Luxemburgo habló, pero ¿convenció?

Afirmar que las situaciones concursales se han convertido en un “laberinto” mercantil y económico es ya casi redundante. Pero decir que esos recovecos compliquen, también, la gestión tributaria, quizá ya no lo sea tanto y es que no pocos de los efectos fiscales de los concursos son vistos como “colaterales”, cuando lo cierto es que pueden afectar -y mucho- al núcleo de la gestión de la empresa concursada; veamos algunos de ellos:

-. Hay que preservar la vigencia del certificado de firma electrónica, pues el concurso puede afectar a su validez y, con ella, a la posibilidad de que la empresa pueda presentar sus declaraciones telemáticamente y/o acceder a las notificaciones electrónicas (NEOs).

-. La propia situación concursal es causa de expulsión automática (sin perjuicio -obviamente- de que sea impugnable) del sistema de cuenta corriente tributaria, circunstancia que podría tensar, aún más, la tesorería de la empresa.

-. Si la situación de concurso pervive a la finalización del ejercicio, ésta motivará la exclusión de esa sociedad del Grupo Fiscal en el que viniera tributando consolidadamente.

Éstos y otros (¡qué decir de las quitas!) son aspectos fiscales merecedores de una especial vigilancia para llevar la gestión tributaria a buen puerto. Pero hoy quiero centrarme en uno más, uno que, ya desde un principio, generó no pocas controversias: el tratamiento en el IVA de las ventas inmobiliarias hechas por la concursada y, más en concreto, quién es el sujeto pasivo, es decir, el obligado a repercutir la cuota que, en su caso, se devengue con motivo de esas operaciones. A ver, el asunto viene de lejos y tiene su origen en algún pronunciamiento que, emanado de Juzgados de lo Mercantil, permitían interpretar que el propio IVA repercutido -y ya abonado por el comprador- se destinase no a su ingreso en el Tesoro Público sino a atender compromisos diversos, ya fueran de índole salarial o comercial.

Esta interpretación alentó una agria polémica que llevó a que el propio Director del Servicio Jurídico de la AEAT indicara, no exento de razón, que “Hacienda está financiando los concursos”, habida cuenta de que esa cuota no ingresada en el erario público era, además, deducida por el comprador: todo un torpedo en la línea de flotación de los intereses públicos defendidos por la AEAT. Estas controvertidas prácticas sufrieron un serio revés desde el 1/1/2012, fecha de entrada en vigor de un cambio en la Ley del IVA que vino a señalar que en esas operaciones inmobiliarias opera la regla de “inversión del sujeto pasivo”, siendo el comprador -y ya no el vendedor concursado- el obligado a autorrepercutirse el IVA y, en su caso, a su ingreso. No obstante, este cambio normativo, tal y como ya entonces se denunció, trajo consigo una situación nebulosa habida cuenta de que imponía la “inversión del sujeto pasivo” en aquellos casos en que la operación inmobiliaria lo fuera “como consecuencia de un proceso concursal”, redacción resbaladiza que generó las lógicas dudas acerca de qué tratamiento sería el ortodoxo para las ventas inmobiliarias que no fueran “consecuencia” del concurso, sino que se realizaran, con plena normalidad, pero dentro de la situación concursal del vendedor.

Pues bien, aquella inquietud dio lugar a que un Juzgado de lo Mercantil de Granada planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha sido resuelta mediante la sentencia de éste del pasado 13/6, en la que -si bien es cierto que en unos términos algo vagos, que quizá hubieran merecido algo más de concreción- se afirma que, en tales supuestos, la regla de “inversión” “engloba cualquier venta de un bien inmueble realizada por el deudor de un crédito ejecutivo, no sólo en el marco de un proceso de liquidación del patrimonio de éste, sino también en el marco de un proceso concursal anterior a tal procedimiento de liquidación, siempre y cuando la citada venta sea necesaria para satisfacer a los acreedores o reanudar la actividad económica o profesional de dicho deudor”.

¿Asunto resuelto? Pues quizá no del todo, pues la respuesta a cuándo esa venta sea necesaria y cuándo no es -en palabras de Carlos Nieto Delgado, Juez de lo Mercantil de Madrid; suplemento “Iuris&Lex” El Economista de 21/6/2013- “la repregunta a la gallega que nos devuelve el TJUE a la incisiva y pertinente cuestión planteada por el Juez Mercantil de Granada. Pero los jueces españoles no podemos permitirnos el lujo de repreguntar a los justiciables, así que yo tengo clara la respuesta a la cuestión que el TJUE nos devuelve: conforme está configurada la venta de bienes en fase común en el artículo 43 de la Ley Concursal, no responde al supuesto previsto por el artículo 199.1.g) de la Directiva y así lo razonaré cuando tenga oportunidad para ello”.

En fin, que parece que, pese a la sentencia del TJUE, debate habemus…

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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Una respuesta a Luxemburgo habló, pero ¿convenció?

  1. Esaú dijo:

    Muy buen resumen, Javier. En este tema pienso que el Tribunal europeo llega a la única formulación a la que se puede llegar y es que será el juez del concurso el que valorará la necesidad de la venta del inmueble. Lo que no puede ser es lo que ocurría ahora, que los bancos -ese fagocitador de nuestra era- cobraban parte de sus créditos a través de hacienda, que somos todos.
    Leí la columna de Su Señoría, cuyo estilo prosaico me agrada, y no me pareció muy sensata su conclusión y, sobre todo, su planteamiento futuro me aterra, pues parte del dogma irrebatible de que va a considerar por defecto, caiga quien caiga, que la venta no es necesaria con lo que la banca gana y el contribuyente pierde en todo caso.
    Me parece muy mal esa postura maximalista e innegociable; sobre todo, viniendo de alguien que ha de ser el aplicador inmediato de la norma. En fin, espero que una lectura en calma de la definitiva resolución de Luxemburgo haga que relativice un poco.
    En cualquier caso, como bien concluyes, seguimos teniendo el debate abierto.
    Un abrazo,
    Esaú

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