Hacienda: el ojo que todo lo ve (asunto El Corte Inglés)

El absolutismo es un sistema de gobierno absoluto, en el cual el poder  reside en una única persona que controla, manda y ordena sin rendir cuentas a nadie. El absolutismo fue muy usual desde el siglo XVI hasta la primera mitad del XIX, cuando diversas revoluciones lo derrocaron.

Esta introducción sirve para definir a Hacienda en pleno siglo XXI: poder absoluto. Es como el Gran Hermano que todo lo ve, lo procesa y utiliza la información en su provecho.

Esta reflexión viene al hilo del requerimiento de información que la Agencia Tributaria realizó a El Corte Inglés para que le comunicase todas las operaciones realizadas por sus clientes en los años 2006 y 2007, por importes superiores a 30.000€. El tenor literal del requerimiento, escueto donde los haya, fue el siguiente:

“Por orden del Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, de conformidad con la normativa descrita en el apartado correspondiente, y por su trascendencia para la aplicación de los tributos, se le requiere la siguiente información de contenido económico, que resulta necesaria para el desarrollo de las actuaciones que tienen encomendadas los Servicios de Inspección de la A.E.A.T.:

En relación con aquellas personas o entidades titulares de “tarjeta de El Corte Inglés” y que hayan realizado pagos a través de las mismas por importe total anual igual o superior a 30.000,00 euros (treinta mil), se harán constar, para cada una de dichas personas o entidades, los siguientes datos relativos a los ejercicios 2006 y 2007:

1.- Identificación de las personas o entidades referidas, la cual comprenderá apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Fiscal, o, en defecto de éste último, Número de Pasaporte o Número de identificación válido en su país de origen, así como la dirección que conste a los efectos de la operativa de dichas tarjetas.

2.- Numeración de la/s tarjeta/s.

3.- Importe total anual de los pagos efectuados derivados de la utilización de las tarjetas.

4.- Entidad/es financiera/s con la/s que opera el titular de la/s tarjeta/s en el sistema, según el Código de Entidad asignado por el Banco de España. En el supuesto de tratarse de una entidad financiera no residente en España se hará constar su razón social así como los dígitos del Código IBAN correspondientes a la entidad bancaria.

Esta información se presentará en soporte magnético, el cual se cumplimentará conforme al diseño informático que se indica a continuación (…)”

Es curioso cómo se defiende a capa y espada el derecho a la intimidad y privacidad, principios consagrados en nuestra Constitución y, por otro lado, Hacienda obliga al contribuyente a justificar sus compras en un área comercial. ¿Es esto justo? ¿es injusto?

La contradicción también se abre paso en la mente humana. Parece loable que Hacienda trate de controlar la economía sumergida que muchas veces se escapa al control administrativo precisamente por ahí: por compras a pequeña escala difícilmente detectables por lo que todos los esfuerzos para atajar esta lacra parecen plausibles. No obstante, ¿hasta este punto? Da la sensación de que en cada operación que un ciudadano de a pie realiza está siendo observada por la madre Hacienda que luego calificará esa conducta: - Hijo, eso está mal.

Este control concreto en relación a las compras en El Corte Inglés puede tener también una incidencia relevante en supuestos ciudadanos no residentes en el territorio nacional que, a la vista de su conducta de compra compulsiva a lo largo de todo el año en el gran almacén, demuestran su verdadera residencia en España (sin perjuicio de la aplicación de otros criterios que, efectivamente, pueden incluso en ese caso demostrar su no residencia).

Otro que se lleva un palo importante es el propio centro comercial. A la vista de las noticias que saltaron a la luz en diversos periódicos, alguien podría entender que su comercio de referencia le había traicionado aportando una documentación o información sin el visto bueno del consumidor. No fue así.

El Corte Inglés luchó a capa y espada recurriendo hasta el final el requerimiento de información recibido, hasta que el mayor de nuestros tribunales, el Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de febrero de 2015, confirmó la corrección del requerimiento de información de la Agencia Tributaria no sin cierta controversia interna dado que el resultado de la votación de los 8 magistrados que componían la sala fue de 6 a 2 (y no la unanimidad de costumbre). ¿Por qué tal falta de unanimidad? La repuesta es que 2 de los magistrados entienden que la necesidad de la Agencia Tributaria de obtener información con “trascendencia tributaria” a la que se alude para justificar el envío del requerimiento, debe motivarse, algo que no se ha hecho en este supuesto.

Señalan los díscolos: “Siendo la doctrina jurisprudencial la recogida en las referidas sentencias, debió convenirse con la parte recurrente en los defectos en que incurrió la sentencia de instancia, en tanto que a pesar de la amplitud del concepto indeterminado “trascendencia tributaria”, resulta imprescindible la necesidad de motivación suficiente que debe contener los requerimientos como el que nos ocupa, siendo lo importante su proyección en cada caso concreto, de suerte que no existen fórmulas genéricas, ni mucho menos estereotipadas, adecuadas para cualquier requerimiento de información, sino que delimitar el primero y examinar la suficiente motivación, sólo cabe hacerlo caso por caso y atendiendo a las particularidades y singularidades de cada uno. (…) la relevancia tributaria no resulta evidente, siendo menester para ponerla de relieve algo más que su simple relación y la cita de las normas que habilitan a la Inspección para reclamarlos, lo que obliga a la Administración a desplegar un mayor esfuerzo de motivación, justificando el requerimiento de forma razonada y razonable”.

El enfado de los aludidos 2 magistrados parece patente cuando, además, añaden en su voto particular: “También debieron de acogerse las cuestiones que sustancialmente ya hizo valer en la instancia, esto es, la falta absoluta de motivación del requerimiento de información cursado en 18 de septiembre de 2008, en tanto consideró que no se justificaba la trascendencia tributaria, ni cabe inferir dicha trascendencia tributaria de la información solicitada per se; la vulneración del derecho a la intimidad reconocido en el artº 18 de la CE, al no cumplir el requerimiento de información los requisitos legales; e infracción del principio de proporcionalidad.”

¿Con que cara se queda uno cuando 2 estudiosos son tan críticos con sus propios compañeros y que esa medida pueda llevar al requerido a bajar ventas y perder parte de su prestigio ante sus fieles clientes?

Lo dicho, el famoso reality show de las pantallas existe en la vida real.

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José Galtier Ferreira

jose.galtier@gmail.com

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