Ponerse al día (o no)

El mero hecho de que, por primera en 17 años, se abra una “ventana” para proceder a la actualización de balances, ya es un motivo más que suficiente para dedicar una breve reflexión a esta relevante novedad que, tal y como el propio BOE proclama, se introduce “por los efectos positivos que puede generar en el ámbito empresarial, al favorecer tanto la financiación interna como el mejor acceso al mercado de capitales”; y es que la clave de la decisión que las empresas (y empresarios individuales) deban adoptar sobre este particular quizá dependa de ese “puede” que, precisamente, la propia gaceta introduce como posibilidad y no como certeza.

Pero vayamos por partes. En esencia, se trata de permitir la adecuación a valores de mercado de los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, siendo así que en lo relativo a los inmuebles no hay obligación (relevante novedad respecto a la abordada en 1996) de que afecte a todos ellos sino que “podrá optarse por su actualización de forma independiente para cada uno de ellos”, posibilidad que, obviamente, parece que viene a ser acorde con la actual idiosincrasia del mercado inmobiliario.

La actualización se realizará aplicando tanto sobre el precio/coste del elemento, como sobre sus eventuales mejoras y las amortizaciones dotadas, unos coeficientes que la propia norma ya incorpora en función del año al que, en cada caso, haya que remontarse, siendo así que el resultado de su cálculo, siempre conforme a las previsiones legales (y, sin que en ningún caso, pueda exceder el valor de mercado del elemento en cuestión), habrá que ponderarlo, en su caso, por un índice (el que en 1996 se conocía como coeficiente “K”) en función del nivel de endeudamiento de la empresa. El importe que se obtenga tras aplicar el sistema de cuantificación legalmente establecido, se abonará en un cuenta “ad hoc” denominada “reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre”. Será sobre el saldo de esta nueva reserva sobre la que se calculará el 5% que, en concepto de “peaje” fiscalmente no deducible, habrá de abonarse al erario público, constituyendo su pago en plazo un requisito inexcusable para la validez de las operaciones de actualización.

Tanto la DGT (CV 0371-13, de 8/2) como el ICAC (Consulta nº 5 del BOICAC nº 92/2012) han emitido sus respectivas opiniones oficiales respecto a diversos aspectos del sistema de actualización susceptibles de generar dudas o controversias, siendo su atenta e íntegra lectura del todo necesaria para la adecuada comprensión del proceso contable/fiscal que ahora se abre. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que el período de carencia que, a efectos de la amortización, se contempla en el artículo 9.7 “in fine” de la Ley 16/2012 cuando precisa que “el incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización se amortizará, a partir del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015” (paréntesis temporal que, aun a riesgo de menoscabar el atractivo de la actualización, parecería responder a la lógica pretensión de compatibilizar este incentivo con la nueva limitación a la deducibilidad fiscal de la amortización al 70% que -conforme a su propia regulación específica- estará vigente durante 2013 y 2014), habrá de interpretarse como sigue:

-. “(…) desde un punto de vista contable, el precio actualizado formará parte de la base de amortización del activo desde ese momento, mientras que a efectos fiscales, (…), la eficacia de la amortización fiscal del incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización se difiere hasta el ejercicio 2015” (respuesta del ICAC a la pregunta nº 4 formulada en su Consulta); y que

-. “Teniendo en cuenta que los efectos contables de la actualización de balances se producen el 1 de enero de 2013, (…), en la misma fecha tendrá valor fiscal el efecto de la actualización de balances, es decir, 1 de enero de 2013” (punto 4º de la contestación de la DGT).

De lo que parece deducirse que durante 2013 y 2014 se generará una diferencia temporal (me niego, por lingüísticos principios, a aceptar el engendro “temporaria”) por la amortización contable correspondiente a la revalorización.

En cualquier caso, la minuciosa regulación (de obligado entendimiento y cumplimiento, incluyendo las preceptivas menciones a recoger en las CCAA) y el ingente universo de potenciales destinatarios, hacen que la casuística sea inmensa, lo que lleva necesariamente a realizar un análisis caso por caso para discernir fundadamente si el anticipo del “peaje” del 5% es compensado por la rentabilidad financiero/fiscal que revertirá en el futuro en forma de un mayor gasto tributario (como resultado de unas mayores amortizaciones), amén de lo que en términos de acceso a la financiación pueda reportar que la situación patrimonial se vea mejorada por la reserva ahora aflorada. Ése y no otro es el diagnóstico a realizar, ponderando adecuadamente otras eventuales variables tales como el futurible aprovechamiento de la deducción por doble imposición de dividendos aplicable a la reserva de actualización o, incluso, el hipotético impacto derivado de la eventual limitación a la deducibilidad fiscal de gastos financieros a la que nos pueda abocar un más fácil acceso a la financiación ajena…

Y es que aquí, todo suma (o resta, según se mire).

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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