La reforma fiscal que viene y las verdaderas reformas pendientes

"La reforma fiscal que viene" A estas alturas, cuando ya contamos con un texto que será objeto de debate en las Cortes Generales y que probablemente no sufrirá cambios severos, a ninguno de los lectores de este blog le resultará extraño leer que los cambios que introducirá la llamada reforma fiscal no son más que un conjunto de modificaciones normativas de diversos preceptos fiscales en los que motivos ajenos a la eficiencia y a la justicia impositiva, como los intereses electorales a unos meses vista de unas nuevas elecciones generales, han intervenido decisivamente.

Además, junto a cambios que afectan al cálculo de la cuota tributaria de diferentes impuestos, se han introducido de rondón modificaciones tan poco garantistas como una generosísima ampliación de los plazos del procedimiento inspector que harán impracticable la falta de interrupción de la prescripción de la acción, para liquidar una deuda tributaria cuando el proceso inspector supere un tiempo de duración razonable.

El hecho de que una actuación de comprobación e investigación no se prolongue en el tiempo más de lo estrictamente necesario es una garantía del sistema, como también lo es que si esto se produce, la Administración no pueda obtener beneficio del retraso causado por su inacción. La modificación propuesta viene a alterar este principio al hacernos creer que 27 meses es tiempo absolutamente necesario para llevar a cabo una actuación inspectora con tal de que la entidad inspeccionada haya tenido que someterse a la obligación de auditoría de sus cuentas. Así que podrá usted haber presentado la liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2021 sin saber si la liquidación correspondiente al ejercicio 2014 se ha elaborado correctamente a juicio del fisco debido a que en junio de 2019 se han iniciado actuaciones inspectoras. Una vez más la seguridad jurídica se pone al servicio de los intereses recaudatorios del Estado.

En mi última entrada a este blog, “La fiscalidad de la moneda virtual: la defensa de los privilegios del Estado frente a los intereses de los individuos” traté de ejemplificar, en la reacción del fisco estadounidense frente al uso voluntario de los ciudadanos de la moneda virtual, el conflicto velado que constituye el signo de nuestro tiempo entre los intereses del poder político y los de los ciudadanos. Si el sistema no contiene suficientes contrapesos que limiten las facultades de los poderes públicos, no nos puede resultar extraño que todos estos conflictos se resuelvan en perjuicio de los ciudadanos y a favor de la parte más fuerte.

Aún no superada la crisis económica más severa de la historia moderna de este país sin que el Estado haya alcanzado el equilibrio en las cuentas públicas, sería procedente preguntarse si es conveniente propiciar una reducción de los tipos impositivos en el IRPF (impuesto de la renta de las personas físicas) y en el impuesto sobre sociedades (contrarrestada en algunos casos por modificaciones que suponen notables incrementos en el importe de la renta gravable) justo para que entren en vigor estas modificaciones en el año en que los ciudadanos estamos convocados para renovar la composición del Parlamento.

A esta sensación de optar por soluciones provisionales se le añade la incapacidad de los poderes públicos para ofrecer a la ciudadanía un debate responsable y para obtener consensos entre diferentes fuerzas políticas en asuntos relevantes.

Por poner un ejemplo ajeno al propósito de este blog, es incomprensible que un aspecto de tanta trascendencia social como el conflicto entre la protección del no nacido y los derechos de la madre, se resuelva de una forma tan distinta en función del partido político que gobierne sin importar que los ciudadanos, que tendrán que afrontar ciertas decisiones de una situación tan delicada, se vean sometidos a unas consecuencias jurídicas distintas en función de quien habite en la Moncloa.

Vivimos en un momento en que es necesario afrontar problemas complejos que requieren soluciones complejas y sutiles. Y sin embargo, la moneda común es la aplicación de parches de efecto temporal limitado. A esta situación se le une una corriente de opinión mayoritaria a partir de la cual la solución de todos nuestros problemas tendrá que venir del Estado. Los políticos, especialmente en época de captación de votos, no dejan de manifestar que el pueblo es sabio cuando lo cierto es que somos fácilmente manipulables a través de la presentación de una realidad tergiversada que se ofrecerá a mayor interés de los poderes públicos.

La mayor manipulación que nos puede ofrecer el poder político es la de exigir a los contribuyentes una conducta moral distinta a la que les corresponde y a la que adoptan las propios Estados a la hora de considerar su política fiscal. Trataré de justificar esta afirmación en los párrafos que siguen a continuación.

Las empresas tienen la obligación de hacer lo posible para preservar su propia supervivencia adoptando medidas que promuevan el crecimiento y/o la rentabilidad. Dentro de estos objetivos se incluye también la minimización de la factura impositiva. Los contribuyentes no tienen la más mínima obligación, ni moral ni de otro tipo, de pagar los máximos impuestos, sino más bien de adoptar las medidas, de forma honesta, para evitar que el fisco se lleve la menor cantidad de impuestos posibles.

Por otra parte, los propios Estados compiten entre sí para atraer riqueza y prosperidad a sus ciudadanos. Instrumentos para conseguir estos objetivos son la política fiscal y la presupuestaria. Esta competencia se presenta muchas veces a través de la concesión de incentivos de carácter fiscal a emprendedores, negocios o empresas.

Dichos incentivos podrían presentarse idealmente como pequeñas islas de no tributación para aquellos que reúnan determinados requisitos (en definitiva paraísos fiscales como el que España ha promovido, por ejemplo, a través del régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros creando situaciones de desimposición local para inversores extranjeros). Lo que sucede es que los Estados en su conjunto no actúan de forma coordinada a la hora de promover estos incentivos, lo que genera ineficiencias o posibilidades de no tributación susceptibles de aprovechamiento por parte de sociedades e individuos.

No obstante, los Estados en lugar de asumir su parte de culpa por estas ineficiencias han optado por transferir la responsabilidad de dichos agujeros fiscales a los operadores económicos. Así, por ejemplo, en el colmo de las exigencias que se le pueden reclamar a estos últimos, la OCDE en su célebre informe BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) propone que estos asuman la obligación de revelar sus esquemas de planificación fiscal agresiva. Aparte de lo subjetivo que resulta tachar una conducta de agresiva o no, lo curioso es que ninguno de los Estados se ha planteado si estos han planificado agresivamente su oferta de incentivos fiscales.  ¿Ven la diferencia de trato?

Los Estados cuentan con la inclusión de claúsulas antiabuso en sus leyes, con las normas relativas al abuso del derecho, con los mecanismos de cooperación internacional, con el intercambio de información internacional (automático, espontáneo o bajo petición), con la fuerza que le otorga el aparato de coacción del estado identificado en sus medios materiales y humanos, con la publicidad de sus actuaciones, con la revisión administrativa previa al acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa (y un largo etcétera) y aún con todo ello, se le exige al contribuyente que manifieste qué medidas agresivas ha adoptado para disminuir su tributación esperando de este una actitud ética cuando esta no le es exigible conforme a su naturaleza y objetivos.

Además, este planteamiento es interesado y falaz, pues parte de la idea de que el Estado no asume decisiones morales y de hacerlo, estas son las adecuadas, cuando precisamente en la inacción del Estado o en una dirección inadecuada de su actuación está una buena parte de los problemas que nos afligen. Enumero alguno de los que se me ocurren  en el ámbito del Estado español:

  1. No se han concretado mecanismos para exigir responsabilidades en relación con las decisiones y actuaciones de nuestros políticos.
  2. No se ha avanzado en la simplificación de la organización territorial del Estado y de las instituciones en búsqueda de la eficiencia en la actuación de los poderes públicos (a diferencia de Francia, por ejemplo).
  3. Los políticos y los altos cargos públicos cuentan con privilegios inaceptables para la mayoría de la población.
  4. El problema de la financiación de partidos políticos y sindicatos sigue sin abordarse de forma racional.
  5. No se establecen barreras adecuadas de separación entre los poderes públicos y la iniciativa privada.
  6. No se ha abordado el problema de la corresponsabilidad fiscal y presupuestaria entre las comunidades autónomas y el Estado.

Al parecer todos los aspectos anteriores son secundarios y lo peor de todo es que ganada la batalla de la propaganda, los poderes públicos han inoculado a los ciudadanos que el camino para la prosperidad es el aumento de las facultades de la Administración Pública, como si la generación de ideas, el crecimiento económico y el progreso social dependiera fundamentalmente del papel del Estado, cuando precisamente es al contrario.

La gente no suele darse cuenta de que la alta improbabilidad de un accidente aéreo se debe en parte a que el piloto de la nave también viaja en ella, por lo que a la hora de adoptar una decisión en una situación de crisis, no solo se pone en juego la vida de terceros sino la suya propia. Esta garantía es una de las carencias más notables de nuestro sistema político, pues nuestros dirigentes han demostrado una y otra vez que gobiernan una nave en la que no están a bordo, así que no nos puede resultar extraño que los intereses de los poderes públicos y de los ciudadanos no estén alineados.

Thomas Jefferson sabía, por la experiencia que le confirió su condición de embajador, que los ricos y poderosos roban y oprimen a los ciudadanos si tienen la más mínima oportunidad. A este respecto en sus Notas sobre Virginia decía que “en todo gobierno sobre la tierra hay algún rastro de debilidad humana, algún germen de corrupción y de degeneración que la astucia descubrirá y la malicia abrirá, cultivará y mejorará de manera imperceptible. Todo gobierno degenera cuando se confía solo a los gobernantes del pueblo. El propio pueblo es por tanto el único depositario seguro. Y, para que tenga seguridad, debe cultivarse el pensamiento.”

 Me pregunto si esto es algo que habremos olvidado.

 

 

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Francisco Veiga Calvo. Socio de J&A GARRIGUES

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5 respuestas a La reforma fiscal que viene y las verdaderas reformas pendientes

  1. Miguel Ángel Vilchez Pérez dijo:

    La verdadera reforma fiscal no ha llegado aún. El
    Gobierno sigue eludiendo el bulto. El sistema impositivo español es manifiestamente injusto. El principal Impuesto, el que grava las Renta de las Personas Físicas, sigue diferenciando estas según su procedencia, de tal suerte que no valora el esfuerzo y dedicación vital que exige su obtención para la persona beneficiaría de esa renta. Así se gravan en su mayor cuantía, dentro de la escala general, las rentas procedentes de actividades personales, que requieren una mayor dedicación y esfuerzo para su obtención, incluyendo en ellas tanto las del trabajo como las de actividades económicas. Sin embargo grava a un tipo reducido y casi fijo las obtenidas por el capital invertido de menor riesgo y escasa dedicación personal, lo que, a mi modesto modo de ver, constituye una clara forma de primar el no emprendimiento y la falta de esfuerzo y colaboración en El Progreso de la sociedad, que, sin duda alguna, es el producto del esfuerzo diario de millones de trabajadores, empresarios, profesionales y agricultores, que invierten cuando menos un tercio de su vida diaria en conseguir esas rentas que luego son duramente castigadas por el fisco.
    Además los regímenes especiales de cálculo de la base imponible de estas actividades, y singularmente el objetivo por módulos, consagra unas diferencias entre empresas competidoras en el libre mercado, que a mi juicio, vulnera la propia Ley de Defensa de la Competencia, al consagrar tributación distinta, a través de bases imponibles calculadas de forma diferente, para beneficios reales idénticos. Y todo ello aduciendo una mayor simplicidad de cálculo para el contribuyente, que, sin embargo, enmascara realmente la incapacidad de la Hacienda Pública para efectuar las debidas comprobaciones de la veracidad de las declaraciones formuladas.
    En materia de ganancias patrimoniales la situación es aún más escandalosa, pues se gravan a tipo reducido, rentas obtenidas por el mero cambio del mercado, en cuyo logro el contribuyente nada ha tenido que ver, ni ha tenido, generalmente, que efectuar ningún esfuerzo o adecuación, tan sólo esperar y beneficiarse de situaciones especiales favorables que han alterado el precio de su bien, lo cual es absolutamente injusto, y aún más cuando, por contra, si lo obtenido es una pérdida patrimonial, no puede deducirla de sus restantes rentas y sólo puede compensar la con ganancias del mismo tipo. Esta práctica contribuye a alterar el buen funcionamiento del mercado pues obliga, contra natura, en muchos casos a diseñar estrategias fiscales perniciosas e irreales.
    No quiero alargarme más, de momento, en otra ocasión me referiré más en profundidad a las lagunas de este IRPF y si me lo permitía a las de los restantes. Gracias por vuestra atención a todos aquellos que me hayan seguido hasta este punto.

    • Francisco Veiga dijo:

      Estimado Miguel, gracias por sus comentarios que darían seguramente para nuevas entradas en el blog. No obstante me atrevo a ofrecerle breves consideraciones que apunto a continuación. (i) Comparto ciertas observaciones en relación con los rendimientos que tributan en régimen de estimación objetiva. Sin eliminar del todo el régimen, me parece urgente reducir aún más su ámbito de aplicación y establecer supuestos tasados de inclusión en el mismo cuyo ámbito fuese fácilmente comprobable. (ii) En cuanto al tratamiento de las ganancias patrimoniales y, por extensión las rentas del ahorro, el asunto me parece más complejo. Le telegrafío algunas ideas que apuntarían a defender un tratamiento diferenciado. 1) Estas rentas son el resultado, en muchos casos, de rendimientos que ya han tributado anteriormente (en la base imponible del IRPF o del IS) y, por tanto, su tributación debe de añadirse a una cadena de gravámenes anteriores. 2) Si las añadimos a la base imponible general sería lógico que las pérdidas patrimoniales (que las hay) restasen sin límites la base general produciendo desimposición en las rentas del trabajo y de actividades económicas. 3) Si las ganancias patrimoniales se gravasen al tipo progresivo de la base imponible general se introduciría un desincentivo a la transmisión de activos, hecho este clave para facilitar el progreso social y el desarrollo de nuevas empresas. 4) Muchas de las rentas del ahorro sufren tributación en la fuente que no siempre se elimina totalmente. ¿Se ha preguntado porque esta fiscalidad del ahorro es moneda común en la mayoría de los países de la OCDE?. Espero que mis comentarios sirvan para avanzar en el debate. Un saludo.

  2. Javier Gomez Taboada dijo:

    Enhorabuena, Francisco, un magnifico “post”, con verdades como puños y muy interesantes e inusuales reflexiones.

  3. En cuanto a la competencia internacional para ofrecer al mercado las más “atractivas” condiciones fiscales, anexo “link” a un reciente estudio al respecto:
    http://taxfoundation.org/sites/taxfoundation.org/files/docs/TaxFoundation_ITCI_2014_0.pdf

  4. Pingback: “Coge el dinero y corre” (la España real ¿Y? III) | Espacio Tributario

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