I + D + i, según la AEAT: ¿Que inventen ellos?

Blog fiscal Espacio TributarioA Esaú Alarcón, exitosamente doctorado ayer. Todo un Quijote (así, con mayúscula).

Lo reconozco, tengo debilidad por Salamanca. En su Universidad estudié la carrera de Derecho y, con tal motivo, allí pasé cinco años inolvidables, en esa edad -¡clave!- en la que uno transita desde la postadolescencia a la primitiva juventud. Y es que, tal y como decía el propio Cervantes: “Salamanca, enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que la apacibilidad de su vivienda han gustado”, lo que no quita que haya quienes -como en tantas cosas en la vida- pasen por Salamanca, pero… Salamanca no pase por ellos, haciendo así realidad ese famoso dicho de “quod natura non dat, Salmantica non praestat”.

Viene este brote de nostalgia al hilo de una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que desestimó el recurso interpuesto por la Agencia Tributaria (AEAT) contra la dictada en su día por el TSJ-Castilla y León mediante la que este le reconocía a la Universidad charra “el derecho a una devolución adicional” en concepto de IVA de los ejercicios 2002 a 2004. La intrahistoria del asunto reviste el máximo interés pues la cuestión debatida se refería a “qué porcentaje de las cuotas del IVA soportado en los proyectos de investigación básica, puede ser deducido, ya que mientras la Universidad de Salamanca sostiene que debe ser el 100%, la Administración Tributaria sostiene, por el contrario, que solo puede ser en parte y concretamente un 4%”.

Los términos de la controversia -más allá de su aspecto técnico, que luego veremos- ya se adentran, per se, en unas áreas del todo claves para nuestro país: la financiación universitaria, la mixtura entre la actividad docente y la investigadora, y el esfuerzo nacional destinado a I+D+i (aspecto este en el que la AEAT, “sin un informe técnico, (no) puede determinar si los proyectos cumplen los requisitos” exigibles a los incentivos fiscales propios del esfuerzo innovador) que entroncan con el tan manido tema del modelo productivo y nuestra consiguiente capacidad de generar know-how y actividades de alto valor añadido de cara a mejorar nuestra competitividad internacional en un mercado global. Dicho esto, veamos en detalle el debate suscitado, pues es obvio que trasciende el caso concreto que atañe a esta Universidad para marcar tendencia en muchas otras instituciones donde esta cuestión también pudiera suscitarse.

Decía el TSJ que “la Universidad en general cuando desarrolla las labores del sector de investigación no lo hace de manera unitaria, sino que lo lleva a cabo de manera diferenciada, pudiendo distinguirse, en los términos que ahora se consideran, dos grandes apartados. Por un lado estará la investigación aplicada, también llamada contratada, que supone la realización de trabajos originales encargados por particulares, que se financia con contraprestaciones satisfechas por quienes encomiendan el proyecto; y, por otro lado, la investigación básica, que consiste en trabajos teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada y que se cubre con aportaciones de la propia Universidad y con subvenciones públicas. No existe duda alguna sobre que a la investigación aplicada le es plenamente aplicable el régimen de deducción del 100% de las cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido y, por tanto, la Universidad de Salamanca puede deducir íntegramente las cuotas soportadas por esta vía o este sector de actividad. No hay controversia al efecto. El problema se concreta cuando se trata de definir si las cuotas soportadas por la investigación básica pueden, y en caso afirmativo, en qué porcentaje, ser objeto de deducción”. Ese y no otro es el meollo del debate, bien centrado por los términos de la sentencia del TSJ.

En este punto hay, pues, dos tesis enfrentadas: i) por un lado la de la AEAT que -con el refrendo del TEAR castellanoleonés y del propio TEAC- interpreta que “las cuotas soportadas en la adquisición de bienes y servicios destinados a ser utilizados en proyectos de investigación general o básica de utilización común en ambas actividades u operaciones serán deducibles en la medida en que se afecten a las operaciones que generan el derecho a la deducción, como ha efectuado la administración tributaria, por aplicación del porcentaje de prorrata general calculado en común para los dos sectores”; y ii) la doctrina de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, tanto de los Tribunales Superiores de Justicia – Cantabria, Asturias, Cataluña-, como de la Audiencia Nacional en sus sentencias de 20/5/2009, 6/102011 y 27/12/2012, siendo así que esta última refuta la interpretación mantenida por el TEAC en la resolución que el TEAR Castilla y León tomó como base para la resolución impugnada ante el propio TSJ.

Indica expresamente la Audiencia Nacional que “no puede entenderse que la investigación básica se vincule a la enseñanza por el hecho de que exista coincidencia “en muchas ocasiones” entre el personal docente y el personal investigador. La propia regulación legal reproducida justifica tal circunstancia, y el hecho de que haya personal solo investigador, o solo docente, pero también investigador y docente no implica que los frutos de la investigación básica se dediquen a la docencia. (…) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 20/6/2002, (…), declaró que “(…) la definición de «prestaciones de servicios directamente relacionadas con la enseñanza universitaria», en el sentido del artículo 13, parte A, apartado 1, letra i), de la Sexta Directiva, abarca las prestaciones de servicios o las entregas de bienes directamente necesarias para la enseñanza, como, por ejemplo, la adquisición de material pedagógico. Sin embargo, el hecho de que las actividades de investigación en beneficio de personas privadas puedan ser útiles para la enseñanza no basta para establecer la existencia, entre esta y las actividades controvertidas, de una relación jurídica tan directa como la exigida por dicha disposición”.

Es decir, que aún si se aceptase que el resultado de la investigación básica se utilizará para la actividad de enseñanza, lo que a juicio de esta Sala no está probado ni resulta per se de la propia naturaleza de una y otra actividad, aún así, no bastaría para establecer la relación jurídica que extrae la Administración en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido. (…) Como se ha visto, la ley Orgánica 6/2001 no atribuye régimen distinto a los dos tipos de investigación. Los grupos de clasificación de actividades económicas no diferencian tampoco a estos efectos entre la investigación aplicada y la básica. La exención del impuesto del IVA para la enseñanza lo es solo de la entrega de bienes y prestación de servicios «directamente» relacionadas con el servicio de enseñanza universitaria. La Dirección General de Tributos, en su resolución de 4 de noviembre de 2003, admite que el régimen de deducciones se efectúe por separado respecto de cada una de las dos actividades. El propio Tribunal Económico-Administrativo Central, en la resolución de 22 de junio de 2000, núm. 682/1999, admite específicamente para la investigación básica, considerada como actividad empresarial, el derecho a la deducción de cuotas soportadas por el desarrollo de esta actividad. Presumir, en este marco legislativo, que la adquisición de bienes y servicios inicialmente destinados o afectos sólo a la investigación básica, pueden por su naturaleza y características estar afectos y ser utilizados en las otras actividades universitarias (concretamente en la enseñanza) no resulta admisible. (…).

Solo se ha de añadir a los anteriores pronunciamientos que esta Sala comparte en su totalidad el hecho de que la enseñanza y la investigación, las dos actividades ejercidas por una universidad, sean complementarias no desvirtúa que a efectos del IVA, y de acuerdo con la normativa arriba expresada, sean sectores diferenciados a los que les corresponde un régimen de deducción propio (artículo 101 de la LIVA ); ni supone que la realización de proyectos de investigación básica por parte de la Universidad, que ejerce también la actividad de la enseñanza, lleve a la conclusión, como hace erróneamente la Administración, de que no sea un sector diferenciado de investigación al que se la ha de aplicar la deducción de las cuotas del IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios cuyo destino se afecta a esos proyectos de investigación básica”.

Pues bien, dice el Tribunal Supremo a este respecto -y cito literalmente- que “el Abogado del Estado, disconforme con la argumentación y fallo emanados del TSJ-Castilla y León, después de recoger la legislación aplicable, diferenciar las actividades  que desarrolla la Universidad (“de Santiago”, sic -¡ay, esos “cortas y pega” convertidos en “duendes”-), y el carácter de la investigación aplicada y básica, (…) termina afirmando que se ha infringido por la Sala de instancia los preceptos citados en el motivo del recurso, por lo que procede aplicar la prorrata para determinar el porcentaje de deducción del IVA soportado por la adquisición de bienes y servicios destinados a la investigación básica, en cuanto los mismos se destinan  conjunta y simultáneamente  a la actividad de enseñanza y a la actividad de investigación aplicada”.

Y concluye el Supremo ubicando el debate en sus justos términos: “no se plantea un problema respecto de las adquisiciones de bienes y servicios concretos, sino que trasciende esta dimensión fáctica para desarrollar su tesis sobre una cuestión estrictamente jurídica que afecta a la propia naturaleza de los distintos servicios que presta la Universidad, para concluir que respecto de la investigación básica no puede establecerse automáticamente, ni presumirse  la vinculación que aprecia la Administración entre investigación aplicada y enseñanza. Ahora bien, tampoco se desprende de la tesis mantenida en la sentencia que la misma tenga un alcance que vaya más allá de dicha declaración, esto es, que el análisis estrictamente jurídico que realiza lo es para negar dicha vinculación automática, no desde luego para afirmar lo contrario, esto es la exclusión total de dicha vinculación, pues la propia regulación legal, y su neutralidad y la lógica del impuesto, que conlleva en todo caso  que el IVA se traslade a su consumidor final, y este, desde luego puede ser la Universidad, de suyo exige la aplicación de los porcentajes resultantes cuando los bienes y servicios adquiridos se destinen en común a actividades que dan y no dan derecho a la deducción del IVA soportado”.

Interpretación esta que le lleva a desestimar el recurso planteado por la AEAT y a bendecir el derecho de la Universidad de Salamanca a percibir -¡¡¡14 años después, glups!!!- el IVA, eso sí, con el “premio” de los intereses devengados.

Como colofón, dos lecciones extraídas de este episodio:

-. Alguien debería evaluar el coste que para el erario público tienen este tipo de “pleitos” (i.e.: aquellos en los que “todos” hemos de sufragar, ya sea vía intereses de demora o responsabilidad patrimonial, los innecesarios costes de una decisión -ya sea administrativa o legislativa- a la postre errónea jurídicamente), pues en no pocas ocasiones sería más económico ahorrarse semejantes diatribas y saldar las deudas en el minuto cero. No descartemos que detrás de esas desatinadas decisiones públicas esté esa tan arraigada práctica -acertadamente denunciada por Alejandro Nieto -del “patapúm parriba” (Javier Clemente, dixit), versión futbolística de “pan para hoy, hambre para mañana”. Paradigma de ello -amén del caso que motiva este “post”- una reciente STS que, ¡13 años después!, reconoce la devolución del IS no practicada en su día; el peaje: más de medio millón de euros de sobrecoste en concepto de intereses de demora. Pero, no se preocupen, que Juan Español lo aguanta todo…

-. Ítem más: ¿qué decir de esa tan inveterada como carpetovetónica costumbre consistente en defender públicamente -y con grandes titulares- lo que, después, ya en “petit comité”, se matiza y hasta se niega? Me refiero a toda esa pléyade de mediáticas manifestaciones con las que todos los “próceres” se deshacen en elogios a la necesidad de apostar por el I+D+i (o por la internacionalización de nuestra actividad, o por la defensa a ultranza de la empresa familiar, o del mérito de los autónomos, o …) cuando, simultáneamente, la Administración por ellos mismos dirigida, en su praxis cotidiana, cuestiona un día sí y otro también las legítimas pretensiones de muchos de los aspirantes a lícitos acreedores de esas bondades. Menos soflamas y más hechos; eso es lo que hace falta.

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , garantía profesional.

SIGA

Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

Esta entrada fue publicada en Fiscal y etiquetada , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

3 respuestas a I + D + i, según la AEAT: ¿Que inventen ellos?

  1. jose luis bosch dijo:

    Enhorabuena a ambos.
    Al autor, querido amigo, del post, y al autor, querido amigo, de la Tesis Doctoral.
    Con ambos, el Derecho gana.

  2. SANTIAGO PASCUAL dijo:

    Coste de la transacción financiera entre la AEAT y la USAL = 0 (ambas entidades forman parte de las Administraciones Públicas del Reino de España).

    Coste de oportunidad (tiempo dedicado al pleito por los órganos competentes de la AEAT, USAL y Supremo): a evaluar.

    Coste a medio/largo plazo (esta sentencia reducirá los ingresos tributarios procedentes de la Universidades Privadas): negativo para la AEAT y la USAL.

  3. Muchas gracias, José Luis y Santiago, por vuestras respectivas aportaciones.

    Un afectuoso saludo.

    JGT

Responder a SANTIAGO PASCUAL Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>