¿Quo vadis, contribuyente? (Disquisiciones a bordo del AVE)

¿Quo vadis, contribuyente?“El poder fue la peste
y la mentira la ley,
creer en la justicia
ya es un acto de fe”

“Acto de fe”. Loquillo (2016)

Estoy en el AVE Valencia-Madrid, de regreso a casa. Mi estancia -de apenas unas horas- en la ciudad del Turia respondía a una invitación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) para impartir allí una ponencia sobre el laberíntico escenario de las obligaciones “conexas”. El viaje, pese a su brevedad, fue del todo fructífero pues, amén de la disertación en sí (siempre enriquecedora para el propio ponente, al abrirle nuevas perspectivas), me permitió departir con amigos -y, “sin embargo”, colegas- como Carlos (y Pilar), Fran, Paco, Javier(es), Jorge, Jaime, José Luis, Salvador…, todos ellos excelentes profesionales -y aún mejores personas- que me agasajaron con una tan cálida como afectuosa hospitalidad. ¡Muchas gracias!

Pero, además, las horas compartidas con mis colegas valencianos me facilitaron una suerte de “terapia colectiva” que, a modo de bálsamo, me sirvió para constatar el difícil -muy difícil- momento por el que asesoramiento tributario pasa en España. Y esa reflexión “grupal” me sirve, ya aposentado en el AVE, para abordar una tarea pendiente con la que aquella guarda una íntima relación: desde una asociación empresarial me piden que dé una conferencia sobre el nivel de calidad del estatuto jurídico del contribuyente, aquí y ahora. ¡Nada más y nada menos! Y es ahí donde varios de los comentarios hechos por mis contertulios levantinos me sirven como punto de apoyo para hacer las consideraciones que aquí siguen.

Veamos: próximos ya a cumplirse dos décadas desde la publicación del “Estatuto del Contribuyente”, lo cierto es que no son pocos los síntomas que apuntan a que la esfera jurídica del contribuyente se ha degradado hasta tal punto que, a día de hoy, parece mucho más próxima a la de un súbdito que a la propia de un ciudadano. Sería largo y hasta tedioso detenernos en exceso en esos “síntomas”, pero sí es obligado apuntar algunos, quizá los más supurantes:

  • La galopante inseguridad jurídica (de ello da fe el alucinante episodio de la deducibilidad de los intereses de demora).
  • La imprescriptibilidad de los impuestos vinculados a la tenencia -no declarada- de un patrimonio en el extranjero.
  • La facultad de la Administración para comprobar -“sine die”- y recalificar negocios hechos en ejercicios ya prescritos.
  • La inmunidad de los argumentos del fisco pese a la suspensión (administrativa o judicial) del acto en el que aquellos se plasman.
  • La exigencia de intereses de demora cuyo dilatado período de devengo no es sino la duración del pleito que culmina con un pronunciamiento favorable (pero no definitivo) al contribuyente.
  • Las gravosas (y no necesariamente argumentadas) medidas cautelares en garantía del crédito tributario.
  • La potestad de la Administración para retomar una y otra vez un asunto pese a que ya lo hubiera hecho una vez (infructuosamente).
  • La inanidad del trámite de audiencia, a cuya palmaria inutilidad se anuda el peligro resultante de que “todo lo que usted diga podrá utilizarse en su contra”.
  • Esa constatada sensación, en fin, de que el contribuyente siempre está en la casilla equivocada (como paradigma, pensemos en el “sudoku” de la cuestionada exención del salario por trabajos en el extranjero vs la política de precios de transferencia del pagador).
  • Etc., etc.

Así, el escenario que se abre ante nosotros es tan sangrante, tan preocupante, que tal pareciera que detrás de todo esto haya algo más, una tormenta más de fondo, un tsunami que -sin apenas habernos dado cuenta- haya removido el suelo sobre el que se asentaban algunas de nuestras más profundas creencias. Mucho me temo que ahí está la clave.

Porque, ¿no será que, en el fondo, han cambiado las reglas de juego de las prioridades sociales? ¿Habremos suscrito -apenas sin darnos cuenta- un pacto según el cual el omnipresente Estado se ocupa de “todo” a cambio de que le cedamos una parte sustancial de nuestra autonomía individual? ¿Hemos consentido que el Estado (o comunidad autónoma o ayuntamiento), en la búsqueda de los necesarios ingresos -y el consiguiente aquelarre antifraude- para atender esas crecientes necesidades que se le demandan, sea ya omnipotente? Creo que éste y no otro es el quid de la cuestión.

Un informe de la Fundación BBVA pone el foco en este punto: el 74% (frente al 54 de media en la UE) de españoles entiende que: “El Estado debe tener la responsabilidad principal a la hora de asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno” y el 54% (por contraposición al 34 de la UE) apoya que: “Los ingresos deberían ser más equilibrados, aunque ello pueda significar que las personas que se esfuerzan más y las que se esfuerzan menos ganen cantidades similares”. Estas preferencias mayoritarias -que, por otra parte, conducen a “igualar por abajo”, colectivizando la pobreza- evidencian una clara apuesta social por el Estado “padre” en detrimento de la iniciativa privada…, de ahí que la Administración se sienta legitimada para poner todo tipo de trabas a aquellos proyectos no alentados directamente por ella.

Pero la cuestión es que la historia ya ha demostrado que si no se da amparo y aliento a las iniciativas particulares (que no son más que la manifestación de ese intrínseco anhelo humano por prosperar), es la pobreza la que termina asomando por el horizonte. Porque lo público, si no interactúa -pacífica y armónicamente- con lo privado, por sí solo es incapaz de generar riqueza, ahogándose en su propia elefantiasis que es lo que, en esencia, amenaza nuestro Estado del bienestar (por otra parte, del todo insostenible tal y como hasta ahora lo hemos conocido, aunque solo sea por un tan obvio como insalvable obstáculo derivado de la palmaria gravedad de nuestra pirámide poblacional). Y, ahora que lo pienso, no es tan casual que esta reflexión me surja precisamente a bordo de un AVE…, paradigma de controversia sobre el uso de los fondos públicos.

No otra cosa es lo que en su día ya advirtió Margaret Thatcher: “No debemos refugiarnos detrás de decisiones colectivas. Cada uno de nosotros debe asumir sus propias responsabilidades. Lo que somos y lo que podemos llegar a ser depende esencialmente de nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el auténtico motor de la sociedad? El deseo de la persona de conseguir lo mejor para él y su familia. La gente no va a trabajar para el ministro de Hacienda. La gente trabaja para su familia, para sus hijos, para ayudar a cuidar a sus padres. Ese es el camino que ha hecho prosperar a la sociedad: el trabajo de millones de personas decididas a dar a sus hijos una vida mejor que la que ellos tuvieron. No hay alternativa para este instinto humano elemental, y lo peor que un Gobierno puede hacer es tratar de reprimirlo mediante una especie de alternativa colectiva” (discurso de 16/4/1979, en Cardiff).

Mal pintan, pues, las cosas, porque -desde mi tan particular como subjetiva perspectiva-, el agrio panorama que se abre ante los contribuyentes (ya más súbditos que ciudadanos, estatus del que han -hemos- abdicado casi sin ser conscientes de ello) no es más que una palpable manifestación de un movimiento más de fondo, telúrico, mediante el que la sociedad ha entregado “todo” al Estado, quedando rehenes de él… sin que, por otra parte, haya demasiadas quejas (quizá por aquello del “síndrome de Estocolmo”), por lo que consuelan esas escasas ocasiones que vienen a probar que uno tampoco está solo en esta tan lógica como cansina cruzada.

Debemos, pues, en palabras de José Álvarez Junco, retomar nuestra consciencia cívica porque: “La única realidad hoy es que somos individuos. (…). No sirve decir que `como mujer´ o `como homosexual´ o `como católico´ tengo estos y aquellos derechos. No; los tengo como ciudadano. Y por eso tenemos que partir de lo que [Jürgen] Habermas llamó patriotismo constitucional”. Y, además, no tenemos alternativa, pues en otro caso el contribuyente seguirá siendo “ese paladín incauto que siempre está ahí para socorrer con lo que no tiene a quien no se lo merece y jamás arrimó el hombro, y al que nadie le echa un cable, así se esté ahogando en aceite hirviendo. Ese pagano incorregible e infinitamente paciente” (Lorenzo Silva dixit).

Pero la paciencia, también puede -y hasta debe- tener un límite…, de ahí que me niegue a doblegarme ante lo que parece haber sido la decisión mayoritaria -que no unánime- de la sociedad de claudicar ante el Estado: mi opinión, mi criterio personal no está en venta, y por ello acato pero no comparto esa rendición, por muy pacíficamente mayoritaria que sea, porque, tal y como ya denunciaba Tocqueville: “De nada sirve que un poder tutelar asegure un frívolo bienestar individual y regule todos los detalles de la existencia cotidiana, si el precio a pagar es la pérdida del espíritu cívico y de la iniciativa responsable de los ciudadanos”.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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7 respuestas a ¿Quo vadis, contribuyente? (Disquisiciones a bordo del AVE)

  1. Juan Castro Velasco dijo:

    Arranca quizá todo ello de un concepto, bajo mi punto de vista, equivocado de la justicia. Algunos consideran que la justicia reside en dar a todos lo mismo en lugar de dar a cada uno lo que le corresponde según su mérito. De ahí que más de la mitad de los españoles estén a favor de equilibrar salarios pero no esfuerzos.

    La subyacente cultura del pelotazo que tanto daño ha hecho y hace este país.

  2. Jaime dijo:

    Desde el final de la II G.Mundial, los dirigentes europeos impusieron como Karma la Igualdad de los ciudadanos o súbditos a los que administran. En la búsqueda de esa supuesta justicia, se cometieron, se cometen y se cometerán los mayores disparates contra libertad. Tocqueville a mediados del S.XIX en Democracia en América lo expresó muy claro, el Estado es el único medio para abandonar la libertad y proveer a los súbditos de la seguridad de la igualdad.
    Mágnifico Javier.

  3. Muchas gracias, Jaime, por tus observaciones.

  4. Pingback: Frenazo a la privatización tributaria | Espacio Tributario

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