La España real

Aquellos que nos vemos obligados a lidiar cotidianamente con el universo tributario, con el paso de los años, no es extraño que caigamos en la perversa tentación de “elevarnos” en exceso, de levitar, tendiendo a explayarnos sobre asuntos que, con apariencia de grandilocuencia, nos hacen olvidar los aconteceres más propios de la vida real y que, como tales, son los que más nos afectan a todos en nuestra faceta de contribuyentes y, también, de ciudadanos (al fin y al cabo, dos caras de la misma moneda).

Precisamente por ello, para corregir esa tan innata como reprobable tendencia, hoy me siento obligado a compartir en este foro un episodio cercano, real, con los pies -los dos- en el suelo. Y el relato arranca bucólicamente, con el disfrute de mis últimas vacaciones estivales en un idílico enclave situado en la costa sur de España donde, pese a que uno de sus atractivos es la ágil movilidad y el no menos fácil acceso a las playas (tan maravillosas como kilométricas), ello no es óbice para que algunos de sus espacios de aparcamiento estén sometidos al abono de la ya célebre ORA (Ordenanza y Regulación de Aparcamientos).

La ORA, conviene recordarlo, no es más que una tasa cuyo hecho imponible, según reza la propia Ordenanza Municipal del Ayuntamiento en cuestión -“de cuyo nombre no quiero acordarme”-, viene dado por “el aprovechamiento Especial (lo de la “e” mayúscula debe de ser para darle un mayor énfasis a la propia especialidad) de la vía pública que supone el establecimiento de vehículos de tracción mecánica o eléctrica dentro de las zonas de estacionamientos regulados”. Como es sabido, la tasa se gestiona mediante el sistema de autoliquidación, pues no otra cosa es el ticket que se obtiene de las correspondientes máquinas expendedoras.

Bien, el caso es que todos somos humanos y el relajo veraniego y, por ende, vacacional, unido a los consabidos estragos intrínsecos a la asistencia reiterada a los chiringuitos playeros (ese patrimonio lúdico tan autóctono como intangible, y acreedor de toda protección), provocan que, alguna vez, tras abonar y poner el ticket a nuestra llegada (devengo), se nos olvide acudir nuevamente a la máquina para abonar el pago correspondiente al tiempo suplementario cuando ya se haya agotado el inicial. Así es, y desde aquí entono mi particular y afligido “mea culpa”.

Lo que ahora merece mi atención -tras este público acto de contrición- es el análisis de las consecuencias jurídicas que, a partir de ahí, se derivan para el infractor (oséase, el que esto suscribe). Destaca, en primer lugar, el peculiar sistema de notificación de la denuncia que, al amparo de lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza Municipal, “se notificará en el acto al denunciado”, si bien seguidamente se matiza que “no obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias: (…) b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté presente”. Bien,  del todo lógico y natural: la mera ausencia del conductor, es obvio, no le exime de la posibilidad de ser denunciado. Pero conectemos esta circunstancia con el hecho de que la propia Ordenanza contempla una peculiar “amnistía”, siendo así que el proceso sancionador se “paraliza” (a mí, particularmente, me tranquilizaría más que dijera que se “extingue” pues todo lo que se paraliza parece susceptible, per se, de volver a ponerse en marcha) mediante el pago inmediato de una “tarifa única” (¿qué es esto, una sanción, una tasa, un recargo, …?) de 3€ “cuando hayan infringido en exceso de tiempo en las zonas (creo que algo falla en esta redacción) o, de 8€ si han sido denunciados por carecer de ticket (….). Para ello, deberán abonar en el expendedor de tickets la tarifa única (¡dale con el concepto!) en las 24 horas (inmediatamente siguientes, cabe asumir) contadas a partir de la hora de imposición de la denuncia. Estos tickets de anulación de denuncia se podrán obtener en las mismas máquinas expendedoras y -¡atención, pues aquí viene lo relevante!- se introducirán CON (la mayúscula y subrayado son míos) la sanción (más bien, parece que habría de ser con la denuncia pues la sanción, como tal, se me antoja como un “ente” difícilmente “introducible”, si se me permite la expresión) en un buzón ubicado en el propio expendedor (…)”.

Ya,…, pero, ¿qué pasa si cuando regreso a retirar mi coche no hay denuncia alguna en mi limpiaparabrisas? Es decir, ¿qué ocurre si he sido efectivamente denunciado pero -imaginémonos a niños, y sus innatas travesuras, deambulando de por medio, por ejemplo- el boletín de denuncia no está donde debiera? Parece que, en tal supuesto (para nada de laboratorio, tan es así que es el caso que me atañe), la Ordenanza impide la posibilidad de abonar la tan cacareada “tarifa única” (en mi caso, de apenas 3€ pues contaba con un ticket previo cuyo tiempo fue excedido) dado que es del todo imposible cumplir con el requisito de introducir la denuncia en la máquina expendedora. Convendrán conmigo en que la prueba relativa a la inexistencia de la denuncia es, como toda la concerniente a un hecho negativo, diabólica y, por tanto, de imposible práctica.

Con esos antecedentes, recibo -ahora ya sí- por correo certificado una notificación mediante la que se me impone una sanción de 90€ -¡90€!- que, aunque brinda la posibilidad de una bonificación del 50% por pronto pago, me sugiere las siguientes reflexiones:

-. ¿Es de recibo que esa multa -¡90€!- sea el equivalente a la tasa correspondiente a 15 días de aparcamiento durante el tiempo “regulado” máximo permitido (9 horas/día)?

-. Ítem más, ¿es asumible que esa multa -¡90€!- sea el ¡¡¡3.000%!!! de la “tarifa única” de  3€ que, en el supuesto de exceso sobre el tiempo inicialmente abonado, ofrece la “amnistía” a la que, a mí, se me impide acogerme?

-. ¿Es aceptable que esa multa -¡90€!- sea el ¡¡¡11.250%!!! del importe (0´8€) de la tasa que tendría que haber abonado por la porción, en su caso, mínima excedida (35 minutos)?.

-. Dado que el ya citado máximo de 9 horas reguladas/día, me habilita a aparcar 24 horas/día (15 de ellas de estacionamiento libre), quiérese decir que la sanción -¡90€!- es el ¡¡¡36.000%!!! del coste/hora en el que se incurriría en esa hipotética quincena durante la que se me permitiría estacionar sufragando ese mismo importe.

Pero no se vayan todavía, que aún hay más, y es que pese a que la Ordenanza Municipal proclama solemnemente que “en todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a las mismas corresponderán, se aplicará el régimen regulado en la Ley 58/2003, General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan”, lo cierto es que no parece que en la desmesurada magnitud de esta sanción -¡90€!- se estén respetando los postulados de la LGT, y más en concreto los previstos en sus artículos 3.2 (“la aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad”) y, muy especialmente, 178 (“la potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con los principios reguladores de la misma en materia administrativa con las especialidades establecidas en esta ley. En particular, serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, PROPORCIONALIDAD y no concurrencia”; las mayúsculas y subrayado son míos). Y en cuanto al procedimiento sancionador se afirma literalmente que “la interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni de la sanción”. Pero, vamos a ver, ¿dónde está, entonces, el respeto a la suspensión “ex lege” contemplada en el artículo 212.3.a) LGT?, ¿dónde, en su caso, el artículo 138.3 LRJPAC?

Lo dicho, bienvenidos a la España real. ¡Ea! ¡Niñooooo, ponme otra de gambas!!!!

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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6 respuestas a La España real

  1. Tu aterrizaje a la España real ha sido, ciertamente, hilarante. Como dijera otro gallego en la fabulosa “Airbag”, lo importante es el “conceto”. Tan es así que, al tratarse de una sanción administrativa -que no tributaria- no hay derecho a suspensión y, lo que es peor, al tratarse de un gravamen local, tampoco te queda otra que acudir a los tribunales ordinarios, ergo más tasas, procuradores y demás hierbas…

  2. Ignacio Arráez dijo:

    Pues sí, llevas razón Javier. Otro expresivo ejemplo de desproporción es el siguiente: me llega una multa de 90 euros (45€ con bonificación), por una infracción cometida un día en que había dejado el coche a mi querido sobrino. De forma que procedo a comunicar al organismo competente que no era yo el conductor, y completé (de forma irregular, eso sí, pues no puse absolutamente todos los datos solicitados) la identificación del conductor infractor.
    Pocos días más tarde recibo una sanción de 300 euros!!!!!!! por no haber identificado correctamente al conductor. ¿Tiene algún sentido que la sanción al que debe actuar como “chivato” sea 3 veces más grave que el infractor en sí mismo??? Simplemente inaudito.

  3. Javier Gomez Taboada dijo:

    Gracias Ignacio y Esau por vuestras atinadas observaciones. No obstante, discrepo -Esau- con eso de que en la vía administrativa no tributaria no opera la suspensión automatica de la sanción, porque ¿Que sentido cabe darle, entonces, al articulo 138.3 de la Ley 30/1992???

  4. Bueno, me he expresado mal -veo que hay que ser técnico con el autor, cosa que agradezco-: en efecto, la suspensión se puede solicitar, pero se pierde el derecho a ese caramelo en forma de reducciones…Yendo a la vida real: yo una vez me encabrité porque la grúa se llevó mi vehículo a depósito de forma absolutamente incorrecta, según las ordenanzas municipales. Recurrí todo lo indecible en vía administrativa y fui a juicio. Fue esperpéntico -en estos tributos, hay oralidad- y, además de pagar procurador, el juez se limpió el culo con mis acendrados razonamientos…Como te gusta decir, “es lo que TE hay”…

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