Modelo 720: ¿El principio del fin?

¿Por qué España es como es? o ¿es que la pregunta parte de una premisa errónea? ¿Somos, con nuestras miserias y nuestras virtudes, diferentes a los países de nuestro entorno, o bastante similares? Obviamente no tengo la respuesta para estos interrogantes, del todo lógicos habida cuenta que, en lo que al ámbito impositivo se refiere, las noticias dan cumplida cuenta de que nuestra idiosincrasia parece que está ahí, dando muestras un día sí y otro también de nuestras peculiaridades patrias (o quizá, más que nuestras son de nuestros gobernantes) que, con una repetición ya cansina, obligan a que desde el exterior se nos enmiende la plana…

Y es que no parece que responda a la casualidad el que la historia se repita una y otra vez, a modo de asno (o burro) condenado a dar vueltas sin fin para mover el palo del molino…, así jalones de ello, ya por todos conocidos, son los recientes episodios del manido “céntimo sanitario”, del ISD, del tax-lease, o del fondo de comercio (y eso, en el ámbito tributario, porque en el penal ahí está nuestra fallida “doctrina Parot”, sin ir más lejos), pero “no se vayan todavía que aún hay más”, porque ahora ya asoma en el horizonte el “culebrón” del  tan célebre como controvertido modelo 720.

Hagamos algo de memoria: en paralelo a la tan polémica “amnistía fiscal” (en la terminología oficial, Declaración Tributaria Especial y en el argot, DTE), y como elemento de cierre de esta, en octubre de 2012 se incorporó una Disposición Adicional (¡la decimoctava!) a la Ley General Tributaria mediante la que se introdujo una obligación tan novedosa como discutible: la de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero, sometida a unos requisitos formales y de detalle de suma complejidad (y que, precisamente por ello, sería del todo prolijo aquí recordar) y, sobre todo, cuyo incumplimiento se vincula a un durísimo régimen sancionador tanto en lo relativo a las sanciones en sentido estricto (que también) como a sus efectos sobre los tributos afectados (IRPF e IS), pues los bienes no declarados tendrán en estos impuestos el carácter de ganancias de patrimonio no justificadas que habrán de ser integradas en la base general, imputándose al último ejercicio no prescrito, con una sanción del 150% sobre la cuota resultante, siendo así que a tales efectos no habrán de tenerse en cuenta los importes pendientes de compensación, deducción o aplicación susceptibles de minorar la base o la cuota en cuestión (como se ve, un “hábitat” del todo idóneo para que en él aflore la proscrita confiscatoriedad).

Y, por si todo ello fuera poco, además, se adereza con la guinda de la imprescriptibilidad, pues aquí, en este caso, la prescripción no opera como liberación de esa genuina espada de Damocles. En fin, y hablando claro: ¡un varapalo en toda regla, y dejando varios principios jurídicos básicos en la cuneta!

Ya desde la entrada en vigor de esta novedad se levantaron voces más que autorizadas cuestionando:

i) Su constitucionalidad (esencialmente por incorporar esa del todo reprobable imprescriptibilidad, cuyo posible “contagio” al ámbito penal, por cierto, aún está por dilucidar en sede judicial; así como por ese componente de confiscatoriedad a la que aboca la manifiesta desproporción económica de las consecuencias previstas ante su incumplimiento).

ii) Su carácter cerrado pues, su taxativa previsión de que quien no declare en plazo ya se convierte en un proscrito al que no se le ofrece posibilidad alguna de redención, supone “echar al monte” a todos aquellos que -con dolo o sin él, que de todo hay- no declararan en tiempo y forma (aspecto este no menor habida cuenta que hay quien cifra en +/-2.500.000 los obligados a presentar este modelo, mientras que en 2013 solo lo hicieron poco más de 130.000).

iii) Su vidrioso encaje con las disposiciones comunitarias. Vamos, que el quilombo ya estaba montado y se había liado parda…

Así las cosas, hubo quienes no tardaron demasiado en intuir que era la UE (más que el propio Tribunal Constitucional) la que se vislumbraba como la “tabla de salvación” donde podrían encontrar algún eco los más que justificados lamentos contra esta “salida de pata de banco” del legislador nacional.

Entiendo que llegados a este punto es oportuno hacer dos precisiones: la primera ya se ha apuntado repetidamente en esta bitácora y no es otra que entender que no cualquier discrepancia que se suscite con la Administración tributaria es una obvia manifestación de fraude, pues es lo que es, y no otra cosa.

Y la segunda, que incluso cuando nos encontremos ante un fraude en el sentido literal del término, tampoco en tal caso son plausibles todos los métodos que el legislador tenga a bien arbitrar, y la Administración a ejecutar; pues en esta materia, como en tantas otras, también hay líneas rojas que no se pueden cruzar, por muy loable y meritoria que sea su justificación, y es que ya es sabido que las buenas intenciones no lo justifican todo. Sobre esto último, también hemos alertado ya desde este espacio virtual.

Pues bien, lo cierto es que, como digo, hubo quien decidió acudir a la Comisión Europea (el remake institucional del “primo de Zumosol”, ¿se acuerdan?) trasladándole sus dudas acerca de las eventuales incompatibilidades de este régimen con la normativa de la UE. Y el caso es que, una vez más, parece que el experimento ha funcionado y que estemos a punto de poder gritar “¡eureka!”. En efecto, en estas últimas semanas la Comisión ha ido respondiendo a todos aquellos que solicitaron su amparo, siendo así que lo más destacable de lo hasta ahora acontecido es que:

i.- Las reclamaciones presentadas provocaron que la Comisión abriera una investigación formal.

ii.- Dentro de esas pesquisas, la UE le ha dado audiencia a las “autoridades españolas” (que, en este caso, habremos de ubicar en el Ministerio de Hacienda y AAPP), con las que ya se mantuvo una reunión oficial en mayo de 2014 (de la que, por cierto, nos enteramos ahora, y gracias a que la Comisión lo ha divulgado, porque lo que es aquí nadie había dicho ni “mú”…; eso debe ser lo de la “transparencia”, ahora tan en boga).

iii.- La Comisión, en su análisis, disecciona aquellos aspectos que, ya a priori, entiende susceptibles de un examen posterior de aquellos otros que no los ve acreedores de tal atención. Así, entre estos últimos no cree reprochable el exiguo plazo concedido para la declaración, ni su imperativa presentación telemática, ni tampoco la propia complejidad de la declaración, entre otros aspectos porque, y siempre según la UE, “a nuestro entender, según la información facilitada por las autoridades españolas, la imposición de multas podría depender de la disponibilidad o no de la información complementaria posterior a la declaración inicial”. A ver, detengámonos siquiera un minuto en esta matización final pues ¿de dónde ha salido esa meliflua “información” cuando el 720 -y todo lo que conlleva- nos era presentado ya en sede parlamentaria como el “palo” que llegaría después de la “zanahoria” (la “amnistía”)?

Es más, ¿en qué pronunciamiento oficial, ya sea de la Secretaría de Estado de Hacienda, de la Dirección General de Tributos o de la AEAT, se ha divulgado públicamente esa -hasta ahora desconocida- razonabilidad a la hora de valorar la imposición de sanciones? Porque, lo que es a nivel nacional, se repitió hasta la saciedad que no cabía completar a posteriori lo que no se hubiera declarado en plazo. Por tanto, ¿qué información, y con qué base normativa, le han trasladado las autoridades españolas a la Comisión?

iv.- Hay, eso sí, dos aspectos sobre los que la Comisión se muestra proclive a la apertura de un procedimiento de infracción:

-. Uno, la desproporción en las sanciones “formales” por errores u omisiones. Y atención aquí, pues otra vez se matiza que “según la información disponible, parece que las multas por declaración tardía hecha voluntariamente por el contribuyente son muy inferiores a las impuestas en ausencia de declaración o declaraciones inexactas”. ¿Cómo casa esta más que razonable “lectura” con la versión oficial que internamente se “vendió” en la que se auguraban todos los males del averno para aquellos que declararan extemporánea o erróneamente; vid a partir del minuto 23 y vid página 41?

-. Y, el otro, la calificación de los bienes no declarados como ganancias de patrimonio no justificadas sin que a tales efectos tenga incidencia alguna la prescripción.

Sea como fuere, y dicho con todas las cautelas que el asunto requiere, parece que se atisba una tenue luz al final del tenebroso túnel del 720, lo que nos permite albergar una razonable esperanza de que, algún día, este sea un episodio para contarle a nuestros nietos: “¿sabes, el abuelo dice que hubo una época en la que en España te podían meter en la cárcel por tener dinero en el extranjero sin declarar, aunque lo hubieras  tenido desde siempre? Sin embargo, si habías matado a alguien, te podías librar si te descubrían muchos años después… Entonces, ¿en qué quedamos? ¿somos o no somos peculiares?

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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