Retenciones a trabajadores: regularización tributaria

A veces, en una inspección tributaria, es probable que Hacienda regularice el defecto de retención o ingreso a cuenta del IRPF que la sociedad realiza a sus empleados e ingresa en la Hacienda Pública.

Una de las cuestiones que se plantea cuando Hacienda incoa un acta a una empresa por defectos de retenciones e ingresos a cuenta en el pago de retribuciones del trabajo, es la posibilidad de recuperar esas retenciones e ingresos a cuenta de los empleados sobre la base de que, lo dejado de retener realmente, debería de soportarlo el que se benefició de ello; esto es, el trabajador.

Aunque se trata de un asunto controvertido que no sólo afecta al ámbito fiscal, sino que también tiene incidencia en otras órdenes del derecho, como la laboral o incluso la civil, parece admitido que este derecho existe, sin perjuicio de que los mecanismos para la recuperación de esos importes no sean claros. A este respecto, entre otras dudas, se ha planteado el plazo que tiene la empresa para poder exigir al empleado los importes que por su cuenta ha ingresado en Hacienda vía acta de inspección.

En este artículo resumiré la reciente sentencia, de 15 de marzo de 2011, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en la que se afirma que el plazo para poder exigir ese pago se debe computar desde que la empresa ingresa la retención en Hacienda y no, como pretendía el recurrente-empleado, desde que se pagó la retribución correspondiente.

Centrándonos en el supuesto de hecho que dio lugar a la sentencia reseñada, se trataba de una compañía que pagó una indemnización por despido a un trabajador sobre la que no practicó la retención debida. Tras ser objeto de una revisión administrativa, la compañía ingresó la retención en la Hacienda Pública, solicitando su reembolso al trabajador cesado. El trabajador se negó a la asunción de este coste sobre la base de que ya había prescrito el derecho de la compañía a exigir la retención al trabajador. En este sentido, el trabajador defendía que el momento en el que se iniciaba el cómputo de la prescripción para dicha repetición era cuando la indemnización fue satisfecha. En contra de ello, la compañía defendía que el plazo comenzaba a computar en el momento en que la retención se ingresaba en la Hacienda Pública.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo concluye en esta sentencia a favor de la empresa, afirmando que:

- En una acción de reembolso por pago de una retención, el hecho determinante es el ingreso de dicha retención en la Hacienda Pública.

- Aunque la empresa debió retener cuando pagó la indemnización, este incumplimiento no genera más prescripción que la que se refiere a la propia deuda tributaria, pero dicho incumplimiento no tienen incidencia prescriptiva sobre la obligación del contribuyente de reintegrar a la empresa la retención exigida por la Hacienda Pública.

Con ello, se pone de manifiesto la importancia de que un trabajador conozca y sepa el procedimiento del cálculo de las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF a sabiendas de que un error en la cuantificación e ingreso en Hacienda de la retención por parte de su empleador, sí tendrá una incidencia directa en él, dado que el empleador puede iniciar una acción de repetición solicitando al trabajador el importe ingresado en Hacienda (tras una inspección, habitualmente), incluso muchos años después del pago efectivo del salario que originó esa retención errónea.

En una situación como la comentada, donde se produce una indemnización por despido, es esencial ser conocedor del importe que efectivamente se tiene que ingresar en la Hacienda Pública, sin dejar en manos de la empresa la determinación de que, por ejemplo, el importe esté o no exento de tributación y retención, y obliga a negociar el despido en importe bruto y no en el líquido a cobrar, salvo que, evidentemente, se refleje contractualmente que el importe negociado es en “neto”, después de impuestos y demás (tal y como hacen habitualmente, por ejemplo, los futbolistas que negocian su “ficha” en neto a sabiendas de que un defecto de retención de su club no le será repercutido).

Al hilo de esta cuestión, conviene recordar que la regularización de retenciones e ingresos a cuenta no practicados ha experimentado un cambio drástico en los últimos años, fruto de una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, iniciada en febrero de 2007, según la cual, por un lado, no puede exigirse a una empresa la retención que no practicó si al tiempo de la regularización el empleado ya ha ingresado el impuesto; y, por otro, es la propia Administración la que debe probar si los contribuyentes han declarado las rentas sobre las que se debió haber retenido.

Es decir, si una empresa está siendo inspeccionada, por ejemplo, de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas a los trabajadores en el año 2010 debiendo haber retenido al trabajador “X” un importe de 100, y habiendo retenido efectivamente e ingresado 90, la Administración Tributaria no puede pedirle a la empresa que ingrese los 10 restantes siempre y cuando el trabajador haya presentado su declaración de la renta del ejercicio 2010 “restándose” una retención derivada de sus rendimientos del trabajo de 90, dado que, en un sentido figurado, el trabajador ya ha regularizado por sí mismo el error de la sociedad al “restarse” en su declaración el importe efectivamente retenido por la empresa (90), y no el que correspondía a su retribución y que podría haberse “restado” sin cometer por ello ninguna acción punible (100).

Dicho esto, este criterio del Tribunal Supremo origina que las regularizaciones derivadas de los defectos de retención e ingresos a cuenta del IRPF, antes tan frecuentes, sobre todo a través de requerimientos iniciados por el departamento de gestión tributaria, sean ahora mínimas dado que lo habitual es que el trabajador “reste” en su declaración el importe que efectivamente le retuvo la empresa y que, evidentemente, coincidirá con el declarado por la empresa y trasladado al contribuyente a través de sus datos fiscales y certificado de retención. El problema surge cuando, por ejemplo, por cuantía el trabajador no presenta declaración de la renta dado que, en esos casos, la situación queda pendiente de regularizar.

Esta postura ha sido contestada en cierto modo por el TEAC (recordemos que es un órgano “de parte”, formado por inspectores de Hacienda) que, aun admitiéndola, ha tratado de ponerle algunos límites.

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Francisco Soto Balirac. Asociado Sénior de J&A GARRIGUES

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