La reforma fiscal y la fiscalidad de la vivienda: una oportunidad lamentablemente perdida

Son muchos los titulares que se han presentado en las páginas de los diarios sobre el conjunto de modificaciones tributarias que se han publicado en el BOE el pasado 27 de noviembre. No obstante, mi memoria no alcanza a recordar si se ha dicho algo acerca de las modificaciones fiscales que, fundamentalmente en el ámbito del IRPF, afectan a una cuestión tan compleja e importante como la relacionada con el mercado de la vivienda. En relación con esta materia, lo más relevante parece haber sucedido en el pasado, pues el asesor tributario ya ha asumido que la deducción por adquisición de vivienda ha dejado de existir salvo la transitoriedad de quienes han comprado antes del 1 de diciembre de 2013, aún a pesar de que se les haya hurtado los porcentajes de deducción incrementados para quienes acudieron a la compra utilizando financiación ajena.

Adicionalmente, las modificaciones a la Ley del IRPF eliminan para el año que viene la deducción por alquiler bajo el pretexto de un trato igualitario a las dos formas más comunes de acceder a un techo.

No obstante, no podemos dejar a un lado que nuestra realidad más inmediata nos dice que España supera con creces 1,4 millones de casas desocupadas (Radiografía del Mercado del Alquiler 2014, Alquiler Seguro), y paralelamente Cáritas en un informe de 2012 estimaba en unos 3 millones el número de personas que tenían en España una vivienda indigna. Estas cifras representan un panorama desolador.

Por otra parte son muchas las circunstancias que convergen detrás de la vivienda, apunto algunas de ellas a vuela pluma:

  • La vivienda desde un punto de vista jurídico es un derecho constitucionalmente protegido pero directamente vinculado a una política urbanística que se planifica de forma descentralizada.
  • El mercado de la vivienda cuenta con una demanda condicionada por los ciclos demográficos y el acceso al crédito y una oferta dependiente del propio ciclo económico y de factores ajenos al propio mercado resultado de los diferentes usos alternativos a la vivienda.
  • La vivienda es un producto que forma parte de una potente industria que ha alimentado a sectores como la construcción y la promoción inmobiliaria y a numerosos profesionales, arquitectos, agentes inmobiliarios, notarios, abogados,…
  • Es, además, un vehículo para la atracción de emigrantes de alto poder adquisitivo y una tradicional reserva de valor contra la inflación.
  • Desde el punto de vista de la psicología social, muchos de los intervinientes en este mercado asumen que ser inquilino es tirar el dinero y que la vivienda no pierde su valor.

Así que son muchos los intereses que colisionan con las dos cifras que figuran al inicio de esta entrada. Y quizá atendiendo a algunos de estos intereses, el Gobierno de Rajoy, que se puso el abrigo de la protección del interés recaudatorio a costa de los derechos individuales para redactar su proyecto de modificación de la Ley General Tributaria, a la hora de tratar sobre la fiscalidad relacionada con la vivienda, ha tratado el asunto con mucha tibieza en atención a la gravedad de la situación y cierto sesgo a favor de los intereses de los propietarios de inmuebles.

Y digo esto último porque de tapadillo, la Ley 26/2014, que reforma el IRPF entre otras normas, vuelve a consagrar al rentista inmobiliario como empresario al que ahora solo se le exige una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa para que se entienda que su actividad goce del calificativo de actividad económica.

Personalmente, me da la risa cuando comparo a empresarios y emprendedores de verdad que ofrecen bienes y servicios en mercados muy competitivos, con aquellos propietarios de inmuebles a los que a la mayoría casi les da lo mismo tener inmuebles arrendados a juzgar por las reservas de liquidez que tienen en sus cuentas.

Sí, ya lo sé, conviene traer a colación aquí la postura de los tribunales administrativos y el TEAC al frente que, atendiendo a una interpretación finalística (cuántes veces es al contrario a su conveniencia), vienen a exigir en estos casos cierto volumen de negocio además de los consabidos requisitos de local de negocio y contrato laboral. Valga decir de rondón que dicho criterio parece contrariar lo que en otras ocasiones hubiera constituido una fictio legis o presunción legal, contra la que no cabría objetar prueba en contrario, de ahí que no tenga todas conmigo en que este criterio vaya a acogerse por parte de los tribunales de justicia. En cualquier caso, tengo mis dudas que intercambiar inseguridad jurídica a cambio de una mayor recaudación tributaria sea el camino correcto.

Y yo creo que no hacía falta tanto para dar un giro a este asunto, pues mirando por el rabillo del ojo podemos comprobar cómo el artículo 53.2 de la Ley actual del Impuesto sobre Sociedades, artículo 48.2 en la nueva Ley del Impuesto, establece como condicionantes objetivos para que una sociedad pueda considerarse como una entidad dedicada al arrendamiento de vivienda, un número determinado de viviendas arrendadas por un tiempo mínimo.

Me pregunto por qué motivo no se incorporó al texto normativo un requisito similar que exigiera a estos “empresarios” cierta actividad inmobiliaria objetivamente acreditada. A la mencionada seguridad jurídica se le añadiría cierta presión del lado de la oferta para que el mercado inmobiliario del alquiler se reactivara un poco, olvidándonos de la zanahoria que representaba la deducción que se llevaba el arrendatario hasta la fecha, y que previsiblemente ha tenido muy poca relevancia en la promoción del alquiler, poniendo el acento en el palo al arrendador a fin de que se convierta en un agente que debería de ser más activo a la hora de dar una salida a tanto inmueble sin uso alguno.

Y cabría también plantearse por qué no exigirle al propietario del inmueble, que no se ha alquilado en un tiempo razonable, un gravamen adicional a través, por ejemplo, de incrementar la cuantía de la imputación de la renta inmobiliaria en el supuesto de que la cifra de los inmuebles no arrendados superase un determinado umbral.

Creo que medidas de este calado tendrían un encaje más adecuado con una consideración social del derecho, que las amenazas a la expropiación y otras lindezas que se anuncian en ciertos sectores de la izquierda como medida para la solución del problema que apuntaba al principio de esta entrada. En ausencia de medidas de este tenor, entretanto las personas buscan salidas apuradas ocupando la casa del abuelo o acudiendo al mercado de pisos compartidos, donde proliferan rentas opacas y economías de subsistencia.

¿De verdad no se podía haber hecho nada más desde el ámbito de la política tributaria?

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José Galtier Ferreira

jose.galtier@gmail.com

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Una respuesta a La reforma fiscal y la fiscalidad de la vivienda: una oportunidad lamentablemente perdida

  1. Carmen dijo:

    Excelente artículo.

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