Frenazo judicial a la privatización tributaria

Frenazo judicial a la privatización tributariaDoy una cálida bienvenida a César García Novoa (Catedrático de Derecho Tributario) y a Vicente Martorell (Notario), por sus ya inminentes aportaciones a esta bitácora. Gracias por sumaros a esta plaza pública.

Comenzaré con una confesión: a medida que voy cumpliendo años, se va asentando en mí la firme convicción (que, obviamente, no es obligatorio compartir) de que el Estado es más el problema que la solución. Que el Estado debe volver sobre sus pasos para ceñirse a sus funciones básicas (vgr.: orden público, infraestructuras, defensa, representación exterior -todas ellas en régimen de exclusividad-; y algunas otras -sanidad o educación, por ejemplo- en concurrencia con el sector privado), olvidando algunas -muchas- de esas otras responsabilidades que, fruto de su irrefrenable vis expansiva, ha ido asumiendo, siendo así que esa elefantiasis ha convertido el Estado del bienestar en el bienestar del Estado.

Y todo ello lo pongo en conexión (pues una cosa está íntimamente anudada a la otra) con esa tendencia pública a velar por todos y cada uno de nosotros, como si fuéramos menores de edad incapaces de asumir nuestras propias responsabilidades. Ejemplos burdos -pero 100% reales- de ello son esas voces que abogan por controlar quiénes están en óptimas condiciones físicas para participar en una carrera popular, o por prohibir la atención del correo-e laboral en horas de descanso ()… Hago aquí mía, en fin, esa observación apuntada por el “nómada” Miquel Silvestre cuando denuncia que “en Occidente da la impresión de que nos protegen muy a nuestro pesar (…), hasta el punto de que no nos dejan hacer las cosas que realmente nos gustan, incluso excediéndose en su labor protectora. (…). Soy libre de correr riesgos, (…), es asunto mío. A mí me gusta pensar que eso forma parte de mi libertad individual. El asumir los riesgos que me dé la gana, sin que el Estado tenga que velar siempre por mí, aunque yo no quiera”. Se trata, en definitiva, del mero respeto al libre albedrío de cada cual…

Dicho esto, no es menos cierto que, en el otro lado de la balanza, soy un firme convencido de que hay ciertas potestades/competencias que -por emanar del ejercicio de la autoridad y de su consiguiente naturaleza 100% pública- son, ya en esencia, indelegables. Pienso así, por ejemplo, en los establecimientos penitenciarios, el ejército…, o la propia gestión tributaria; manifestaciones todas ellas de esa auctoritas que, precisamente por ello, deben restringirse a la esfera pública.

Justamente por eso me ha alegrado mucho conocer -gracias, como tantas veces, a esa tarea pedagógica magistralmente desarrollada por José Ramón Chaves (“Sevach”) en su blog una reciente sentencia del TSJ-País Vasco que ha puesto pie en pared frente a las ansias privatizadoras de la gestión tributaria. El caso -no anecdótico, pues en los últimos lustros su práctica se ha generalizado por todo el país- hace referencia a un ayuntamiento que, mediante concurso, externalizó la gestión (entendiendo por tal, a estos efectos, la comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes) de sus potestades tributarias, encomendándoselas a una empresa privada cuya remuneración se cifraba en una comisión sobre la deuda “levantada”.

De poco -nada- sirvieron los argumentos del ayuntamiento en cuestión alegando que la intervención de la empresa se ceñía al “trabajo de campo”, a las meras tareas preparatorias de los acuerdos de liquidación cuya firma se reservaba a un funcionario municipal. Veamos, pues, algunos de los pasajes más destacados de este loable pronunciamiento judicial:

-. “Malamente se pueden asignar esas funciones a empresas o agentes externos a la Administración tributaria sin invadir las competencias reservadas a sus inspectores y, por lo tanto, sin contratar a aquellos la prestación de servicios que implican directamente el ejercicio de la autoridad inherente a las potestades de tales funcionarios”.

-. “Comporta una intromisión ilegal en el ejercicio de las potestades propias de la Administración”; y es que “todas esas tareas de formación de documentación inspectora (dotados de un logotipo que aparentemente las oficialice), están reservadas a los funcionarios públicos”.

-. “No puede admitirse esa colaboración sin trasladar al adjudicatario del servicio una potestad exclusiva de la Inspección que (…) requiere la intervención de los funcionarios”.

Y es que, como bien diría Manquiña, “el conceto es el conceto” y, al igual que no me gusta que el Estado se meta en mi casa hasta la cocina, tampoco comulgo con esa idea de que este haga dejación de sus más inalienables funciones encomendándoselas a operadores privados. No, no y no.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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3 respuestas a Frenazo judicial a la privatización tributaria

  1. Miquel Silvestre, ya en su etapa profesional como Registrador de la Propiedad, mostraba públicamente sus convicciones liberales: http://cincodias.com/cincodias/2009/08/10/economia/1250016947_850215.html

  2. FUNCIONARIO dijo:

    Pues el día 10 de mayo se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería un convenio por el cual el Ayuntamiento de Garrucha privatiza íntegramente el impuesto de Plusvalía Municipal (IIVTNU), cediendo al Registrador de la Propiedad de Mojácar cualquier acto relativo a dicho impuesto.
    Entre dichas facultades incluso las de INSPECCIÓN, recaudación en APREMIO/EJECUTIVA y por si fuera poco resolución de recursos de Reposición. Estas son las facultades privatizadas:
    AUTORIZAR, APROBAR, el presente CONVENIO de encomienda de la gestión de las FACULTADES de gestión tributaria, liquidación, inspección, recaudación tanto en periodo voluntario como procedimiento recaudatorio en vía de apremio/ ejecutiva,
    resolución de recursos de reposición; y actos en general admisibles establecidos en la Ley General Tributaria y funciones admisibles en el Reglamento General de Recaudación afectos a completar tanto otras formas de extinción de deudas tributarias, funciones y potestades públicas superiores de embargo tributario en implementación de funciones recaudatorias en vía de apremio; reconocimiento de fraccionamientos y aplazamientos de cuotas diferenciales
    Me pregunto qué cara se le habrá quedado al compañero funcionario encargado hasta ahora de gestionar las plusvalías, es un desprecio absoluto.
    Y qué dirán los vecinos del pueblo de Garrucha que tendrán que ir a liquidar las plusvalías al pueblo de al lado!
    Esto es atención al ciudadano? esto es respeto por los funcionarios municipales?
    ¿Cual es la comisión que percibirá el Registrador por esa privatización? Dónde está el principio de imparcialidad si el que va a resolver un recurso de reposición percibe un % de lo recaudado?. No hay que preguntarse si es esto legal solamente, sino ¿es esto constitucional?
    Este tipo de convenios de gestión de plusvalías se está extendiendo en la provincia de Almería, no solo del Impuesto de Plusvalía, sino incluso del IBI, resultando siempre beneficiados por la privatización los mismos privilegiados, los señores Registradores de la Propiedad ¿qué tienen que ver estos funcionarios con la gestión de impuestos municipales? ¿no son suficientes las percepciones que reciben por sus aranceles y extienden su gestión como comerciantes privados a la liquidación y cobro de impuestos municipales?
    Los funcionarios no podemos consentir este atropello
    Y mi pregunta: si se declaran ilegales este tipo de convenios, deberán restituir la comisión indebidamente cobrada al amparo de un convenio ilegal ¿qué opinan?

  3. Muchas gracias, funcionario, por su interesante aportación.

    Le he trasladado su inquietud sobre ese escenario a alguien con bastante más conocimiento que yo, para que lo analice con detalle y, en su caso, exponga sus consideraciones.

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