“He visto cosas que no creeríais”: La delirante fiscalidad municipal

Cuando estalló la tan malhadada como célebre “burbuja”, se llevó por delante algo más que una parte sustancial de la actividad inmobiliaria y, con ella, un relevante porcentaje de nuestro PIB: los ingresos tributarios y, muy especialmente, los de titularidad municipal.

Y es que las haciendas locales siempre han estado muy vinculadas al suelo y al ladrillo, siendo así que, era de cajón, la sensible merma del sector inmobiliario arrastraría también a aquellos tributos municipales a él tan ligados: impuesto sobre construcciones instalaciones y obras (ICIO), impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU; antiguo “arbitrio de plusvalía”) y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI; la antaño “contribución”).

Así, en este mismo blog, en algunas ocasiones anteriores, ya se expusieron las convulsiones a las que se ha visto sometido el IIVTNU que, como es sabido, ha visto como sus cimientos se tambalean por obra y gracia de que no habiendo plusvalía (i.e.: ganancia) real y efectiva, malamente es defendible que esta, en virtud del sistema de cálculo de la base imponible vinculada al incremento “oficial” (y, como tal, sobre el papel) del valor catastral, sea gravada, pues lo que no habrá habido es hecho imponible, presupuesto básico y fáctico para que haya que dar el siguiente paso al objeto de calcular su importe gravable.

Pero claro, ya era solo cuestión de tiempo que el tsunami inmobiliario afectara a algún otro elemento básico de la fiscalidad municipal como es el valor catastral, esa entelequia cuantitativa sobre la que pivotan muchas figuras impositivas, y no solo municipales pues también tiene su impacto en el IRPF o en el IP, sin ir más lejos.

La cuestión es que el Tribunal Supremo (TS), en su sentencia del pasado 30 de mayo, ha señalado que: “sólo pueden considerarse bienes ‘urbanos’, a efectos catastrales, los inmuebles considerados por el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la previa aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada”.

Esta interpretación del TS supone, ya por sí sola, todo un seísmo para el erario local pues, tal y como ya apunté en algún otro medio durante el boom, “fueron muchos los PGOUs que ampliaron sensiblemente el ámbito urbano sin que, a posteriori, fueran objeto de desarrollo efectivo” alguno.

De este modo, tan simple y, a la vez, tan demoledor, el TS viene a coincidir con la lectura que ya en 2012 se había hecho desde el Defensor del Pueblo cuando en su informe “La realidad catastral en España” afirmó aquello de que: “valorar un inmueble por encima de su valor de mercado, supone gravar una riqueza ficticia” (aplastante realidad económica y jurídica que hace temblar los cimientos de las haciendas locales).

Y tan es así que, desde instancias tan autorizadas como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF; ente vinculado al mismísimo Ministerio de Hacienda), se estima que no serían menos de 900.000 los inmuebles afectados por esta reciente interpretación del TS que les habría de abocar a perder su condición de urbanos para retornar a la de rústicos, de la que nunca debieron haber salido. Y ya solo esa estimación lleva al IEF a cifrar en unos 375 millones de euros anuales el impacto que esta lectura jurisprudencial provocaría en las haciendas municipales.

El asunto cobra, si cabe, aún mayor relevancia en la medida en que ese pronunciamiento del TS del pasado 30 de mayo no es una sentencia cualquiera sino que fue dictada con ocasión de un recurso de casación en interés de ley, “hábitat” procesal que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 37/2012 de 19 de marzo, definió como: “el (que) responde así a la finalidad de preservar la homogeneidad jurisprudencial, mediante el establecimiento por el Tribunal Supremo de una doctrina legal, vinculante para Jueces y Tribunales inferiores, sirviendo con ello al objetivo de que la ley sea igual en todo el territorio nacional (arts. 14 y 139.1 CE) y al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al tiempo que dota de contenido real a la supremacía del Tribunal Supremo,(…)”.

A efectos prácticos esto supone que aunque una STS como la aquí comentada despliega sus efectos con carácter general y vincula a los jueces y tribunales en su interpretación de los asuntos como el enjuiciado, la Administración, por su parte, no se vería compelida desde ya a su aplicación general; habrían de ser, en su caso, todos y cada uno de los afectados los que insten que en sus concretos expedientes se les aplique la interpretación sostenida por el TS.

Esa y no otra ha debido de ser la interpretación que sustenta la Circular 27/2014, del pasado 1 de agosto, mediante la que la Federación Española de Municipios y Provincias intenta salir al paso del “terremoto” que se le viene encima; y es así como afirma que ese pronunciamiento del TS: “no tiene efectos jurídicos directos sobre las situaciones jurídicas particulares, ni produce la anulación de las ponencias de valores (…). Tampoco fija ninguna doctrina legal, y al no haberse reiterado dicho criterio, no sienta jurisprudencia” a lo que añade que “cuantos recursos o escritos se interpongan ante los Ayuntamientos solicitando la anulación o devolución de las liquidaciones emitidas del IBI en aplicación de la sentencia mencionada, deben ser desestimados por falta de competencia de las entidades locales para su resolución al haberse practicado conforme a los valores catastrales vigentes”.

No obstante lo anterior, y más allá de que con una lectura milimétrica de la normativa esa interpretación de la FEMP pudiera ser jurídicamente ortodoxa, creo que aquí caben otras lecturas en clave más institucional:

-. Poco dice de nuestro país el que miles de administraciones (los ayuntamientos) se “blinden” de este modo ante las legítimas pretensiones de los propietarios de inmuebles que se podrían ver sensiblemente beneficiados por la argumentación y conclusión del TS al respecto. Y es que, como ya se apuntó desde algún foro “regeneracionista”, el común de los mortales “llamaríamos a esto déficit de proactividad en el interés ciudadano u obstaculización consciente”.

-. Y, además, en lo que se refiere a que los IBI girados sobre esos injustos valores catastrales queden santificados por su firmeza, cabe recordar algún pronunciamiento judicial que aboga por negar la mayor: “la firmeza de las liquidaciones por IBI (…) en absoluto supone un obstáculo para que, anulados los valores catastrales (…) en que se basaron, la anulación conlleve la oportuna devolución de ingresos indebidos y ello siempre que se pida dentro de los cuatro años siguientes a la firmeza de la anulación de los valores catastrales” (STSJ-Cataluña, 15/9/2011).

En fin, que en el proceloso mundo de las haciendas municipales tal pareciera aplicable aquella célebre frase de “Blade Runner” que ya ha quedado para la posteridad: “he visto cosas que no creeríais” (versión cinematográfica de la más castiza advertencia atribuida a Galdós al señalar que nuestro país es aquel donde “no hay cosa, por desatinada que sea, que no pueda ser verdad”).

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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4 respuestas a “He visto cosas que no creeríais”: La delirante fiscalidad municipal

  1. jose luis bosch dijo:

    Querido Javier: siempre tan lúcido en tus análisis, y tan fino con la pluma. Una vez más, enhorabuena.
    No me canso de reiterarlo donde me quieren oir, pero debería resucitarse (que lo haga el ínclito pre-legislador¡¡¡¡) el antiguo art. 122 de la LGT/1963, que venía a establecer que la base imponible de un impuesto no sería firme hasta tanto no lo fuera la base imponible de otro del que dependiera. Este precepto fue especialmente productivo en temas de impugnación de liquidaciones a sociedades transparentes y a los socios, pues, por ejemplo, la liquidación de los socios no era firme hasta que no lo fuera la de la sociedad transparente, de modo que, si estaba recurrida, la decisión que en ella se adoptase produciría eficacia a los socios, hubieran recurrido, o no, o se hubiera fallado antes el recurso del socio que el de la sociedad.
    Este precepto, no sé por qué, duerme desde 2004, el sueño de los justos. Y hubiera podido ser una herramienta muy útil para casos como el que comentas, si el contribuyente insta la modificación del valor catastral, pues no tendría necesidad de recurrir, también, los correspondientes IBI, plusvalías, etc. mientras, con resignada paciencia, espera la resolución del recurso por el Catastro, o, incluso, ante la presunta desestimación, por la Justicia ordinaria.
    Pero, claro, quizás, con esto, dejaba de ingresarse dinero, o tenía que devolverse lo indebidamente ingresado, y, por eso, probablemente, a tan irreverente precepto se le mató. A punta de pistola; con nocturnidad, premeditación y alevosía. Como matan los cobardes.
    Un fuerte abrazo.

  2. Muchas gracias, José Luis.
    Muy buena tu observación relativa al ya “desaparecido” 122 LGT/1963.
    Un abrazo fuerte.

  3. Adjunto “link” a la CV3193-13 de la DGT que, entre otros extremos, reconoce que “se producen efectos retroactivos en los casos en los que el valor catastral se ha determinado incorrectamente, y se procede a determinar un nuevo valor catastral correcto en el marco de un procedimiento iniciado bien a instancia del interesado que recurre el valor catastral asignado a su bien inmueble o, bien de oficio por los órganos del Catastro Inmobiliario. En ambos casos, el nuevo valor catastral asignado al bien inmueble también tendrá efectos retroactivos. En los casos en que el nuevo valor catastral determinado por la resolución del Catastro sea inferior al anterior valor catastral, procederá la devolución del exceso de cuota del IBI satisfecha”.

    http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=&Consulta=V%33%31%39%33%2D%31%33&Pos=&IP=0&IC=1

  4. Pingback: Rectificar es de sabios: el TEAC y el IBI | Espacio Tributario

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