Rectificar es de sabios: el TEAC y el IBI

En esta “bitácora” ya abordamos en alguna ocasión la delicada situación de las arcas municipales, principales víctimas públicas del estallido de la “burbuja” pues varias de sus fuentes de ingresos tributarios pivotan alrededor del universo inmobiliario.

Y así, en el “post” de 9.12.2014 nos hacíamos eco de la relevante sentencia del Tribunal Supremo de 30.5.2014 cuando afirmaba sin ambages que: “Sólo pueden considerarse bienes ‘urbanos’, a efectos catastrales, los inmuebles considerados por el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la previa aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada”.

La cuestión, tal y como ya entonces apuntábamos, era que esa sentencia, al ser dictada con ocasión de un recurso de casación en interés de ley, “(…) responde así a la finalidad de preservar la homogeneidad jurisprudencial, mediante el establecimiento por el Tribunal Supremo de una doctrina legal, vinculante para Jueces y Tribunales inferiores, sirviendo con ello al objetivo de que la ley sea igual en todo el territorio nacional (arts. 14 y 139.1 CE) y al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al tiempo que dota de contenido real a la supremacía del Tribunal Supremo, (…)” (Sentencia 37/2012 del Tribunal Constitucional, de 19 de marzo). Lo que implicaría que mientras que los órganos jurisdiccionales se sienten compelidos por esa interpretación judicial, la Administración no necesariamente habría de verse concernida. ¡Huummm!

Prueba de ello fue la Circular 27/2014, de 1/8, mediante la que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) intentaba librarse del “tsunami” que se le venía encima, afirmando que la sentencia de marras “no tiene efectos jurídicos directos sobre las situaciones jurídicas particulares, ni produce la anulación de las ponencias de valores (…). Tampoco fija ninguna doctrina legal, y al no haberse reiterado dicho criterio, no sienta jurisprudencia” a lo que añade que “cuantos recursos o escritos se interpongan ante los Ayuntamientos solicitando la anulación o devolución de las liquidaciones emitidas del IBI en aplicación de la sentencia mencionada, deben ser desestimados por falta de competencia de las entidades locales para su resolución al haberse practicado conforme a los valores catastrales vigentes”.

Y es en este concreto punto donde hay algunas novedades que pueden venir a matizar el genuino estatus jurídico de los contribuyentes titulares de inmuebles susceptibles de estar en una situación parecida (cuando no idéntica) a la que fue objeto de análisis en la STS de 30.5.2014:

-. En lo que se refiere a la impugnación indirecta de las ponencias de valores a través de los actos de asignación individual de valores catastrales a inmuebles concretos, el Tribunal Supremo ha asentado ya su criterio (entre otras, en su sentencia de 11.7.2013) de que no cabe el recurso indirecto contra las ponencias de valores al ser estas un acto administrativo de aplicación de la normativa catastral. Esta interpretación judicial ya ha sido adoptada, por su parte, por el propio TEAC en su resolución de 12.6.2014. Sobre la impugnación de valores catastrales, ponencias y todo ese peculiar mundo del catastro, resulta muy especialmente recomendable la lectura de la prolija y concienzuda obra del profesor José Luis Bosch Cholbi al respecto.

-. Sin embargo, ello no debiera implicar que los contribuyentes se vieran obligados a aceptar que haya inmuebles calificados catastralmente como urbanos contrariando la tesis de la repetida STS de 30.5.2014. Prueba de ello es la resolución del TEAC del pasado 13/5, mediante la que este órgano administrativo “(…) a la vista de la nueva línea jurisprudencial que interpreta que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para considerar un bien inmueble urbano a efectos catastrales es necesaria la aprobación del instrumento de ordenación detallada del suelo, procede a modificar su anterior criterio en el sentido de ‘exigir , para clasificar como urbanos, al amparo de lo previsto en el artículo 7.2.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los bienes inmuebles cuyo suelo sea urbanizable sectorizado o delimitado según el planeamiento urbanístico, que  se haya aprobado el instrumento de ordenación que establezca las determinaciones para su desarrollo’”.

Y esta nueva interpretación del TEAC es muy relevante desde el punto y hora que, en contra de la tajante pretensión de la FEMP, parece que vendría a abrir una brecha mediante la que los contribuyentes disconformes con la calificación catastral de un determinado inmueble, podrán instar su revisión (obviamente, en plazo) defendiendo su carácter no urbano. Y es que parece obvio que el TEAC, discrepando de lo sostenido por la FEMP, entiende que aquella STS sí que viene a fijar una nueva doctrina legal y a sentar jurisprudencia, siendo así vinculante ya no solo para los propios órganos jurisdiccionales sino -también- para la Administración (¿qué otra cosa es el TEAC?), lo que abre la vía a que los contribuyentes se animen a pelear la defensa de sus legítimos intereses frente a los de las arcas municipales.

En fin, que la loable -por responsable- actitud del TEAC al hacerse eco de la interpretación sostenida por el mismísimo Tribunal Supremo, viene a poner una espada de Damocles sobre los ayuntamientos, máxime ahora, precisamente cuando acaba de publicarse en el BOE la relación de municipios -¡casi 3.000!, ¡¡¡más de una tercera parte del universo municipal!!!- donde en 2016 se actualizarán los valores catastrales. Y, además, todo ello acontece cuando la fiscalidad municipal ha entrado de lleno en el debate político; ¡ya era hora!

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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3 respuestas a Rectificar es de sabios: el TEAC y el IBI

  1. José Luis Bosch dijo:

    Querido Javier: muchas gracias por la cita. Coincido en tu análisis. Y me alegra que el TEAC, en esta ocasión, haya aportado cordura. Sin embargo, no podemos olvidar que, como la materia urbanística es competencia del galimatías autonómico, la Sentencia del TS no acabó de cerrar el problema con claridad, en mi opinión. Aun así, como he dicho en alguna ocasión, las Ponencias de Valores y los temas catastrales no pueden permanecer impermeables al Derecho -en mayúsculas-. Algún paso se ha dado. No sólo en Valencia, con pioneros pronunciamientos de nuestro TSJ (al acoger, como doctrina jurisprudencial, las conclusiones del Congreso Tributario organizado por el CGPJ y AEDAF celebrado en Granada sobre esa problemática), sino también en Madrid, donde el TSJ -Sentencia 22-12-2014, Sr. Sanz Heredero-, con explícita cita de doctrina científica -lo que no suele ser habitual, y es de agradecer-, acoge la posibilidad de alegación de defectos de nulidad de una Ponencia de Valores no impugnada al hilo del recurso interpuesto contra un valor catastral. Solución que, como apreciarás, es de una importancia trascendental para el ciudadano que repara en la nulidad de las decisiones catastrales, como pronto, cuando recibe el valor catastral pero la Ponencia ya es acto consentido y firme. Un fuerte abrazo y no desfallezcas en tu ánimo de robar tiempo al descanso y al ocio para trasladarnos tus reflexiones fiscales. El Derecho, y los juristas, te lo agradecemos.

  2. Mil gracias, José Luis, por tus muy interesantes precisiones sobre ese siempre complejo universo catastral. Un afectuoso saludo.

  3. Pingback: ¿Se desmorona el Impuesto sobre Bienes Inmuebles?

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