La fiscalidad de las “labores del hogar”

Cuando las cosas iban bien -¡qué lejano suena ahora eso!-, o, parafraseando a Muñoz Molina, cuando “todo era sólido”, desde diversas instancias públicas se trasladó la idea (allí quedó, en el mundo de las ideas) de que pudiera ser factible establecer una remuneración de las “labores del hogar” cuando estas fueran desempeñadas por el/la titular de la propia morada. Aquello pasó, pero lo cierto es que la realidad, siempre tozuda, nos trae por la vía práctica el análisis legal del régimen tributario que podría resultar aplicable a aquello que hoy ya vemos más como una inalcanzable quimera que como una tangible realidad: la retribución de las tareas domésticas.

Veamos. En 2006 un matrimonio catalán (el matiz es relevante por lo que luego se verá) se separó, siendo así que mediante sentencia se aprobó el convenio acordado por los cónyuges en el que, entre otros aspectos, señalaban “que como consecuencia de su separación conyugal se produce un desequilibrio patrimonial de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del vigente Codi de Familia en perjuicio de la Sra. XXXX, que se concreta en la suma de 1.100.000 € que xxxxxxxxxx (entrega) en el momento de la firma del presente documento.
(… )
Con respecto a las pensiones establecidas en los artículos 97 del Código Civil y/o 84 del Codi de Familia, ambos firmantes acuerdan no establecer ninguna a favor del otro cónyuge, por no darse los requisitos estipulados en dichos artículos en beneficio de ninguno de los cónyuges, dándose por saldados y finiquitados desde ahora”.

A este respecto cabe señalar que el mencionado artículo 41 del Código de Familia de Cataluña dispone que:

“1. En los casos de separación judicial, divorcio o nulidad, el cónyuge que, sin retribución o con una retribución insuficiente, ha trabajado para la casa o para el otro cónyuge tiene derecho a recibir de éste una compensación económica, en caso de que se haya generado por este motivo, una situación de desigualdad entre el patrimonio de los dos que implique un enriquecimiento injusto.
2. La compensación debe satisfacerse en metálico, salvo acuerdo entre las partes o si la autoridad judicial, por causa justificada, autoriza el pago con bienes del cónyuge obligado. El pago debe tener efecto en un plazo máximo de tres años, con devengo de interés legal desde el reconocimiento, caso en el que puede acordarse judicialmente la constitución de garantías a favor del cónyuge acreedor.
3. El derecho a esta compensación es compatible con los demás derechos de carácter económico que corresponden al cónyuge beneficiario, y debe ser tenido en cuenta para la fijación de estos otros derechos”.

Por tanto, y sin ánimo de entrar en demasiadas honduras de índole civil, cabría señalar desde ya que esta “compensación económica por razón de trabajo” (así se titula el concreto epígrafe del código catalán que lo regula) es, en cualquier caso, independiente y, por tanto, distinta (pero no incompatible) de la pensión compensatoria prevista en el artículo 97 del Código Civil. Esta aclaración es relevante pues va a ser uno de los nudos gordianos sobre los que gira el debate acerca del tratamiento fiscal de la compensación por trabajo sufragada por un cónyuge al otro.

La cuestión es que la esposa (beneficiaria, en este caso, del importe abonado por tal concepto) autoliquidó su IRPF sin incluir renta gravable alguna por tal concepto, al interpretar -según luego tuvo ocasión de alegar- que se trataba de uno de los supuestos previstos por el artículo 31.3.d del Texto Refundido de la Ley del IRPF (TRLIRPF), es decir, aquellos en los que legalmente se determina la inexistencia de ganancia o pérdida patrimonial con motivo de la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes.

La AEAT, sin embargo, estimó que el importe sufragado por el marido constituía una renta del trabajo de la esposa, siendo así que le giró una “paralela” en la que, eso sí, le aplicó la reducción del 40% correspondiente a las rentas irregulares al entender que su período de generación se extendía desde la fecha celebración del matrimonio hasta la de separación.

Disconforme con esta interpretación de la AEAT, el asunto llegó al TEAC que, en su resolución del pasado 30/10, hubo de pronunciarse sobre el encaje tributario de esa peculiar compensación, siendo así que la esencia de su argumentación es como sigue:

1. La renta está sujeta al IRPF al no quedar en el ámbito del impuesto sobre donaciones.

2. De entre las diferentes tipologías de renta gravada por el IRPF, el TEAC entiende que la compensación objeto de análisis debe encuadrarse entre las del trabajo y ello en virtud de que:

i) La relación de diferentes fuentes de rentas del trabajo incluida en el TRLIRPF no constituye una relación cerrada sino meramente ejemplificativa.

ii) El TRLIRPF conceptúa como rendimientos del trabajo todos aquellos que, en palabras del propio TEAC, “deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal … y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas”. Esto es, contempla como rendimientos del trabajo todas aquellas contraprestaciones que deriven “del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria”, en tanto el precepto hace uso de la conjunción disyuntiva ‘o’ con vocación de incluir, no sólo las contraprestaciones o utilidades que deriven de existencia de una previa “relación laboral o estatutaria”, sino también aquellas en que, sin existir aquel nexo de relación laboral o estatutaria, derivan directa o indirectamente “del trabajo personal”. En esa situación encontramos las contraprestaciones o utilidades percibidas por el albacea y repartidor de herencia, por los sacerdotes de confesiones religiosas, por los jueces de paz, por los bomberos voluntarios o por los voluntarios de Protección Civil que colaboran en servicios de vigilancia y seguridad, entre otros; en ninguno de esos supuestos existe relación laboral ni estatutaria, siendo unánime la doctrina administrativa y jurisdiccional que califica las cantidades percibidas por estos como rendimientos del trabajo”.

iii) El TSJ-Cataluña, ya en su sentencia de 9/7/2010, analizó la naturaleza jurídica de esta peculiar “compensación” en relación a la pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil, señalando para ello que “para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio”. Es esta interpretación civilista la que, en palabras del TEAC, “equipara su tratamiento fiscal con el ofrecido para las pensiones compensatorias propiamente dichas; esto es, (…) que se integra en la base imponible del cónyuge beneficiario, en concepto de rendimiento del trabajo”.

iv) El TEAC descarta que el régimen fiscal de esta compensación pueda equipararse al previsto para la extinción del régimen económico matrimonial -tal y como pretendía la contribuyente- pues este, entiende el TEAC de un modo que se me antoja restrictivo, se ciñe a los supuestos en que se adjudiquen bienes o derechos, cuyo valor quedará congelado hasta la salida del patrimonio del cónyuge adjudicatario (consagrándose, así, un diferimiento de la tributación); tratamiento que malamente encajaría con el abono de un importe en metálico pues “con la entrega de una suma de dinero no hay ganancia patrimonial alguna que quepa diferir en el tiempo a un momento posterior” (en el supuesto de que, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 41, tal compensación se hiciera con “bienes”, quizá cabría otra reflexión, si bien el TEAC entiende que su propia naturaleza impide acogerse al diferimiento, pues ese régimen se restringe a aquellos supuestos de “causa distinta de la pensión compensatoria entre cónyuges”, circunstancia que, a la vista de tesis del TSJ-Cataluña, tampoco es lo que acontece en el supuesto aquí objeto de análisis).

3. Coherentemente con lo argumentado por el TEAC (pero en sentido contrario a lo sostenido sobre este concreto aspecto tanto por la Dirección General de Tributos -vgr. en su CV0117-07- como por el TEAR-Cataluña, entre otras, en su resolución de 8/6/2006), este entiende que la compensación habrá de conllevar la correlativa reducción de la base imponible del cónyuge pagador (esta parece que por el total de lo abonado, y no sólo por el 60% gravado en sede del perceptor). Otra cosa es si, en el concreto caso aquí enjuiciado (relativo al IRPF/2006), podrá el cónyuge pagador romper el obstáculo de la prescripción al objeto de poder reclamar la devolución a la que, en su caso, tenga derecho por no haber aplicado reducción alguna en su autoliquidación de aquel ejercicio (parece que aquí, una vez más, entrarían en juego las obligaciones tributarias conexas y su vidriosa relación con la prescripción). Y, en lo que a la esposa se refiere, tampoco parece que lo tenga fácil para instar en la vía civil una iniciativa mediante la que reclame que se eleve al íntegro lo en su día pactado como compensación al objeto de evitar que el “peaje fiscal” minore sensiblemente lo que entonces se habría interpretado -según el TEAC, erróneamente- como “neto de impuestos”.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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2 respuestas a La fiscalidad de las “labores del hogar”

  1. Ignacio Arráez dijo:

    Muy interesante Javier, qué mala suerte tienen algunos, la verdad.

  2. Juan Castro dijo:

    Y yo que estoy de acuerdo con la calificación jurídica de esta renta… ¿será el espíritu de la Navidad, que me embarga?

    Me gusta, al margen del perfecto análisis, ese apunte final sobre la posible apertura de la vía civil por parte de la (ex)esposa en aras de obtener una satisfacción por el coste fiscal de dicha indemnización. Pequeña ventana, ojo de buey más bien, pero siempre es bueno, creo, ante un revés judicial, poder transmitir cierta esperanza al cliente.

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