Salvados por la campana

Hay quien atribuye el origen histórico de la expresión que preside estas líneas a una práctica macabra, bastante primitiva, propia de la Edad Media, tiempo en el que hipotéticamente se ubica. Siendo un hecho que, por entonces, no era demasiado inusual dar sepultura -involuntariamente, se supone- a personas aún vivas (víctimas, por ejemplo, de catalepsia), la solución artesanalmente arbitrada pasaría por introducir a través del féretro un cordel que, conectado con una campana exterior, permitiera al presunto muerto dar la alarma tan pronto como fuera consciente del grave error cometido. ¡Qué fuerte!, tanto que, en lo que a mí respecta, prefiero quedarme con la teoría que vincula este dicho con la campana ubicada en los cuadriláteros donde se celebran los combates de boxeo. Sea como fuere, la expresión es gráficamente apropiada para titular el episodio que hoy traigo a estas líneas.

Los hechos que lo motivan son del todo oportunos, pues acontecen, precisamente, cuando ya es público el debate abierto respecto a la eventual conveniencia de preservar la vía económico-administrativa como paso obligado para acudir a las instancias jurisdiccionales.

El asunto es que un TEAR –Tribunal Económico Administrativo Regional- estimó las argumentaciones de un contribuyente al que la AEAT había girado una liquidación (y consiguiente sanción) relativa al Impuesto sobre Sociedades de 2002 al aplicarle la presunción hoy contemplada en el artículo 134 TRLIS -Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades- (el mismo precepto que incorpora, desde 2012, la imprescriptibilidad de los elementos patrimoniales que no fueran declarados -¡en plazo!- mediante el ya célebre modelo 720): “se presumirá la existencia de rentas no declaradas cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del sujeto pasivo deudas inexistentes”.

La cuestión es que el contribuyente, disconforme -como digo- con esa actuación de la AEAT, recurrió ante el TEAR de turno, aportando entonces como prueba (aspecto éste que sería, ya por sí sólo, merecedor de otro “post”, limitándome hoy a traer aquí a colación la interesante sentencia al respecto del TSJ-Galicia de 6/2/2012) “una certificación de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil correspondiente al ejercicio 2001 en las que puede constatarse que a fecha 1/1/2001 existía una cuenta corriente con socios (…). En virtud de este elemento de prueba considera que aún cuando la deuda fuera inexistente, la liquidación nunca sería conforme a Derecho porque la renta presunta debería imputarse al ejercicio 2001, que se encontraba prescrito”.

Así las cosas, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y AA.PP. interpuso recurso de alzada ante el TEAC –Tribunal Económico-Administrativo Central- alegando que “el error de dicha resolución radica en admitir la documentación contable, que refleja una deuda cuya realidad no ha sido justificada, como medio de prueba suficiente para acreditar que la renta presunta derivada de ella tiene su origen en un ejercicio prescrito, en lugar de imputarse al período impositivo más antiguo de entre los no prescritos”, tal y como exigiría el 134.5 TRLIS (“el importe de la renta consecuencia de las presunciones contenidas en los apartados anteriores se imputará al período impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto que el sujeto pasivo pruebe que corresponde a otro u otros”). Ello lo lleva a solicitar al TEAC que declare como doctrina legal que “en el supuesto de que se aporte la documentación contable que refleje que una deuda, cuya realidad no ha sido justificada, fue contabilizada y, por lo tanto, tiene su origen en un ejercicio prescrito, dicha documentación contable no es un medio de prueba suficiente para destruir la presunción” del ya mencionado artículo 134.5 TRLIS.

Es decir, así planteado, el discurso argumental de la Dirección General de Tributos (que invoca a su favor su contestación 1241-99, de 17/7) parecería dotado de cierta solidez: si la deuda es ficticia, se activa la presunción del artículo 134.4 y, una vez activada ésta, no cabe ya invocar, como prueba de que ha operado la prescripción, su contabilización en un ejercicio ya cerrado a la comprobación, pues aquella no destruye la premisa básica: la inexistencia de la deuda debe conllevar su imputación temporal al más antiguo de los ejercicios no prescritos. Ciertamente, parece un argumento circular que, a su vez, pone a prueba la adecuada interacción entre los apartados 4 y 5 del ya mencionado artículo 134 TRLIS.

Así las cosas, el TEAC -tras varias disquisiciones previas que lo llevan a la admisión a trámite del recurso en aras “de potenciar la seguridad jurídica” y “unificar criterio con el cual resolver una duda interpretativa de trascendencia, criterio éste que deberá ser atendido posteriormente tanto por los correspondientes órganos de la administración como por los TEAR”- entra a analizar el fondo del asunto, y lo hace pisando fuerte, pues lo primero que deja sentado es que “la contestación a las consultas tributarias en ningún caso tiene efectos vinculantes para los TEAs”, desautorizando así la invocación de la interpretación que la propia Dirección General de Tributos había hecho en su alegada contestación de 17/7/1999. Y, acto seguido, sienta los pilares sobre los que cimienta su rechazo a la tesis sostenida por la AEAT: el artículo 134.5 TRLIS “no establece limitación alguna respecto de los medios de prueba que el contribuyente puede emplear para acreditar que la renta presunta corresponde a un período distinto del más antiguo entre los no prescritos, esto es, no exige necesariamente una prueba extracontable, por lo que resultará válido cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluidos los libros de contabilidad de los empresarios debidamente legalizados”.

Es más: en apoyo de su argumentación, expuesta sin fisuras, trae a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 5/10/2012 que señala que “resulta válido cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluidos los libros de contabilidad, a la hora de fijar el momento en que se generó la renta así como el período impositivo al que resulte imputable”. Y, dicho esto, concluye: “la justificación para excluir la documentación contable, relativa a que los libros de los empresarios no reflejan la imagen fiel de la entidad, puede tener sentido a la hora de determinar si una deuda contabilizada responde o no a un pasivo ficticio, pero una vez apreciada por la Inspección que se trata de una deuda inexistente, es precisamente la contabilidad, si se encuentra legalizada, la que puede dar luz, entre otros medios, de la fecha de registro de la deuda que no se considera por la falta del debido soporte documental”. Es decir, que la doctrina del TEAC a este respecto vendría a ser que la deuda, por muy contabilizada que esté, mantiene su presunción de ficticia, pero, a los efectos de su imputación temporal, sí habrá que dar validez al rastro contable aportado, siendo así que si éste se remonta a un ejercicio ya prescrito, no cabe “traerlo” al último no prescrito. Lo dicho: “salvados por la campana”.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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Una respuesta a Salvados por la campana

  1. Curro Arriola dijo:

    Interesante y mucho. Gracias.
    Aunque igual acaba pasando como en el boxeo, donde NO siempre salva la campana: a los profesionales les salva, pues el árbitro interrumpe la cuenta al sonar el gong, llevan al caído a su esquina y -si pueden- le reaniman y sigue peleando el siguiente asalto. Pero a los amateurs NO les salva, ya que el árbitro sigue con su cuenta tras sonar el gong; y si llega a diez sin levantarse declara victoria por K.O.
    Al final pasará también así en lo que expone el post: si el “caído” es “amateur” … ya se verá cómo la campana “no le salva”.
    Saludos.

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