Tributación del deporte ‘amateur’

¿Qué importancia tiene el deporte para nuestros jóvenes? Esa pregunta deberían planteársela nuestros dirigentes. Con los éxitos deportivos todos se suben al carro pero en el deporte de base la cuestión cambia.

Por si no lo saben, se está produciendo en estos momentos en España un terremoto de consecuencias impredecibles ante el ataque de nuestras administraciones al deporte base amateur. Es cierto que el citado ataque tiene fundamentos técnicos indiscutibles pero no por ello deja de ser un ataque indiscriminado. Si las leyes no responden a lo que la sociedad demanda, deben cambiarse.

El punto de inicio podríamos situarlo a finales de 2013, con la aprobación de la llamada Ley de Emprendedores, donde en su Disposición Adicional 16ª establecía lo siguiente:

“En el plazo de 4 meses desde la aprobación de la presente Ley el Gobierno procederá a realizar un estudio de la naturaleza de la relación jurídica y, en su caso, encuadramiento en el campo de aplicación de la Seguridad Social de la actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro que pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida”.

Las conclusiones se plasmaron en un Informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que determina el carácter laboral de las relaciones de los deportistas con los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro así como las de aquellos que en el ámbito de organización y dirección del club o entidad presten servicios retribuidos, y ello con independencia de los importes por exiguos que sean y del carácter marginal de esa colaboración.

Con este papel en la mano, la Seguridad Social oliendo sangre se abalanzó contra clubes, entidades deportivas, federaciones…

Hacienda, a la que no le gusta quedarse atrás, vio otro filón iniciando inspecciones a los mismos entes relacionados con el deporte, inspecciones al uso: por los últimos 4 años no prescritos.

El deporte amenaza con parar.

Téngase en cuenta que la mayoría de los deportistas aficionados, y otras personas accesorias a aquellos, colaboran con clubes y organizaciones deportivas a cambio de poco más que un bocadillo y un par de cocacolas. Pongo un ejemplo: el entrenador de un equipo de fútbol de infantiles que, básicamente para no poner dinero por el ejercicio de esta actividad, recibe del club al que entrena un importe casi simbólico para atender a los gastos en los que incurre (por ejemplo, la gasolina de llevar a los chavales a jugar a otros campos) y una pequeña gratificación adicional por ello. Pues bien, hasta ahora, ningún club modesto ni entidad o federación deportiva se planteaba más que pagar la gratificación acordada con sus colaboradores o satisfacer los gastos de arbitraje de competiciones.

Hacienda y la Seguridad Social quieren poner coto a esta práctica obligando a la Seguridad Social, a clubes y demás entidades deportivas sin ánimo de lucro a dar de alta a esas personas en el correspondiente régimen de cotización como empleados por cuenta ajena (siempre que existan las notas de dependencia exigibles) o su alta como empresarios, y encargándose Hacienda de hacer tributar por todos los importes recibidos en la declaración de la renta y, en caso de no existir la referida relación laboral, repercutir IVA por el ejercicio de la actividad.

No pensemos en “cristianos” ni “messis” sino en el árbitro de fútbol que va a arbitrar por unos 10 euros un partido de benjamines, en el utillero de un club modesto que por 100 euros mensuales hace lavadoras, limpia botas y ordena equipajes, en el delegado de un equipo de regional… ¿Se imaginan el coste salarial que supone para clubes que subsisten de vender rifas los domingos en el campo de fútbol tener que dar de alta en la Seguridad Social a esos colaboradores?, ¿tiene sentido que esas personas vean minoradas las exiguas gratificaciones que reciben (reitero que muchas veces para no tener que poner dinero de su bolsillo y al menos quedar “a la pre”) en el coste laboral para la empresa e IRPF?

Y si rizamos el rizo, un árbitro de 14 años que pita partidos de infantiles cobrando unos 10 euros por partido y entendiendo que no tiene relación laboral y sí administrativa con la federación que le asigna el partido, se imaginan la necesidad de darse de alta en el censo de empresarios y emitir facturas con IVA por la prestación de sus servicios. Evidentemente, sus padres le dirían que en vez de arbitrar se dedicasen a ir al cine o jugar a la Play.

Reitero que técnicamente lo que hace Hacienda y la Seguridad Social es de chapó pero un poco de “sentidiño”… Esa labor que hacen los clubes, de no existir estos, tendría que hacerla la administración pública dado que el deporte es un elemento esencial en la vida de los jóvenes.

Centrándome solamente en el fútbol, por ser el área que más conozco, en la comarca de Vigo se juegan una media de 300 partidos oficiales cada fin de semana. Algo especial debe tratarse de manera especial y una normativa que proteja y dé seguridad jurídica al deporte amateur se hace imprescindible.

El deporte forma parte del aprendizaje y la formación de todos nosotros, es un área importante de nuestra vida y de la formación de nuestros hijos y estas prácticas deben fomentarse y apoyarse regulando normas que incentiven la creación de clubes y entidades deportivas que, de algún modo, suplan la escasez de alternativas que ofrece el Estado. Hay entes que sí sienten esta necesidad fomentando la práctica del deporte aficionado poniendo todos los medios a su alcance para ello: subvenciones, préstamo sin coste de instalaciones, modernización de las mismas (los actuales campos de fútbol de hierba sintética de última generación son una maravilla para la práctica del fútbol), financiación de eventos… pero se atisba un cambio de tendencia que creo puede poner en riesgo el deporte amateur.

Me hago eco de la consulta vinculante de 5 de febrero de 2014 (V0286-14) relativa a una persona que interviene como árbitro en pruebas de triatlón, percibiendo de la federación deportiva los siguientes importes: 0,19 euros/km, por desplazamiento en vehículo propio desde su domicilio hasta el lugar de celebración de las pruebas, y una dieta a tanto alzado de 26,67 euros. El contribuyente pregunta sobre la sujeción al IRPF de los referidos importes y la Dirección General de Tributos contesta:

“(…) procede calificar —a efectos del IRPF— como rendimientos del trabajo los percibidos por los árbitros de las correspondientes federaciones deportivas por el desarrollo de su trabajo, pues no concurre la ordenación por cuenta propia de medios de producción y recursos humanos, o de uno de ambos, configuradora de las actividades económicas. Por lo que se refiere a las compensaciones percibidas (gastos de desplazamiento y dieta), procede indicar que las denominadas legalmente “asignaciones para gastos de locomoción y para gastos de manutención y estancia” se incluyen con carácter general entre los rendimientos íntegros del trabajo. Ahora bien, excepcionalmente y al amparo de la habilitación contenida en el artículo 17.1.d) de la Ley del Impuesto, el artículo 9 del Reglamento del Impuesto exonera de gravamen estas asignaciones cuando las percibe el trabajador por cuenta ajena que, en virtud del poder de organización que asiste al empresario, debe desplazarse fuera de su centro de trabajo para desarrollar el mismo; ello bajo la concurrencia de determinados requisitos reglamentarios.

De lo dispuesto en el artículo 17.1.d) de la Ley del Impuesto cabe concluir que el régimen de dietas previsto en el artículo 9 del Reglamento únicamente resulta aplicable a los contribuyentes que perciben rendimientos del trabajo como consecuencia de una relación laboral (estatutaria en el caso de los funcionarios públicos) en la que se dan las notas de dependencia y alteridad. Consecuentemente, a las cantidades percibidas para compensar los gastos de desplazamiento y estancia en que puedan incurrir los árbitros deportivos (no vinculados a las federaciones mediante relación laboral) no les resultan aplicables las normas del artículo 9 del Reglamento del Impuesto (…)”.

Otra consulta donde se aborda también la cuestión del IVA, igualmente referida a árbitros, es la V2556-06 donde se concluye que los servicios de arbitraje prestados con carácter independiente se encuentran sujetos al IVA sin que exista ninguna excepción ni sea de aplicación ninguna de la exenciones que señala la Ley.

Si no se toman medidas y se aprueban normas que recojan la especialidad de la materia, acabarán arbitrando los padres.


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José Galtier Ferreira

jose.galtier@gmail.com

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