La sombra de la “doctrina Mahou” es alargada

Ya es sabido que las sentencias del Tribunal Supremo (TS) de 13/11/2008 restringieron sensiblemente la deducibilidad fiscal en el impuesto sobre sociedades (IS) de la retribución a los administradores (ya sean tales en sentido estricto o miembros del consejo de administración), determinando los dos aspectos que, desde entonces, han conformado lo que se ha venido a conocer como “doctrina Mahou”: la teoría del vínculo (la relación mercantil absorbe a la laboral) y la del milímetro (las pautas de tal retribución deben estar expresa y concretamente previstas en los estatutos sociales).

Desde entonces, mucho se ha escrito y debatido sobre la ortodoxia jurídica de esta interpretación y, sobre todo, acerca del alcance último de esta lectura jurisprudencial. Es decir, que más allá del estricto ámbito del IS, las dudas (y temores) se suscitan muy especialmente en relación a otros impuestos (IRPF, IP e ISD) que también se pudieran ver afectados por la “marea” de efectos resultantes de la “doctrina Mahou”, aspecto este sobre el que ya he tenido ocasión de pronunciarme en alguna ocasión, siendo así que lo que ahora procede añadir como relativa novedad en lo que respecta a esa concreta área de influencia del seísmo cuyo epicentro se ubica en el IS, es que el TSJ-Galicia acaba de emitir una reciente sentencia (15/5/2013) en la que señala que la deducibilidad fiscal del gasto es una cosa, y otra muy distinta “que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en el seno de la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas”, particularidad esta que es el determinante al objeto de cumplir con la “exigencia legal propia de la reducción que se pretende” en el ISD.

Pero el debate, una vez ubicado hace ya cinco años por el TS en los términos antedichos, volvió a cobrar gran interés a raíz de la sentencia, también del TSJ-Galicia, de 13/5/2011 con la que este vino a relativizar sensiblemente el grado de exigencia formal que -para la deducibilidad del gasto en el IS- se derivaba de aquellos pronunciamientos del TS, siendo así que el TSJ entendía que la previsión estatutaria relativa a la remuneración del órgano de administración no es “una exigencia formal carente de finalidad, que se agote en sí misma, sino que se trata de un requisito que tiene una finalidad garantista de los titulares de participaciones sociales actuales o los que en el futuro puedan tener tal condición. Y, en este sentido, del expediente administrativo se sigue sin dificultad la estructura estrictamente familiar de la mercantil demandante en la cual el administrador tiene una mayoría tal que, sin el menor inconveniente, podría acomodar los estatutos sociales a su criterio. (…), siendo de añadir que no consta elemento alguno de impugnación por parte de accionistas minoritarios, a la hora de aprobar las cuentas anuales que permitan significar que aquella garantía de la situación de los actuales accionistas -(…)- quede en entredicho por las retribuciones que, como tal, percibe el administrador”.

Pero la luz de esperanza que alentó aquel pronunciamiento judicial se acaba de disipar hace apenas unas semanas; el pasado 26/9 el TS estimó el recurso de casación que contra aquella sentencia interpuso la Agencia Tributaria (AEAT). Pese a la aparentemente sólida y fundada argumentación desplegada por la defensa del contribuyente, muy especialmente la esgrimida respecto a la sobreimposición que provoca la tesis de la AEAT pues el gasto soportado por la sociedad pagadora no deja de ser ingreso en el IRPF de la persona física perceptora de aquella retribución, lo cierto es que el TS estimó que la razón estaba de parte de la AEAT, y -sin entrar a valorar algunos de los retos dialécticos (entre otros, el ya apuntado de la sobreimposición) que el contribuyente planteó en su recurso, en el que llegó a señalar que la AEAT sufría “una completa confusión conceptual”- haciéndose eco de aquellos pronunciamientos de noviembre de 2008 (los precursores de la controvertida doctrina), anuló la sentencia del TSJ-Galicia.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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6 respuestas a La sombra de la “doctrina Mahou” es alargada

  1. Ignacio Arráez dijo:

    Ilustrativo Javier. Por lo menos, las últimas consultas de la DGT están aceptando, de alguna manera, el “doble vínculo”, de forma que si se demuestra que el administrador es, a la vez, el informático de la compañía, o el contable, dichas labores quedan fuera del ámbito de la teoría del vínculo, y por tanto sí serían deducibles.

    En fin, que tenemos pleitos para rato

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