La seducción de lo efímero

Algo tiene lo breve, lo instantáneo, que atrae la curiosidad humana. Quizá sea su innata e inevitable caducidad la que nos hace disfrutarlo de un moto especial, conscientes de que en apenas un momento se esfumará, quizá ya para no volver. Pensemos que, en el fondo, el popular refrán de “lo bueno si breve, dos veces bueno” no haría sino abundar de algún modo en la belleza de todo aquello que amenaza con disiparse apenas hayamos tomando consciencia de su mera existencia.

Digo esto a raíz de un reciente episodio (que, por cierto, también podría haber titulado más prosaicamente como “Poco dura la alegría en casa del contribuyente”) relativo a la modificación de las cuotas de IVA repercutido a clientes que se declaren en concurso. En este relato hay tres actores (aunque sería más correcto decir cuatro, pues el contribuyente también cuenta, obviamente): la Dirección General de Tributos (DGT), el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), el Poder Legislativo y el ya mencionado contribuyente (aquí genéricamente considerado). Para ubicar en sus justos términos el asunto, iluminemos el escenario: como ya es sabido, la Ley del IVA (LIVA; y, más en concreto, su artículo 80) contempla dos sistemas mediante los que el sujeto pasivo puede recuperar la cuota repercutida en el supuesto de que su cliente incurra en morosidad: i) el previsto en su apartado Cuatro, que consiste en rectificar negativamente la factura primitiva mediando ciertos requisitos, entre los que se encuentran que la morosidad alcance el año (o cuando menos 6 meses, tratándose de PYMEs) y que se reclame judicial o notarialmente el pago; y ii) el regulado en el apartado Tres que se circunscribe a los supuestos en los que el cliente moroso haya sido declarado en concurso en cuyo caso el repercutidor, mediando ciertas condiciones, podría recuperar la cuota repercutida no abonada.

Sea como fuere, lo cierto es que desde que ambos métodos conviven en nuestro sistema fiscal ya se suscitó la controversia acerca de su eventual compatibilidad: es decir, se trataba de determinar si, a estos efectos, la morosidad común y la concursal comparten un mismo universo o bien si cada una de ellas tiene su propio hábitat de actuación, sin posibilidad de interrelación alguna. Interesante cuestión puesto que lo atractivo del asunto es si una vez vencido el plazo para acudir a un mecanismo, se podía acudir libremente al otro, siempre que concurrieran el resto de circunstancias legalmente exigidas.

El primer capítulo de este debate se libró en la propia DGT donde se resolvió con resultado desfavorable para los intereses de los contribuyentes atrapados en esa aparente tierra de nadie. En efecto, la DGT se pronunció reiteradamente (vgr.: desde la CV132/2006, de 23/1, por citar una ya con cierta solera, hasta la más reciente CV2759/2011, de 21/11, entre otras) señalando la imposibilidad de acudir al mecanismo previsto en el apartado Cuatro cuando, respecto de los créditos controvertidos, se haya dictado auto de declaración de concurso, y ello pese a que se cumplan todos y cada uno de los requisitos previstos, siendo así que -siempre según la DGT- habría de acudirse necesaria, y exclusivamente, al método del apartado Tres, respetando a tal efecto los taxativos plazos de rectificación de facturas que se derivan de la normativa concursal. La razón última de esta postura de la DGT se encuentra en que una vez vencido el plazo concursal sin que el crédito se hubiera incluido en la lista de acreedores, la subrogación de la AEAT en la posición del proveedor afectado por el impago dejaría a aquella en una delicada posición habida cuenta de que el crédito ahora titularidad del erario público sería ya subordinado y, como tal, de difícil cobro.

Así las cosas, y mediando esta reiterada doctrina de la DGT (que la AEAT hizo suya), ya era sólo cuestión de tiempo que el debate alcanzara la vía económico-administrativa donde germinó la meritoria (por bien trabajada) resolución del TEAC del pasado 20/9 (ref. 2471/2010) en la que, haciendo gala de su independencia funcional, contraría manifiesta y expresamente la interpretación de aquella, afirmando que “no comparte plenamente el criterio de la DGT, ni respecto de la pretendida incompatibilidad legal entre ambos procedimientos, (…), ni respecto de los motivos de dicha supuesta incompatibilidad”.

Respecto al carácter excluyente de un sistema frente a otro, afirma el TEAC que “no existe ninguna incompatibilidad (…) y así se desprende de la dicción literal del artículo 80. Cuatro, en el que, tras tratar en el apartado anterior de la modificación de la base imponible en los supuestos de concurso, dispone “la base imponible también podrá reducirse (…)´´”, entendiendo que es, precisamente, ese “también” el que permite compatibilizar ambos regímenes. Y en lo que respecta al argumento de que la admisión del sistema dual perjudicaría la bondad del crédito tributario, dice el TEAC que “podría darse el supuesto de que la Hacienda Pública tenga conocimiento de la rectificación una vez que ya ha transcurrido el plazo para personarse en el concurso, aun habiendo acudido el acreedor al procedimiento del artículo 80. Tres, motivo por el que este Tribunal no comparte la postura de la DGT para negar la posibilidad de acudir a uno u otro procedimiento, puesto que en cualquiera de los dos casos puede ocurrir que la Administración no pueda insinuar el crédito nacido de la rectificación en el concurso dentro del plazo de llamamiento a los acreedores”.

Todo bien, ¿asunto pues arreglado? Me temo que no; recuerden que al inicio anunciaba que en este relato hay cuatro actores, y aún falta uno por aparecer en escena: el Legislativo. En efecto, el “Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica”, ahora en la última fase de tramitación parlamentaria, incluye en su artículo 12 una sustancial modificación del artículo 80. Cinco LIVA mediante la que se introduce, ya de un modo legalmente indubitable, aquella expresa incompatibilidad que doctrinalmente venía sosteniendo la DGT, por lo que -y de ahí el título que preside estas líneas- la valiente interpretación mantenida por el TEAC apenas habrá tenido unos tres meses de vigencia (habida cuenta de que lo previsible es que esta modificación normativa sea ya efectiva en las próximas semanas), no habiendo sido necesaria su impugnación, ni su declaración de lesividad. No; en esta ocasión nada mejor que el propio BOE para ahogar un debate en el que apenas se había comenzado a intuir una tenue luz al final del túnel. Así se escribe esta historia.

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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