No es esto, no es esto

Parece que está comúnmente admitido que al hilo de la compleja situación de crisis económica que nos toca vivir, se han puesto de manifiesto otras circunstancias colaterales tanto o más graves que aquella: delicada situación institucional, cuestionamiento de la organización territorial, revisión del sistema de valores…, y, entre éstas, tampoco es desdeñable la incidencia de nuestro enmarañado ordenamiento jurídico. Hay quien ha censado nuestras normas en más de 200.000, y también se dice que los Boletines Oficiales (Estado más CC.AA.) generan al año ¡más de un millón de páginas! (quizá no seamos un país muy dado a la lectura, pero sí parece que lo somos a la escritura) o que -ya en el ámbito tributario- en el cuatrienio 2009/2012 se aprobaron más de 60 normas relativas ya sólo al Impuesto sobre Sociedades,…

Estos datos ya son llamativamente preocupantes en sí mismos, pero aún lo son más si los combinamos con la paupérrima calidad que -con honrosas excepciones- rezuma esta hiperproducción normativa. Francisco J. Laporta (Catedrático de Filosofía del Derecho de la UAM) así lo ha denunciado públicamente: “(…) Leyes puramente simbólicas, contradictorias muchas veces, imposibles de aplicar otras, carentes de apoyo económico con frecuencia, meros deseos tantas otras, y así hasta decir basta. No exagero. Juristas de todas las convicciones están ya hartos de denunciarlo. Y tampoco atañe a éste o aquel Gobierno. Todos ellos parecen pugnar por caer más y más en las politiquerías cotidianas en lugar de cultivar la altura de miras necesaria para acometer una política seria sobre los instrumentos fundamentales de la gobernación”. Crudo diagnóstico, coincidente con el realizado por el Círculo de Empresarios: “(…) la productividad, la innovación, la creación de empresas y otras muchas variables clave para la economía española se ven lastradas por el exceso de regulación y la mala calidad de la misma. (…). En su afán regulador, nuestras administraciones parecen haber olvidado que para que la actividad empresarial se desarrolle con dinamismo y capacidad innovadora, es esencial que las normas que rigen esa actividad sean claras, transparentes y estables (…)”.

Estas disquisiciones vienen al hilo del enésimo (pero, lamentablemente, no último) episodio que ha puesto de manifiesto crudamente la evidente inseguridad jurídica que, poco a poco, ha empapado nuestro ordenamiento jurídico en general, y el tributario en particular. Veámoslo: como es sabido, de un tiempo para esta parte, diversas CC.AA. han ido sustituyendo sus tradicionales administraciones tributarias por “agencias tributarias”, a imagen (me temo que, también aquí, la imagen -lo visual, la apariencia- quizá importe más que la sustancia) y semejanza de la estatal (AEAT), organización, dicho sea de paso, modélica en muchas de sus facetas lo que la ha convertido en un ejemplo de eficiencia a seguir por muchos países de nuestro entorno. Sea como fuere, las “agencias tributarias” autonómicas han surgido por doquier, siendo así que si ya el propio proceso de creación de la mismísima AEAT fue en su día objeto de cierta controversia jurídica (hoy, afortunadamente, ya pacificada), tampoco en eso las agencias autonómicas iban a ser menos. Y para muestra, un “botón”: el 14/9/2009 se publicó el Decreto mediante el que se aprobaba el Estatuto de la AT de Andalucía que fue impugnado por una organización sindical ante el TSJ-Andalucía al entender que en su elaboración no se le había dado la preceptiva audiencia. La cuestión es que el TSJ-Andalucía, mediante su sentencia de 25/2/2011, declaró nula de pleno derecho esa norma llamada a regir el destino de esa AT de nuevo cuño.

Pero el asunto no se agota ahí, pues esa sentencia fue recurrida por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo que, con fecha 31/5/2012, ratificó el fallo previo del TSJ-Andalucía. Así las cosas, ya era sólo cuestión de tiempo que se planteara el valor jurídico que cabría atribuir a las liquidaciones giradas por esa malhadada AT durante el período en el que actuó sin la preceptiva cobertura estatutaria, pues aunque la Junta de Andalucía -quizá ya temiéndose lo peor- se curó en salud aprobando un nuevo Estatuto en vigor ya desde el 27/1/2012, lo cierto es que aquella vino actuando sin el necesario amparo legal durante dos años, cuatro meses y 12 días (desde el 15/9/2009).

Y precisamente en ésas estamos, así que ahora agárrense que vienen curvas: el TEAR-Andalucía, en su resolución del pasado 19/10 analizó la situación jurídica de los actos emanados de la AT andaluza durante ese dilatado período de limbo jurídico, siendo así que concluye señalando que los actos entonces dictados son anulables (eventualidad, por cierto, que la propia AT ya apuntaba como “mal menor” en su dictamen emitido ex profeso a petición del TEAR), no siendo factible que quedaran amparados por el nuevo Estatuto “puesto que (…) no cont[iene] disposición alguna relativa a los actos dictados bajo el anterior Estatuto”.

Permítanme que concluya esta kafkiana exposición tomando prestadas las palabras pronunciadas por Ortega y Gasset en su conferencia “Rectificación de la República”, celebrada en el cine de la Ópera de Madrid el 6/12/1931 (¡qué paradójico guiño de la historia: precisamente nuestro actual día de la Constitución!), cuando, tras denunciar que el país estaba sumido en la “desazón, descontento, desánimo, en suma, tristeza”, concluyó con su ya celebérrimo “no es esto, no es esto”. Quizá, en el fondo, esa queja orteguiana tenga en nuestros días una versión más ligera, más prosaica, en el lamento repetidamente usado por los personajes de las viñetas de Forges: “¡país!”.

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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