Los criterios de reparto de las potestades normativas del ISD y la normativa comunitaria

No es de extrañar que muchas de las tormentas que se avistan en el horizonte de la fiscalidad provengan del corazón de Europa. Los vientos del cambio a golpe de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son una constante en la normativa tributaria de los últimos tiempos, y lo seguirán siendo a menos que, quizá aprovechando la próxima reforma fiscal que se avecina, expresamente se realice una limpieza concienzuda de los preceptos que contravienen la normativa comunitaria.

A mediados de este año se espera que el TJUE publique una sentencia que podría resquebrajar los cimientos de una parte de nuestro ordenamiento tributario. Si les parece hago una aproximación a la cuestión a partir de un pequeño ejemplo.

Digamos que una persona, residente en Madrid y titular en la actualidad de un millón doscientos mil euros depositados en una cuenta bancaria domiciliada en una sucursal próxima a su vivienda, decide regalárselos a cada uno de sus tres hijos a partes iguales. Como los avatares de la vida los han repartido en diferentes ciudades, pongamos que el mayor reside en París, el mediano en Vigo y el pequeño sigue viviendo allí donde reside su progenitor. A nadie de este foro se le escapa que las consecuencias tributarias de un acto tan simple como la entrega gratuita del dinero no pueden ser más diversas en cuanto a la obligación de pago que se deriva del cumplimiento de la norma fiscal.

En el caso del hijo pequeño, el regalo supondrá abonar al Fisco madrileño unos 810 euros, dado que la Comunidad Autónoma de Madrid ha contemplado para este caso una bonificación del 99 por 100 de la cuota si la donación se formaliza en documento público y se justifica el origen del dinero. Para el hijo que se ha ido a vivir a Galicia, y bajo la premisa de la protocolización de la donación también en escritura pública, la carga tributaria le llevará a ingresar a la Hacienda autonómica 24.000 euros. Finalmente, el hijo mayor, sometida la donación a obligación de pago del impuesto sobre donaciones por obligación real al encontrarse el bien sito en España, deberá de abonar a la Hacienda del Estado un poco menos de 85.000 euros. ¡Qué cosas tiene el saber idiomas!

Es cierto que el simple hecho de proceder a la apertura de una cuenta en París a nombre del padre transfiriendo el dinero a esa cuenta y entregándolo posteriormente a su hijo mayor podría servir de solución al castigo de tener que pagar semejante cantidad. Dejando este detalle práctico a un lado, a nadie se le escapa que el único hecho que distingue a los tres donatarios es el lugar de su residencia. Así que es fácil deducir que la normativa fiscal del impuesto sobre sucesiones y donaciones que rige en el Estado Español es un obstáculo a la libertad de movimiento de personas y de capitales recogido en el Tratado de la UE por cuanto dificulta que los hijos de nuestro protagonista se muevan y se establezcan por el territorio de la Unión Europea.

Limitaciones similares pueden realizarse en cuanto a otras situaciones que plantea el régimen normativo del impuesto sobre sucesiones y donaciones español, respecto a las reglas que rigen la tributación de las sucesiones en relación con la ley aplicable a cada hecho imponible (el domicilio habitual del causante, la residencia del donatario o el lugar donde se ubique el inmueble en una donación de bienes raíces) o a la condición de sujeto pasivo, bien por obligación personal o por obligación real (en función de la residencia del contribuyente y del lugar donde se localicen los bienes que se entregan por causa de muerte o inter vivos), debido a que una gran mayoría de comunidades autónomas ha legislado en el ámbito de sus competencias una disminución de la imposición que se había dispuesto en su día en la Ley estatal 29/1987 del impuesto sobre sucesiones y donaciones y su reglamento de desarrollo.

Así que en virtud de la resolución del Asunto C-127/12, la comisión Europea contra el Reino de España, es previsible que el TJUE sancione inaplicables las normas que regulan la tributación de los contribuyentes de la UE no residentes en España que deben de tributar por obligación real en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. A partir de ahí, son muchas las dudas que se plantean en este revoltillo normativo dado que, precisamente la residencia habitual del causante, del donante, del causahabiente o del donatario, según los casos, es el origen del trato favorable o no que conceden las normas autonómicas. De ahí que al principio hubiésemos hablado de una cierta fractura de nuestro ordenamiento, pues el origen de este trato distinto proviene de la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA, y que establece en sus artículos 32 y 48 las reglas de funcionamiento de las potestades tributarias de las CCAA, y que, debido a su autonomía normativa, ha dado lugar a las diferencias impositivas que existen en los diferentes territorios del Estado español.

Estas diferencias, que generan competitividad fiscal entre CCAA, están pendientes del aval del Tribunal Constitucional por cuanto ya existe alguna cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo debido al trato desigual originado por la dispar normativa autonómica. Teniendo en cuenta la peculiar idiosincrasia de la organización territorial del Estado español, no me extrañaría mucho la aprobación del sistema por el TC del régimen vigente. Lo paradójico de esta situación, siguiendo nuestro ejemplo, sería que el TJUE podría considerar discriminatorio el trato concedido al contribuyente francés mientras que la situación del hermano domiciliado en Galicia no se vería afectada por la doctrina del Tribunal de Luxemburgo al dar prevalencia el ordenamiento interno español a otros principios bien distintos. ¿Forma parte Vigo de la Unión Europea?

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Francisco Veiga Calvo. Socio de J&A GARRIGUES

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3 respuestas a Los criterios de reparto de las potestades normativas del ISD y la normativa comunitaria

  1. RDIE dijo:

    Buenos días;

    Entiendo que el donatario residente en París ingresará su deuda tributaria en la Hacienda española (por aplicación de la obligación real de contribuir).

    Mi duda surge con el donatario residente en Vigo. ¿Satisfará su deuda tributaria en Galicia o en la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es el punto de conexión aplicable a este caso por la obligación personal de contribuir? ¿Cambia el supuesto si se trata de una transmisión mortis causa?

    Como vemos, de puntos de conexión va la cosa…

    • Francisco Veiga dijo:

      La jurisdicción competente en caso de donaciones es el domicilio del donatario salvo cuando se trate de un inmueble en cuyo caso será el lugar donde esté ubicado el inmueble. Par el supuesto de las sucesiones mortis causa, la jurisdicción competente es el domicilio del causante.

      Un saludo.

      Francisco

  2. Gabriel dijo:

    Buenos D. Francisco.

    Una persona reside en andalucia y tiene dos hijos ya mayores 50 y 65 años, en caso de fallecer el caudal bruto hereditario por cada hijo sería de 200.000 euros.
    En andalucía de momento existe una excensión de 175000 euros por heredero.
    Si esta persona dona en vida 50.000 euros a cada y estos tributan el impuesto correspondiente.
    Quisiéramos saber , si esta donación se hace 1 año o menos antes del fallecimiento, si en el momento de la sucesión, los dos herederos, podrían optar a la exoneración total ya que el caudal pasaría a ser de 200.000 a 150.000.

    Muchas gracias y saludos cordiales.

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