La certidumbre de lo incierto

Leía hace apenas unos días un artículo (Fiscalidad, ¿hay expectativas?, de Modesto Ogea en el blog “¿Hay Derecho?”) que daba cuenta de la actual situación de la fiscalidad en España y en el que se afirmaba que “no hay que olvidar que en finanzas y en política (también en política fiscal) lo fundamental es el crédito, la confianza y la certidumbre. Sin embargo el contribuyente español y también el inversor se están viendo abocados a moverse y a desentrañar lo que podría calificarse de oxímoron (“contradictio in terminis”) fiscal, esto es en una incertidumbre cierta, lo que está generando entre los mismos un creciente estupor”. Me quedo con esa última reflexión, es decir, que vivimos en la incertidumbre cierta (que no es lo mismo que una cierta incertidumbre, al menos en una de las acepciones de la expresión) o, si se prefiere, en la certeza de lo incierto.

Esta idea, por otra parte básica, que viene a poner el foco sobre la inestabilidad normativa de nuestro sistema tributario, me parece que entraña una enorme relevancia. Cabe traer aquí a colación denuncias tales como la de mi bienquerido Juan Martín Queralt que, en su reciente introducción a Ley General Tributaria y demás normas complementarias (Tecnos, 2013), afirma, con toda la vehemencia que el lenguaje le permite, que vivimos “un tiempo en el que el legislador, dado a la improvisación, se ve, precisamente por ello, forzado a reiterar las modificaciones de los textos que tan sólo hace unos días han visto la luz en las páginas del BOE. Apenas el niño ha dado sus primeros pasos se le somete a un maratón para el que, naturalmente, no está preparado. La Administración, los Tribunales de Justicia y los que a diario tenemos que explicar o aplicar el Derecho nos convertimos en perplejos espectadores de un espectáculo que no es ciertamente edificante. Pero así son las cosas… por el momento. Albergo la confianza de que, llegados a un punto -y creo que ya lo hemos hecho-, todos debamos repensar si la cadencia con la que se modifica el ordenamiento vigente es la aconsejable”.

Y es que la constatación del vertiginoso ritmo de novedades legislativas en general y tributarias en particular quizá alcanza su paroxismo en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades (IS), el tributo que grava la actividad empresarial y que, precisamente por ello, quizá habría de ser el llamado a estar dotado de una mayor estabilidad, sosiego, para siquiera aspirar a esa ya aparente quimera en la que se ha convertido el “saber a qué atenerse”, expresión coloquial que no es sino la mismísima seguridad jurídica constitucionalmente consagrada. Veamos varios datos que nos vienen a demostrar esta tan cambiante realidad impositiva:

- En el cuatrienio 2009/2012 se aprobaron más de sesenta normas que inciden en el ámbito del IS (así lo ha denunciado el Consejo General de Economistas).

- Algunas -no pocas- de estas normas nacen utilizando el vehículo del real decreto ley, instrumento que constitucionalmente exige una “extraordinaria y urgente necesidad” (artículo 86.1 CE), siendo así que ya en el pasado hubo situaciones en las que se constató que no siempre estas circunstancias son las que concurren en la aprobación de estas normas (SSTC 31/2011 y 137/2011, entre otras).

- Muchas de estas novedades tienen una vigencia retroactiva al 1 de enero del año de su publicación, siendo así que ello conllevará situaciones de retroactividad impropia (ésta constitucionalmente aceptada, pues no se retrotrae al devengo del IS), pero también puede arrostrar escenarios de retroactividad máxima puesto que sería aplicable a contribuyentes que ya hubieran cerrado su ejercicio con anterioridad a su publicación (situación constitucionalmente reprobable; STC 182/1997).

- Varias de las modificaciones operadas (vgr.: límites a la deducibilidad de la amortización, umbral mínimo de los pagos fraccionados, restricciones a la compensación de pérdidas fiscales, etc.) toman como referencia no la magnitud de los beneficios generados por el contribuyente -que es la que determinaría su genuina y constitucional capacidad contributiva-, sino otra -su volumen de negocio/facturación- que, si bien dará una medida de su hipotética capacidad de generar ingresos (que tampoco debemos identificar necesariamente con la tan anhelada liquidez), no tiene por qué conllevar necesariamente la existencia de una abultada base imponible. De este modo, la capacidad contributiva y su correlativa presión fiscal (ya sea ésta permanente o temporal, siendo prueba de ello el progresivo incremento de los saldos a devolver tras la presentación del IS anual) están basculando hacia ciertos indicios que toman como medida unos parámetros que podrán aproximarse, con mayor o menor acierto, a lo que la normativa del IS clásicamente tomó como riqueza gravable (su base imponible).

En fin, que no nos cabe sino aguardar a que la tormenta amaine y que, cuando ello ocurra, las aguas vuelvan a su cauce, dotando así a nuestro sistema tributario (si es que, para entonces, aún existe algo digno de tal denominación) de la parsimoniosa estabilidad que éste requiere para servir a sus siempre tan elevados fines. Que así sea.

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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