapato

  1. MARCOS GONZALEZ dijo:

    He de decir, mi buen amigo, que CIUDADANOS como éste hacen falta en cantidades ingentes con el fin de poner al descubierto las miserias de un sistema pensado para y por la recaudación; por cierto, en mal lugar nos quedamos los profesionales que no hemos sido capaces de percibir el desfalco provocado perpretrado por la Amdinistración local durante toda la vigencia de la norma (y ya hace algunos años desde que está en vigor). Por otra parte, busco ciudadanos de similares características (arquitectos, matemáticos o lo que se preste) que encuentren lógica a las reiteradas normas sobre precios medios que han emanado durante los últimos meses de nuestra querida Xunta de Galicia en aras, presuntamente, a adecuar los valores de mercado de los inmuebles sitos en esta comunidad a la realidad del mercado.
    Por cierto las novedades que podemos esperar podrían ser muy parecidas a las que se dedujeron de las sentencias y resoluciones sobre comprobaciones de valor, es decir, que se promulgue una norma que legitime el cáculo de la base imponible tal y como se ha venido haciendo por la Administración Pública (y ello pese a la oposición de los Tribunales); es decir, lo que yo llamo la “legalización de la ilegalidad”.

  2. Manuel Mas Ruescas dijo:

    Evidentemente se actua sobre una ficcion , pero no creo que este muy lejos encontrar la verdad , por cuanto la confluencia de varias leyes actualmente en vigor hace que las cantidades escrituradas de cada bien se aproximen a la realidad bastante , con ello se podria de modo sencillo indexar una base de datos nacional a la que se podria recurrir de modo publico como a cualquier registro ante cada transaccion, con bastante mejores resultados que los actuales , es mas se podria actuar sobre zonas compensando valores ante catastrofes , de modo que la agregacion de sucesivos datos diera como resultado una media de valores por distritos en cada poblacion en gran medida cercano a la realidad inmobiliaria.
    El unico problema creo seria el permitir que dichos informes fueran auditados externamente , ya que hay mucho dinero en juego y seria muy goloso inflarlos como sucede actualmente para poder seguir recaudando , ya que nadie puede decir que el valor legal actual tenga que ver con la realidad inmobiliaria y en justicia deberia ser asi.

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