La AEAT (y miles de contribuyentes) ante el dilema de ‘Robben Island’

A Ángel Tordesillas, el mejor cicerone español en el África austral.

Hace apenas unas semanas, tuve ocasión de volver a ver “Adiós Bafana”, la película que -a través de la metamorfosis experimentada por su “carcelero de cabecera” (protagonizado por Joseph Fiennes)- relata parte del largo y duro cautiverio de Nelson Mandela y, sobre todo, el complejo proceso de negociación que el gobierno racista de Sudáfrica mantuvo con el Congreso Nacional Africano (CNA), que protagonizaba la oposición interior al abominable régimen del apartheid.


Aquella iniciativa del ejecutivo de Pretoria no fue ni desinteresada (pues buscaba una solución al “callejón sin salida” al que la propia segregación racial por él auspiciada le había abocado) ni tampoco genuinamente espontánea, pues se vio obligado a ella por la confluencia de varias circunstancias:

-. Durante la Guerra Fría, Sudáfrica ejerció de baluarte occidental frente al avance del comunismo en su entorno; así, alentó acciones militares (abiertas o encubiertas) en Mozambique (donde apoyaba las actividades de la RENAMO frente al régimen de Samora Machel -fallecido en un accidente de avión del que la propia Pretoria fue sospechosa-, cuya viuda acabaría casándose, precisamente, con Mandela), Angola (sosteniendo a la guerrilla de UNITA, liderada por Jonás Savimbi, en su lucha contra el gobierno de Luanda, lo que provocó auténticas batallas, en las que los sudafricanos se enfrentaron a los cubanos allí destacados para ayudar al ejército angoleño), hostigamiento que realizaba aprovechando su presencia en la fronteriza Namibia (donde, a su vez, se negaba a iniciar el proceso de independencia -había ocupado la entonces África del Sudoeste tras la derrota alemana en la 1ª Guerra Mundial- patrocinado por la ONU, lo que le llevó a luchar contra la SWAPO), e, incluso, en Botswana (donde llevó a cabo alguna acción de “castigo” contra presuntos activistas del CNA).

Este papel de sheriff (incrementado, si cabe, tras la caída del régimen también segregacionista de Ian Smith en la entonces Rhodesia, hoy Zimbabue) le granjeó el favor (o, cuando menos, le ahorró la condena) de algunas potencias occidentales, situación que cambió radicalmente cuando en la URSS se iniciaron los cambios impulsados por Gorbachov y, aún más, con la caída del muro de Berlín. Ese giro copernicano de la geopolítica mundial, abocó a Sudáfrica a un creciente aislamiento internacional pues su reprobable política racista le dio la condición de “paria”.

-. La situación económica del país se deterioraba, a su vez, como resultado directo de su aislamiento. A la pérdida de inversiones extranjeras, se sumaba la fuga de capitales propios por el recelo que causaba la creciente incertidumbre política. Esa inestabilidad, provocó también cierto éxodo de su propia población (incluidos numerosos blancos, muchos de ellos profesionales cualificados, que emigraron a Australia, Nueva Zelanda, o Reino Unido), temerosa de que la situación se degradara aún más y de que el país entrara en una insoportable espiral de violencia.

-. El ambiente cotidiano en el país se enrareció, con una creciente violencia política e inseguridad ciudadana, generando una constante sensación de peligro.

-. Y, sobre todo, la propia insostenibilidad del régimen del apartheid, ya no solo por una cuestión de principios (que, obviamente, también), sino porque la evolución demográfica del país evidenciaba que la población blanca perdía progresiva y crecientemente peso frente a la de color, lo que abocaba al sistema a su imposibilidad material de prolongarlo mucho más en el tiempo.

Todo ello provocó, tal y como antes se apuntaba, un proceso de aproximación entre el Gobierno de Pretoria y la cúpula del CNA, entonces encarcelada en Robben Island. Así las cosas, poco a poco, la eventual excarcelación de Nelson Mandela fue tomando forma como el futurible punto de inflexión que podría marcar un antes y un después en la historia de Sudáfrica (y de su propia viabilidad como país multirracial).

Pero la cuestión, no menor, era que esa negociación en la que cada parte jugaba sus bazas (el Gobierno, como titular efectivo del poder y la fuerza; y el CNA, como representante de las aspiraciones de una gran parte de la población, y que -como tal- contaba con la simpatía de la mayoría de la comunidad internacional), tampoco era tan fácil como a priori pudiera parecer. Y es que si el Ejecutivo no quería dar muestras (muy especialmente ante los afrikáneres -los descendientes de los colonos boers-, principal apoyo del apartheid, frente a los británicos, tradicionalmente más críticos con el sistema) de estar pactando una suerte de rendición, el CNA tampoco quería que la propia negociación (y, menos aún, la hipotética liberación de sus líderes) se valorara como algún tipo de inaceptable moneda de cambio (y, sobre todo, ¿a cambio de qué?) precisamente con quien durante décadas había discriminado inhumanamente a la población no blanca.

Así pues, en lo que podríamos conocer como el “dilema de Robben Island”, ambas partes sabían que tenían que negociar (es más, querían hacerlo), pero, a la vez, también los dos bandos se mostraban temerosos de la lectura que de esa negociación se pudiera hacer por sus respectivos seguidores.

En este blog ya se ha abordado varias veces aquí, aquí y aquí la insostenible situación que, de la mano de la “amnistía fiscal” (en el argot, DTE), trajo consigo el modelo 720 (declaración de bienes y derechos en el extranjero) bajo la forma de las terribles consecuencias previstas en el artículo 39.2 LIRPF (y su equivalente en la normativa del Impuesto sobre Sociedades; IS).

El que este asunto se haya abordado aquí con tanta insistencia e intensidad responde a la insólita gravedad del escenario creado que, lejos de circunscribirse a aspectos fácticos concretos, trasciende los supuestos casuísticos para enmarcarse en un debate más de fondo: el obligado respeto a los postulados constitucionales y comunitarios, que no vienen sino a avalar la legítima defensa del ciudadano individual frente al omnímodo poder del Estado. Es por ello, por lo que en esta “bitácora” se abordará tantas veces como sea necesario el sinsentido producido por la conjunción de normas que nos han llevado a la actual situación kafkiana. Tan es así, que las críticas al statu quo actual crecen por doquier, habiendo llegado ya hasta la prensa generalista.

Las circunstancias que motivan esta nueva “entrada” dedicada a este “callejón sin salida” son dos:

i.- El hecho de que, según se ha difundido, desde la propia AEAT se esté sosteniendo que cabe la regularización previa a la declaración extemporánea del 720, aspecto este que, en cierto modo, ya habría sido abordado en el “post” del pasado 28/7. Pero no es menos cierto que, en cuanto a esa regularización previa, hay una senda adicional, aun inexplorada y -como tal- de incierto resultado: si ese patrimonio foráneo procede de un ejercicio prescrito, ¿se entenderá como “renta declarada” (en el sentido y con los efectos previstos en el segundo párrafo del 39.2 LIRPF) la así plasmada en una autoliquidación del IRPF (o, en su caso, del IS), sin ingreso, en la medida en que trae origen de una obligación tributaria ya no exigible? Misterios sin resolver, propios de un documental de serie B…

ii.-La información, divulgada desde la propia AEAT, según la que 1.441 millones de euros (el 75% del incremento de patrimonio foráneo aflorado en el último trimestre) se habrían declarado mediante modelos 720 presentados extemporáneamente.

Este dato -esos 1.441 millones “aparecidos” una vez vencido el plazo para presentar el 720- da la justa medida (económica) de la trascendencia (jurídica) de lo que aquí se dilucida. Y es que hay quien apunta que inicialmente solo habría cumplido en tiempo y forma con esta declaración informativa un exiguo 5% del censo de potenciales obligados a ello…, si esto es así, es obvio que el volumen de contribuyentes susceptibles de ser pillados por la “tormenta perfecta” del 39.2 es ingente, enorme. La cuestión es cuál será la previsible reacción de la AEAT frente a los declarantes “espontáneos” pero extemporáneos: ¿la aplicada al ciudadano granadino, o la que ahora se nos ofrece mediando la regularización previa (y, en tal caso, qué se entiende por tal)?

Sea como fuere, lo cierto es que aquí también estamos ante una manifestación del “dilema de Robben Island”: así, mientras que el erario público debe ofrecer una salida “viable/factible” a los contribuyentes que se han quedado “extramuros” del sistema (todo apunta a que no son pocos, ni tampoco todos ellos genuinos defraudadores), pero sin que ello suponga lanzar un mensaje de debilidad en su lucha contra el fraude que -reconozcámoslo- socavaría aún más la ya paupérrima conciencia tributaria nacional (ya bastante “tocada” por algún episodio reciente); los contribuyentes “echados al monte”, por su parte, también desean “bajar al valle” o “salir a la luz”, pero no a cualquier precio.

Los hechos nos demuestran que la Sudáfrica de hoy (con todos sus problemas, que no son pocos), tras lograr superar muchos obstáculos, mira hacia el futuro con una esperanza que no tenía hace tres décadas. Los cimientos de la actual situación se encuentran en aquellas conversaciones entre los presos y sus carceleros, en las que ambas partes fueron capaces de superar sus respectivos temores (prueba de ello es que el propio Mandela, y Frederik de Klerk, fueron premios Nobel de la Paz en 1993).

Salvando las tan obvias como siderales distancias, parece obvio que el reto que afrontamos para salir del laberíntico 720 es mucho más fácil de superar, pero ¿seremos capaces de hacerlo?

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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