Tan legal como desconcertante

¿Qué relación existe -si es que la hubiera- entre el derecho y la ética? En la Facultad de Derecho (al menos en la de Salamanca, donde estudié), en las asignaturas de Derecho Natural y Filosofía del Derecho se explica que, aun no siendo conceptos coincidentes (algo puede ser legal, pero no lícito ni ético -incluso no estético-, y quizá -aunque se me antoja algo más difícil- también a la inversa), es obvio que ambos mantienen una interrelación de mutuo respeto, presentándose con frecuencia entrelazados.

Recientemente, en la práctica profesional, me he topado con un asunto en el que, como reflexión de fondo, parece que late una pugna entre la obvia legalidad que ampara una determinada actuación administrativa y su, al menos en apariencia, evidente inequidad. Comencemos por el principio: contribuyente que presta su conformidad a una sanción impuesta por la AEAT, siendo así que, además, se le aplica la reducción del 25% prevista en el artículo 188.3.a) LGT para el supuesto de que “se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del apartado 2 del artículo 62”. La cuestión es que cuando se acerca la fecha límite para efectuar el pago, el contribuyente no dispone de la liquidez inicialmente prevista, circunstancia que le aboca a solicitar un aplazamiento/fraccionamiento de la sanción impuesta.

Es aquí donde comienza lo escabroso del asunto pues no es necesario destacar que, tal y como están las cosas, los avales bancarios no son una garantía que se prodigue en exceso puesto que para su concesión se exige que el interesado alcance unos ratios de solvencia ciertamente difíciles. Así las cosas, el contribuyente no logra un aval pero sí constituir una hipoteca unilateral (nuevo foco de conflicto -merecedor, ya por sí sólo, de otro “post”- relativo al obligado, en su caso, al pago del AJD) a favor de la AEAT, que ésta considera válida y suficiente para garantizar la sanción, por lo que le otorga el aplazamiento/fraccionamiento solicitado. Y es, precisamente, ese aplazamiento/fraccionamiento, concedido por la mismísima AEAT (entre otras cosas, porque evalúa la garantía como sólida), el que activa la previsión contemplada en la ya mencionada letra a) del artículo 188.3 LGT: la reducción del 25% se condiciona a que, de mediar aplazamiento/fraccionamiento, se cumpla con el calendario concedido “con garantía de aval o certificado de seguro de caución”. Reconociendo que el mantenimiento de la reducción mediando aplazamiento fue una “relajación” de la previsión inicialmente contemplada en la LGT que vinculaba aquél únicamente al pago en el primitivo plazo voluntario, no es menos cierto que cuando se introdujo esa novedad -noviembre de 2006-, la situación económica distaba de ser la actual.

Sea como fuere, la cuestión es que la AEAT, a la vista de los hechos y entendiendo incumplido el mencionado requisito exigido por la LGT, gira una nueva liquidación exigiendo el abono del 25% de la sanción, inicialmente reducido. Y ya es aquí donde el tema me lleva a hacer varias reflexiones:

1-. Parece que pugna con la lógica que, mientras una mano de la AEAT (la Dependencia de Recaudación), considera la hipoteca constituida a su favor como una garantía válida y solvente, la otra (la Dependencia de Inspección, que es de donde emanó la sanción) entiende -bien es cierto que con el amparo legal de la LGT, que quede claro- que la caución aportada no es tan sólida, motivo por el que exige el pago del 25% inicialmente reducido.

2-. El Acuerdo de la Inspección de la AEAT reclamando el abono de ese 25% afirma literalmente que la única excepción que permitiría mantener la reducción inicial sería el del aplazamiento avalado, “incluso en el caso de que para el otorgamiento del aplazamiento no sea necesaria la concesión de garantías por razón de la cuantía”. Esta afirmación -hecha el pasado 28/12- introduce nuevos ingredientes en el caso por cuanto que:

-. Ya un mes antes, el 29/11/2012, el TEAC dictó su resolución en el recurso de alzada para unificación de criterio interpuesto, precisamente, por el Director de Inspección de la AEAT contra la resolución de un TEAR que había interpretado que en los casos en que el aplazamiento se refiera a una sanción por una cuantía exonerada de aportar garantía alguna, no cabe la exigencia de la reducción del 25% inicialmente aplicada.

-. El TEAC, en esa resolución, desautoriza la Nota 16/07 de la AEAT que, precisamente, sostenía la pérdida de la reducción incluso en los casos en que el aplazamiento se hubiera podido conceder con dispensa de la aportación de garantía alguna. Y, así, el TEAC señala que la interpretación pretendida por la AEAT, “conduciría a un resultado no ajustado a los principios de proporcionalidad y de justicia tributaria, proclamados en el artículo 3 de la LGT, (…), por cuanto, resumidamente, determinaría que el ejercicio de un derecho reconocido al contribuyente por el ordenamiento jurídico -esto es, obtener el aplazamiento sin necesidad de garantía cuando la deuda sea inferior a 18.000€- le privaría del ejercicio de otro derecho, el de la reducción de las sanciones reconocido en el artículo 188.3.a) LGT, haciendo de peor condición a los obligados tributarios de menor riesgo recaudatorio, cuya facilidad de ejecución está garantizada”.

3-. Pero el asunto no se agota ahí, pues la Orden EHA 1030/2009 cifró la exoneración de la prestación de garantías para las solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento en los actuales 18.000€, si bien tal importe debe cuantificarse no considerando cada liquidación individualmente, sino sumando toda la deuda objeto de la solicitud “en conjunto” (cabría evaluar si esta Orden, en este concreto punto, no estaría excediendo las previsiones de la LGT al respecto). Es decir, que si el contribuyente tiene diez sanciones de 1.900€ cada una, y solicita el aplazamiento de la totalidad, ninguna de ellas queda exonerada de la necesidad de aportar garantía (ni, por tanto, de la exigencia del 25% de reducción en el caso de que la caución aportada no sea un aval). Sin embargo, si gestiona tantos expedientes de aplazamiento como sanciones (con el evidente riesgo de que su conducta sea calificada de abuso de derecho o fraude de ley), la conclusión habría de ser la contraria: ninguna de la sanciones demandaría garantía y, por tanto, podrían (en la reciente interpretación del propio TEAC) mantener la reducción inicialmente otorgada.

Y es en este último punto donde también cabe traer a colación otra reflexión, propia de la ausencia de coherencia interna de nuestro sistema tributario: mientras que aquí la deuda sí que se acumula a los efectos de determinar la exigencia o no de caución (y, por ende, de la consabida reducción en su día aplicada), cuando es el contribuyente quien llama a la puerta del Tribunal Supremo, “el concepto jurídico delimitador de la cuantía a efectos de la admisión del recurso de casación, en materia tributaria, es cada acto administrativo de liquidación (…), siendo indiferente que, por razones de eficacia, economía o celeridad, la Administración tributaria, o los sujetos pasivos, acumulen en un mismo expediente administrativo, (…), diversos actos administrativos de liquidación o diversas actuaciones tributarias, aún cuando ello no afectaría a la posibilidad de abrir la vía del recurso de casación por dicha acumulación” (por todos, Auto de 16/5/2001).

Finalmente, una obviedad, no por ello menos perniciosa: se corre el riesgo de que este tipo de prácticas -por muy legales que sean- alienten la litigiosidad pues el pago de la reducción ahora liquidada quedará automáticamente suspendido con su mera impugnación (sin garantía y sin carga financiera alguna, al menos hasta el agotamiento de la vía administrativa). Decía el recientemente fallecido James Buchanan que “en lugar de levantamientos y amenazas de revolución, hoy, generalmente, observamos a los contribuyentes en un aparente estado de apatía”. No será precisamente en estas líneas donde se alienten los tumultos y altercados públicos, pero sí el reaccionar -tan legal como legítimamente: recurriendo- para salir de ese diagnosticado letargo.

 

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , garantía profesional.

SIGA

Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

Esta entrada fue publicada en General y etiquetada , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

3 respuestas a Tan legal como desconcertante

  1. Brillante exposición de la controversia que, espero, sea resuelta por el juzgador con el retrovisor puesto en la Justicia material y utilizando un argumento finalista, esto es, viendo que el objetivo de la norma se consigue también con esos otros medios de garantía de la deuda tributaria. Saludos. Esaú

  2. SANTIAGO PASCUAL dijo:

    Una de tantas cuestiones que, para resolverlas adecuadamente, hay que acudir a la finalidad de la norma (ese artículo 3 del Código Civil que al bloguero y al que suscribe nos hicieron aprender en Salamanca hace ahora 26 años); pero ¿cuál es ésta? ¿se pretende favorecer el ingreso voluntario o bien evitar la apertura de un nuevo procedimiento administrativo, sea el de la reclamación, sea el del aplazamiento-fraccionamiento?

    También podemos acudir al contexto en que deben aplicarse las normas: bien es cierto que la actual situación impide a muchos contribuyentes disponer de liquidez inmediata para atender las deudas tributarias; y además incrementar el importe final de la deuda puede complicar más las cosas (al final por no aplazar la deuda con sanción reducida nos podemos encontrar con una trabajosa vía de apremio).

    Y resolver en equidad no está permitido al funcionario, para evitar que pueda caer en arbitrariedad.

    En resumen, en estos casos se puede aplicar el dicho de que la alternativa es saltar de la sartén al fuego.

    Buen fin de semana a todos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>