¿La misma piedra?

Es obvio que la persecución del fraude fiscal debe convertirse en una prioridad nacional, volcándose en ello tanto los poderes públicos como la ciudadanía en general, intentando así -además- elevar nuestra conciencia cívico-tributaria que, según los estudios demoscópicos del IEF, demanda una sensible mejoría. Pero ello no es óbice para que, dedicando todos los medios necesarios a tan laudatorio fin, éstos se dirijan a donde sea menester y no a “matar moscas a cañonazos”, malgastando músculo y energía en la represión de conductas que, lejos de ser constitutivas de fraude (¡ay!, ese término tan vagamente utilizado), podrían ser meras y legítimas economías de opción.

El caso que motiva estas líneas hace recordar otro anterior, ciertamente similar, acaecido en la primavera de 2010, cuando el Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid dictó su Auto de 11/5 mediante el que ordenaba el archivo de las diligencias instruidas con motivo de un presunto delito fiscal cometido por profesionales de un gran bufete de abogados. Y es que, en aquel Auto, el Juez entendía que la AEAT realizaba “un ejercicio de imaginación creativa” pues, entre otros extremos, “resulta de capital importancia no olvidar que, en el Derecho Tributario vigente, no existe, ni rige, un principio que establezca que las actividades económicas se deban organizar en la forma más rentable u óptima para la Hacienda” , y es que “la mala interpretación objetiva de la Inspectora de Hacienda (…) se acrecienta cuando se aventura a realizar una interpretación extravagante del Estatuto General de la Abogacía” porque “parece razonable afirmar que no puede ser sustituido el imperio de la Ley (…) por el imperio de la AEAT” ya que “pretender dar saltos, mediante levantamiento de velos, desde las sociedades y los impuestos que las regulan, hasta el IRPF es algo más que delicado, y hasta peligroso, en el ámbito del Derecho Penal”.

Pues bien, como es sabido, la realidad, en ocasiones, se presenta en círculos, ofreciendo un carácter cíclico, y algo de eso debe de haber pues la historia ahora parece repetirse. El caso, ciertamente mediático -nuevamente con un célebre letrado como protagonista-, en esta ocasión emana del Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona que, mediante su Auto del pasado 21/11, decretó el sobreseimiento y archivo de las diligencias por la presunta comisión de un delito fiscal. Esta decisión judicial (que ya ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial, tanto por la Fiscalía como por el Abogado del Estado, por lo que la prudencia obliga a leerla en clave provisional y cautelar) constituye todo un himno a la autonomía de la voluntad, a la libertad de los operadores económicos, coincidiendo así con aquella previa de Madrid, al resaltar aspectos tales como que “no toda elusión equivale a defraudación fiscal (penalmente) típica”, o “que en el Derecho Tributario vigente, no existe, ni rige, un principio que establezca que las actividades económicas se deban organizar en la forma más rentable u óptima para la Hacienda”, o bien que “el contribuyente está facultado para optar, de entre plurales posibilidades que le ofrece la ley, por aquella que le resulte más rentable o de menor carga impositiva”.

En el caso enjuiciado en Barcelona, la querella presentada por el Fiscal se basaba en la presunta existencia de pretendidas simulaciones y artificios mediante los que el supuesto defraudador (siempre según la AEAT) habría eludido sus obligaciones fiscales, acusación que el Auto rechaza de plano señalando que “la Inspección Tributaria ha pretendido estructurar su denuncia en el terreno de la “simulación negocial´´, valiéndose de la potestad calificadora de la Administración, (…), olvidando que es la Ley (no el arbitrio de la Inspección) la base vertebral del tributo, y olvidando que la fijación y la calificación de los hechos relevantes ha de efectuarse desde la Ley”. Y es que “el Derecho Penal no puede admitir artificios o trampas que puedan enmascararse bajo lo que, eufemísticamente, se conoce como ingeniería financiera o tributaria que, en definitiva, no es otra cosa que elevar el fraude o engaño a la categoría de arte o ciencia matemática, pero no es menos cierto que tampoco puede, el Derecho Penal, admitir artificios interpretativos arropados bajo el principio de calificación, que abocarían a la utilización de la vía penal como alternativa a la vía administrativa para resolver los problemas que se presentan en ésta”.

Es cierto que la simulación, y los expedientes administrativos que pretenden desvirtuarla, se ha convertido de un tiempo para esta parte en uno de los caballos de batalla de la siempre meritoria lucha contra el fraude. Quizá, por eso, no haya sido casual que sea también la simulación -invocada por el Fiscal en el proceso judicial sobre cuyo archivo la Audiencia Provincial habrá de pronunciarse- la que ahora cobre la máxima actualidad pues la Comisión Europea emitió el pasado 6/12 una “recomendación” a los Estados miembros de la UE respecto a la, por ella así denominada, “planificación fiscal agresiva”, instando así la adopción de una norma común de lucha contra ese tipo de prácticas fraudulentas y que, según la propia Comisión, podría ser del siguiente tenor: “es preciso ignorar todo mecanismo artificial o serie de mecanismos artificiales introducidos con el objetivo fundamental de evadir impuestos y que conducen a una ventaja impositiva. Las autoridades nacionales deben tratar estos mecanismos a efectos fiscales en referencia a su realidad económica”, es decir, una vez más, se anhela una prevalencia del fondo sobre la forma. Meritorio y loable objetivo el aquí buscado por la Comisión, pero -tal y como ponen de manifiesto los dos Autos antes reseñados- la puesta en marcha de ese tipo de regularizaciones habrán de ser acordes con los hechos, distinguiendo (lo que, no es menos cierto, puede no ser fácil) el genuino y siempre reprobable fraude de las lícitas economías de opción. Y es que, así como toda simulación debe ser reprochable y, como tal, perseguible, no todo ahorro fiscal se sustenta necesariamente en una realidad simulada: convendría no olvidarlo.

 

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , garantía profesional.

SIGA

Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

Esta entrada fue publicada en General y etiquetada , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

2 respuestas a ¿La misma piedra?

  1. Pingback: Defraudar | Espacio Tributario

  2. Pingback: Las medidas cautelares: posología, precauciones y efectos secundarios | Espacio Tributario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>