La Agencia Tributaria quiere que la LFP también respete las reglas del juego

El verano de 1995 (anteayer, como quien dice) hubo un episodio del todo ominoso para el Estado de Derecho pues puso de manifiesto una absoluta falta de respeto a las reglas de juego: la Liga de Fútbol Profesional -LFP; -decidió que el Sevilla y el Celta debían descender a Segunda B por no haber aportado en tiempo y forma los avales que se requerían para permanecer en la máxima categoría del fútbol español. El escándalo fue mayúsculo y, finalmente, ambos equipos fueron readmitidos y la Primera División se recompuso con 22 equipos.

¿Todo arreglado? Pues parece que más bien no. Y es que por encima de las muy lícitas pasiones (futbolísticas inclusive), está el obligado cumplimiento de las normas, y éste no parece que en aquel episodio saliera muy bien parado. Vean, si no, las incisivas observaciones de Alejandro Nieto al respecto: “En España las normas no se cumplen suficientemente, hasta tal punto que las colecciones del Boletín Oficial del Estado no tienen más valor que el de un montón de papel viejo. Los españoles no tienen conciencia de que las leyes han de ser cumplidas y se creen que son entretenimientos con los que los políticos y parlamentarios justifican su existencia (algo de esto último, digo yo, sí que hay). Así sucede en todos los terrenos y no hay mejor ejemplo para comprobarlo que lo sucedido el año 1995 con los clubs de fútbol. Poco antes se había publicado una ley que condicionaba la permanencia en primera división al cumplimiento de determinados requisitos formales (entre otros, la constitución societaria y la aportación del capital social); algo perfectamente sabido por todo el mundo, dada la popularidad de este deporte y, en especial, por los presidentes responsables de tal cumplimiento. Pues bien, llegó el día fatídico y resultó que dos importantes clubs no lo habían realizado por lo que, por imperativo legal que no ofrecía dudas interpretativas, fueron descendidos por resolución ministerial a otra división. Pero a nadie se le pasó por la cabeza que la ley y la decisión administrativa llegaran a ser efectivas, puesto que todos sabían que la ley era un papel mojado y la amenaza de descenso una fanfarronada. Se movilizaron los socios, se organizaron manifestaciones callejeras y se paralizaron las sanciones, pareciendo a todos este proceso como una cosa muy natural (y de hecho así lo era) ya que las leyes no se toman en serio por nadie; ni por quienes las dictan ni por quienes tienen que cumplirlas”  (“La “nueva´´ organización del desgobierno”; 1996).

Es éste un asunto interesante: el sacrosanto respeto a las reglas de juego, ¿admite atajos por parte del propio Estado/Comunidad Autónoma/Ayuntamiento? ¿son modulables las interpretaciones en función de quién/quiénes se vean beneficiados/perjudicados por aquellas? En puridad, un Estado de Derecho ideal (que no necesariamente idílico) conllevaría que el clásico brocardo de “dura lex, sed lex” no admitiera matices, que fuera incuestionable. ¿Es éste el escenario que rige en España? Pues, pues, …, lamentablemente no, o, cuando menos, no siempre. Y, claro, puestos a hacer excepciones favorables/desfavorables, el debate se desenfoca pues se centra más en si el beneficiado/perjudicado era legítimo acreedor de ese benévolo/malévolo trato, que en el hecho del siempre reprochable incumplimiento del Derecho por parte del mismísimo Estado.

El universo tributario no es una excepción a este fenómeno patrio, y hay escenarios que ponen de manifiesto que en ocasiones se “navega” a favor o en contra de la corriente (según sople el viento). Así, a bote pronto, se me ocurren dos, ambos de candente actualidad: uno, otra vez, atañe al fútbol, y no es otro que la reciente trifulca que se ha desatado entre la LFP -encabezada por su presidente, que quizá se dejó llevar por la pasión en una entrevista concedida a un célebre periódico deportivo - y la propia Agencia Tributaria, que reaccionó airada, ante tamaña afrenta que tiene su origen en el debate suscitado con motivo de las inadmisiones de las solicitudes de aplazamiento del pago de retenciones. La cuestión, por muy dolorosa que sea, es que la normativa dice lo que dice -y aquí este “post” conecta con el publicado el pasado 8/1 por Francisco Soto, con el que, siempre desde el respeto, me veo obligado a discrepar cuando anhela tiempos mejores en los que la Administración vuelva a saltarse a la torera la Ley General Tributaria y podamos nuevamente aplazar este tipo de deudas”-, y de haber habido alguna interpretación administrativa cuestionable, me inclino por que ésta habría de ser más la sostenida por la práctica anterior que por la actual.

Otra cosa -¡muy distinta!- es que ni me guste lo que dice la norma en cuestión ni que algunos de los argumentos desarrollados por la AEAT en la Instrucción 6/2013 de 9/12, que ahora se esgrime como interpretación auténtica, me satisfagan (máxime considerando que el cambio normativo que la sustenta se remonta al 31/10/2012, ergo ¿porqué durante ese ínterin de más de un año la “praxis” fue la que fue?). Pero, como digo, eso es un aspecto distinto (y mucho) a que el cumplimiento de la norma sea el que es, con sus pros y sus contras …, y con independencia de la identidad del beneficiado/perjudicado (“a según”) por tal sumisión legal.

Hay algún episodio impositivo más que pone de manifiesto esta genuina “tara” nacional, como, por ejemplo, el que atañe al régimen de las cuotas de IVA generadas por la fábrica de Volkswagen sita en Navarra que durante lustros reportó a esa Hacienda Foral unas muy respetables cifras de recaudación (+/- el 10% del presupuesto anual de esa Comunidad, ¡casi nada!), y cuya titularidad es ahora objeto de controversia con el Estado. Cuando finalmente el asunto “estalla”, parece inevitable que se genere la consiguiente polémica y que ésta se judicialice, en este caso por partida doble: en la Audiencia Nacional, donde se sustancia el recurso presentado por UPyD contra la resolución de 7/5/2012 de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico Estado-Navarra; y en el Tribunal Supremo, donde el propio Estado habría anunciado su recurso contra la reciente decisión de la Junta Arbitral que sostuvo -con el voto discrepante de su Presidente- que “no existe un verdadero conflicto de competencias” entre la Hacienda Foral y la AEAT, contrariando así las pretensiones de ésta que llegó a afirmar que “el actual diseño de la operación tiene -de forma intencionada o no- un único beneficiario desde el punto de vista fiscal: la Hacienda Foral de Navarra”.

En este caso, al igual que en el de la pugna LFP vs AEAT, es del todo lógico preguntarse: si hasta ahora no había pasado nada, ¿realmente se estaba haciendo algo mal?, y, en tal caso, ¿el qué? O, por el contrario, ¿no será ahora cuando las cosas no se hacen como se debiera? ¿Cuándo se actuaba conforme a Derecho? ¿Antes? ¿Ahora? ¿O quizás ni antes ni ahora? ¡Uy, qué lío! Porque alguna vez se estaría haciendo bien, ¿no?: o antes, o ahora. Pero claro, si en el pasado se fue laxo (o estricto) sin que hubiera aparente margen para ello, ¿no son legítimas las quejas de los perjudicados por ese repentino cambio de actitud?

Sobre esto también se ha pronunciado, con la acidez que le caracteriza, Alejandro Nieto: “(…) vivimos en un Estado de Derecho de papel, no de realidad, y esto se sabe pero no es elegante decirlo y nadie mueve un dedo para remediarlo, dado que hay demasiados intereses -políticos, corporativos y, en particular, económicos- por el medio. (…) el incumplimiento es fruto inevitable del caos ordinamental. Las leyes son tan contradictorias que el funcionario más sincero y celoso se encuentra incapaz de acertar con el precepto adecuado, que termina incumpliendo. Con mucha frecuencia, la tolerancia está motivada por una sana intención pública. Pero sea como fuere, el resultado es que, por unas causas o por otras, ni los ciudadanos ni los funcionarios cumplen las leyes y la sociedad lo acepta. (…) El incumplidor aparece con el halo de Robin Hood y el atavismo ácrata del pueblo bloquea la acción de un Estado que debería ser moderno pero que no manifiesta tampoco interés alguno en actuar como tal. Así las cosas, (…), sobre cada ciudadano pende la amenaza de que, inesperadamente le sea exigido el cumplimiento exacto de la ley, rompiendo con ello el principio de igualdad y la mecánica general del sistema. Para entender la trascendencia de lo que se está diciendo, conviene pensar cómo funciona actualmente el sistema: se publican leyes que por su dureza, injusticia o incorrección nacen con vocación de incumplimiento; el Estado sabe que los ciudadanos no las van a cumplir, y lo tolera de antemano; los ciudadanos obran al amparo de esta tolerancia y, en lugar de con leyes, se actúa con reglas de convivencia-tolerancia, más o menos picarescas, pero efectivas (…). Pero el Estado se reserva siempre la posibilidad de aplicar la ley en casos individuales (…). El Estado de Derecho, (…), come, dormita y consiente. Como no tiene ni energía ni medios ni motivación para ocupar los espacios del Estado real, se limita a dejar las cosas como están y a cobrar parias a cambio de la tolerancia y, muy esporádicamente, a realizar una expedición de castigo para dejar bien claro dónde están la autoridad y la fuerza” (op. cit.).

 Y es que el problema, como tantas veces en la vida, quizá esté en esa “primera vez” en la que se pierde la cándida inocencia: una vez que se rompen las reglas en una ocasión, ya se les priva de su innata respetabilidad y, en las siguientes, el pudor va disminuyendo hasta que se pierde totalmente el remordimiento y, con él, la perspectiva. Atención, pues, no vaya a ser que al final esto sea como la célebre advertencia que Thomas de Quincey hacía en “Del asesinato considerado como una de las bellas artes” (1827): Si uno empieza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá detenerse. La ruina de muchos comenzó con un pequeño asesinato al que no dieron importancia en su momento”.

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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6 respuestas a La Agencia Tributaria quiere que la LFP también respete las reglas del juego

  1. Pingback: Artículo de uno de los abogados fiscalistas de Vigo | MAIO

  2. Buenas Javier,
    Muy interesante -a la par que deprimente- la conclusión del asunto navarro del IVA. Tiene toda la razón del mundo la AN en la falta de legitimidad porque, de lo contrario, ontológicamente cualquier partido político podría impugnar cualesquiera acto político y ello llevaría a la Nación a una situación de ingobernabilidad mayor de la que, ya de por sí, padecemos.
    A mi modo de ver, además de falta de legitimidad, también habría un problema de fondo en la cuestión y es si, realmente, lo que se impugna es un acto administrativo puro y duro o bien, como ya he dicho un acto político. Sobre esta discusión han corrido ríos de tinta en la doctrina administrativista y a ella me remito.
    Para concluir, en un país multicolor donde nacen abejas bajo el sol, la solución jurídica stricto sensu al vergonzoso trapicheo de IVA para financiar solapadamente a una región que, ya de por sí, tiene un régimen de financiación privilegiado, debería “vehiculizarse” -como se dice ahora, incorrectamente- a través del Tribunal de Cuentas, pero ya se sabe que el título oficial de este órgano ha sido sustituido por el más onírico “Tribunal del Cuento”.
    Apertas, meu. Esaú
    En fin, como te gusta recordar: !País¡

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