La reforma fiscal I (LGT): De victoria en victoria hasta la derrota final

De tener alguna entre mis muy escasas virtudes a buen seguro que no estaría la capacidad adivinatoria, pues siempre he sido muy torpe a la hora de augurar el futuro, tarea en la que siempre yerro al dejarme llevar -según el caso- por un optimismo excesivo, por un hiperrealismo paralizante o por un desfondado pesimismo.

Sin embargo, tal como si fuera la excepción que confirma la regla, he de reconocer que cuando leí que el “Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del Sistema Tributario Español” hacía sus recomendaciones “sin entrar en lo que constituye la organización de la Administración tributaria ni tampoco en los procedimientos que aplica la Administración para la gestión y comprobación de los tributos” hubo una luz roja que se encendió en mi cerebro a modo de advertencia: “¡cuidado!”, venía a decirme…

Pues aquí se abre la posibilidad de que el Ejecutivo, sintiéndose libre de ataduras (léase recomendaciones que, luego, a la postre, tampoco fueron tan atendidas, así que no parece que en este concreto punto mis augurios acertaran en cuanto a las causas, pero sí quizá en lo que a las consecuencias se refiere), campe a sus anchas y en las iniciativas legislativas que apadrine al respecto, dé un paso al frente (¡otro más!) en esa senda que toma el sentido inverso al ya enterrado (y olvidado) Estatuto del Contribuyente para, ahondando en las ya exorbitantes facultades de la Administración tributaria, construir una estructura jurídica ad hoc que, minimizando aún más los derechos de los ciudadanos/contribuyentes, sirva como bandera en la que enfundarse como adalid de la lucha contra el fraude; ese nuevo mantra contemporáneo que todo lo puede y lo justifica.

Pero ¡ojo!, pues tal y como ha señalado públicamente el magistrado de la Audiencia Nacional Navarro Sanchís, no vaya a ser que “el Derecho de la crisis, se convierta en la crisis del Derecho”. ¡Gran frase con una enorme -inmensa- carga de profundidad en su interior!

 Modificación “parcial” de la Ley General Tributaria (LGT)

Sea como fuere, la cuestión es que de la mano de la tan cacareada reforma fiscal (que, obviamente, lejos de ser tal no es más que un simple remozado de chapa y pintura y así hasta la siguiente y enésima puesta a punto con el riesgo cierto de quedarnos tirados en la próxima curva…) se nos brinda una modificación “parcial” (aunque lo parcial, en casos como este, afecte al total) de la Ley General Tributaria.

A día de hoy, esta faceta de la reforma fiscal es la que está pasando más desapercibida, deslumbrada por los focos que se centran en otros aspectos más mediáticos como, por ejemplo, la ya célebre tributación de las indemnizaciones por despido que tal pareciera una magistral maniobra de despiste propia del orwelliano 1984 (en tal sentido, considero muy acertado el análisis que Francisco Veiga hizo en un post anterior , desenmascarando aspectos ocultos de ese ya mítico “ensanchamiento de bases imponibles”).

Y es, precisamente, esa desatención mediática (amén de la trascendencia de la modificación propuesta) la que me anima a dedicar algo de atención a esa nueva versión de la LGT, comenzando así a cumplir el compromiso al que me autoemplacé en el post del pasado 1 de julio.

1. Empecemos fuerte: se santifica la imprescriptibilidad de la comprobación de las Bases Imponibles Negativas (BIN) que, así, adquiere ya carácter atemporal. Como reverso de esta facultad desmedida, se nos “vende” que es la lógica correspondencia con el hecho de que se elimina la limitación de los hoy existentes 18 años para su compensación… Ante esto, tres peros:

i) De puro sentido común, pues una sociedad que demande más de tres lustros para compensar sus pérdidas está más cerca de la extinción que de otra cosa.

ii) Se echa en falta algún tipo de norma transitoria que regule a qué BIN les resultará aplicable esa eterna posibilidad de comprobación, extremo que cobra una especial relevancia habida cuenta de la obligación que habrá de conservar una enorme cantidad de documentación soporte.

iii) No parece atenerse a la fiel realidad el que la Exposición de Motivos identifique esta imprescriptible facultad en la existencia de recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo que así lo avalarían (en tal sentido, la sentencia de 14/11/2013 hace alguna consideración al respecto, pero lo es obiter dicta, es decir, sin que esa argumentación forme parte de su ratio decidendi lo que desvirtuaría el que se considere como una interpretación judicial en sentido estricto.

2. El Ejecutivo también apuesta por la posibilidad de sancionar conductas que sean calificadas como “fraude de ley” (hoy conflicto en la aplicación de la norma). Esta novedad pudiera tener problemas de encaje constitucional pues, tal y como tuvo ocasión de declarar el Tribunal Constitucional, entre otras, en su sentencia 120/2005, del 10 de mayo: “La utilización de dicha figura para fundamentar la condena del demandante de amparo como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública (…) resulta lesiva del derecho a la legalidad penal reconocido en el artículo 25.1 de la Constitución”. Además, el anteproyecto también contempla la posibilidad de que la Comisión Consultiva decrete la existencia de “fraude de ley” ante situaciones meramente hipotéticas que no se hayan dado en la realidad, eventualidad que anuncia la creación de un “corpus” de doctrina administrativa con aspiraciones de aplicación general. Ciertamente inaudito.

3. Sigamos…, se introduce como nuevo elemento revolucionario la interrupción de la prescripción de las llamadas “obligaciones tributarias conexas” (atención a este concepto novedoso, pues tiene visos de haber venido para quedarse: “Aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto”). Este extremo me produce una doble sensación:

i) Por un lado la ya añosa cautela me hace temer que este es un escenario en el que el previsible perdedor será, en la mayor parte de los supuestos, el contribuyente.

ii) Pero, por otro lado, no es menos cierto que intuyo que en esta novedad algo habrá tenido que ver el debate sobre el alcance omnímodo de la suspensión ya analizado en anteriores posts como por ejemplo, la entrada titulada “Que alguien ponga orden, por favor”  y “La doctrina del TEAC sobre la suspensión”, pues el elemento “tiempo” y su incidencia sobre la prescripción siempre ha sido un argumento que ha pivotado en un doble sentido (a favor del contribuyente y, por tanto en contra de la Administración; o a la inversa, según el caso) sobre la adecuada resolución de esa controversia.

Tal y como se había “vendido” urbi et orbi, se regula el régimen al que se sometería la divulgación pública de la identidad de deudores tributarios.

Aquí los comentarios son, si se me permite la expresión, “de bulto” por cuanto que, tal y como se contempla esta novedad, cabe, por ejemplo, que se expongan en la plaza pública para el escarnio general a contribuyentes que, lejos de ser defraudadores (que sería lo suyo), estuvieran en una delicada situación de liquidez que les dificultara afrontar sus obligaciones tributarias en plazo.

Así como que entre las deudas objeto de pública exposición se incluyan aquellas que hayan sido impugnadas y que, por tanto, pudieran resultar del todo indebidas. Creo, sinceramente, que esta aventura ejemplarizante debe ser objeto de una reflexión más sosegada, porque lo contrario nos aboca a situaciones del todo injustas e irreparables, ya que: ¿cómo se repone el honor, la imagen, de quien ha sido públicamente aclamado como un “incumplidor relevante de obligaciones tributarias”? ¿Estamos ante una nueva “pena de telediario”?

En el supuesto de impugnación de actuaciones tributarias, se consagra la prohibición de aportar pruebas adicionales a las que ya obren en el expediente de origen. Creo, humildemente, que aquí se están solapando de un modo peligroso varios aspectos que no se pueden mezclar.

Es obvio, sería absurdo negarlo, que si la actuación administrativa impugnada ha venido precedida de solicitudes de documentación/información que no han sido atendidas por el contribuyente, cuando hubiera podido hacerlo, no es de recibo que a posteriori, ya cuando se recurre la decisión administrativa que tomó aquellos antecedentes como base, se introduzcan en el debate elementos de prueba que podían haberse aportado entonces.

Pero una cosa es ese escenario (insisto, a priori del todo lógico y natural) y otra es negar el carácter revisor del procedimiento de impugnación que, siendo tal, conlleva la innata facultad de aportar cuantas pruebas en derecho sean factibles a favor de los legítimos intereses del contribuyente. Y eso, ya por no hablar de que en ningún caso habrá que entender afectado por esta boutade el ámbito contencioso-administrativo pues este se rige por su propia norma que no se modifica.

Novedades en el ámbito sancionador

No son pocas las novedades en el ámbito sancionador, pero -por hoy- me limitaré a señalar una: la innovadora (y creo que gravemente equivocada) posibilidad de imponer sanciones con motivo de discrepancias valorativas que se pudieran revelar con motivo del procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria (TPC).

Y ya para ir terminando (aunque lo cierto es que esta “parcial” reforma de la LGT daría para mucho más que estos breves comentarios aquí hechos a modo de tímida aproximación a algunos de sus postulados), señalar el muy grave -y, por tanto preocupante- progresivo vaciamiento competencial del poder judicial en favor de la Administración tributaria cuando de delitos fiscales se trata.

En este caso tal pareciera que sea la maquiavélica máxima de “el fin justifica los medios” la que haya animado al legislador a minimizar la intervención judicial (siempre de corte garantista para el contribuyente) a favor de alguna suerte de agilidad/efectividad en el cobro de la deuda.

Al final, como tantas veces, la recaudación y el afán por preservar el crédito tributario parecen estar detrás de esta pérdida de principios en el ámbito penal. No de otro modo se me ocurre calificar el insólito proceso de desmantelamiento de la intervención judicial en estos procesos penales. Atención a esta deriva pues no augura nada bueno, máxime teniendo en cuenta que no parece haber generado queja institucional alguna desde el Poder Judicial; así que podría aplicarse aquello de “terreno ocupado, terreno conquistado”.

Continuará… (¡seguro!).

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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5 respuestas a La reforma fiscal I (LGT): De victoria en victoria hasta la derrota final

  1. Juan Castro dijo:

    Preocupante me parece la posibilidad de que la Administración pueda sancionar en los supuestos de comprobación de valores. Sobre todo teniendo en cuenta que dichos procedimientos suelen estar vinculados en su inmensa mayoría a impuestos cuya gestión y recaudación se ha cedido a las Comunidades Autónomas (I.T.P., por ejemplo) siendo utilizado por éstas como un camino más de financiación a costa del contribuyente, valiéndose del famoso concepto jurídico indeterminado de “valor de mercado” y de una legislación claramente favorecedora a sus intereses.

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