Reflexiones desde Barcelona

Escribo estas líneas desde el aeropuerto de El Prat, donde aguardo el avión que me llevará de regreso a casa. El motivo de mi viaje a Barcelona, donde ni tan siquiera he estado 24 horas, ha sido el privilegio de participar como ponente en una jornada divulgativa de novedades tributarias organizada por la Delegación en Cataluña de la Asociación de Asesores Fiscales.

Y esta breve estancia en la Ciudad Condal me ha deparado varias satisfacciones: desde haberme permitido estar con mi hermano Jesús con el que coincido menos de lo que a ambos nos gustaría, a compartir mesa y mantel con mi buen amigo Esaú, o reencontrarme con tres excompañeras (Mercedes Valldosera, Mar Alcaraz y Maite Fandós) de uno de mis anteriores despachos -hoy todas ya embarcadas en nuevos y exitosos proyectos profesionales- que asistían a la jornada. Un afectuoso y cálido saludo para todos ellos, así como para Antoni Vigo y Llorenç Maristany, artífices de mi presencia allí.

Estos eventos, más allá de constituir una suerte de bálsamo psicológico -pues sirve como terapia de grupo en la medida en que todos los allí reunidos compartimos sufrimientos y desvelos cotidianos por obra y gracia del quilombo (que no sistema) impositivo en cuyo marasmo hemos de sobrevivir-, también sirve como punto de encuentro y reflexión sobre aspectos controvertidos de nuestro quehacer profesional. Y son varios de estos extremos los que, por su obvia trascendencia, hoy traigo a esta “bitácora”:

-. En lo que al Impuesto sobre Sociedades se refiere, dos avisos:

i.- Uno relativo a la reserva de capitalización, respecto de la que hay varias opiniones (no precisamente infundadas, pese a que también hay argumentos no menores en sentido contrario) que sostienen que habrá de ser durante el propio ejercicio 2015 -al que apenas le quedan dos semanas de vida- cuando se dote la reserva que el artículo 25 LIS exige como requisito sine qua non (¡glups!).

ii.-  Y en lo que a operaciones a plazos respecta, las rentas imputadas en el ejercicio 2015 y ulteriores pero correspondientes a operaciones hechas hasta 31.12.2014, se regirán por la normativa del TRLIS y no por la de la LIS (Disposición Transitoria 1ª y CV 2772-15, a sensu contrario). Entiendo (aunque quizá sea mucho entender) que este escenario también pudiera ser extrapolable a las plusvalías del IRPF que, generadas en 2014, pudieran ser susceptibles de beneficiarse de la aplicación de coeficientes de abatimiento aun cuando una parte sustancial de ellas haya de imputarse a partir de 2015 conforme al criterio de caja…

-. En lo que respecta a las “obligaciones tributarias conexas”, varias reflexiones:

i.- Se va constatando que, poco a poco, ya son legión los que dentro del gremio del asesoramiento fiscal van tomando consciencia de que esta rara avis alumbrada por el legislador constituye una genuina “hidra” cuya multitud de cabezas no hará sino complicarnos la existencia al ser muchos y muy graves los efectos que arrostrará en aquellos escenarios en los que la “conexión” aflore.

ii.- Analizada la literalidad del “plúmbeo” apartado 9 del artículo 68 LGT (la interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta ley relativo a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los derechos a que se refieren los párrafos a) y c) del citado artículo relativos a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en éstas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración Tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributaria conexas”), cabe preguntarse con fundamento: en puridad, ¿cuándo, en qué fecha, debe entenderse interrumpida la prescripción de las obligaciones “conexas”? Y es que siendo obvio que la interrupción de la prescripción de la “principal” se producirá en el preciso momento en que la Administración lleve a cabo cualquiera de las acciones previstas en el apartado 1.a) del mismo artículo 68 LGT, no está tan claro que sea simultáneo el hito en el que haya de interpretarse interrumpida la prescripción de las “conexas”, habida cuenta que la producción de ese efecto interruptivo se condiciona a que “en éstas se produzca o haya de producirse una tributación distinta”, eventualidad que parece obvio no concurre desde el inicio de aquellas acciones si no ya en un momento ulterior (¿quizá la fecha de incoación del acta respecto a la obligación principal?) que será cuando, en su caso, se constate fehacientemente esa eventualidad (y todo ello sin perjuicio del resultado final de las vías de impugnación contra esa propuesta). Afortunadamente esta tesis parece que pudiera ser ya la sostenida por la propia Agencia Tributaria pues en sus actuales comunicaciones de inicio de actuaciones inspectores advierte que “en caso de existir obligaciones tributarias conexas en las que algunos de sus elementos resulten afectados en función de los correspondientes a los conceptos y períodos indicados se producirá la interrupción del plazo de prescripción”; ergo así sería la AEAT la primera que condiciona esa interrupción a que concurra la condición contemplada en el 68.9 LGT pues lo contrario abocaría a una interrupción ad cautelam que no parece acorde con lo estipulado por el legislador.

iii.- Íntimamente conectada con la reflexión anterior, no parece que a las potenciales “conexas” les resulte de aplicación desde el mismo inicio de las actuaciones comprobación e investigación relativas a la obligación “madre” la previsión contemplada en el artículo 87.5 RGAT en el sentido de que el ingreso de deudas tributarias pendientes con posterioridad a la recepción de la comunicación de inicio tendrá meramente carácter de a cuenta sobre el importe de la liquidación que se practique y, en consecuencia, no evitará la imposición de sanciones. Es decir, que parece lógico argumentar que esa previsión reglamentaria operará respecto a las “conexas” desde que estas afloren como tales (¿a la firma de las actas de la “principal”?), pero no antes…, lo que puede permitir esgrimir que los ingresos “espontáneos” hechos por el contribuyente respecto a las eventuales y futuribles “conexas” (antes de la constatación fehaciente de su existencia) podrán ser considerados como 100 % voluntarios y, por tanto, evitar así que se le aplique la mencionada cautela del 87.5 RGAT.

iv.- Ítem más: la previsión del 68.9 LGT no contempla la interrupción de la prescripción de la potestad sancionadora por lo que esta habrá de quedar circunscrita a la “principal” o “madre” pero no a las potencialmente conectadas con esta.

-. Y, ya para terminar, tres breves apuntes sobre la lista de deudores:

i.- no parece de recibo que siendo la fecha de corte del presente 2015 el pasado 31.7, esa previsión no se publique en el BOE hasta el 22.9 ulterior. Es decir, que no siendo factible minorar ese saldo una vez que la fecha de corte ha pasado, no parece lógico que el legislador divulgue esta circunstancia publicando la norma que así lo contempla casi dos meses después de que aquella fecha se consumase… ¿no? A mí, confieso, esto me huele a una inadmisible retroactividad.

ii.- Suenan cantos de sirena que afirman que, ya de cara a ejercicios posteriores (no en este, pues como se acaba de apuntar, la Ley se publicó ya después de su propia “fecha de corte”), si un contribuyente estima que su deuda está por encima del umbral del millón de euros y se propone realizar un ingreso a cuenta para dejar su saldo por debajo de ese importe, esa práctica sería susceptible de calificarse como “fraude de ley”… Aquí mi pregunta es: si la deuda fuera de 1.005.000 € y se ingresa 1.000.000 €, siendo así que el saldo pendiente queda en 5.000 €, ¿también sería calificado como fraude de ley? A mí la impresión que me da es que ese eventual “fraude” va a calificarse cuantitativamente y no conceptualmente, lo que ya parece una contradicción en sí misma, ¿o no?

iii.- Un argumento de defensa: si un contribuyente no logra la suspensión del ingreso de la deuda que le aboca a integrarse en la lista de deudores, ¿cabe la suspensión, ya sea en vía administrativa o judicial, de la propia inclusión en ese listado? La mera petición, obvio es decirlo, nada lo impide, lo que parece que por un elemental respeto al derecho a la tutela judicial efectiva debiera imposibilitar la divulgación de la identidad de ese supuesto deudor en tanto en cuanto la propia solicitud de suspensión no fuera resuelta…

Me he quedado con ganas de volver -pronto- a Barcelona. ¡Ojalá!

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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3 respuestas a Reflexiones desde Barcelona

  1. Tú te lo mereces todo, meu, y no sigo por venirme a la mente aquella frase lapidaria de Pulp Fiction que dejaré a medias para no asustar al personal y, quien la quiera conocer completa, que se vea la película: no nos chup…
    Apertas grandes. Esaú

  2. Muchas gracias, Esaú. En cualquier caso, y ya que de “Pulp fiction” (gran película) se trata, aquí adjunto “link” a una gran aportación patria a esa obra maestra:
    https://www.youtube.com/watch?v=CYxDmP9fqdw

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