¿Es útil el trámite de audiencia?

Es el procedimiento de inspección una situación transitoria de la vida en la que nadie quiere verse. Una de esas que sí se desea para tu peor enemigo. No hemos encontrado a nadie a quien le guste que le hagan una radiografía fiscal forzada. Ninguno que quiera que le refresquen la memoria respecto a unos puñados de billetes que dejó por declarar o una ganancia patrimonial que una memoria quebradiza dejó en el olvido y nunca llegó a plasmarse en la declaración. Ni en los manuales de psiquiatría hemos dado con un contribuyente que disfrute siendo protagonista de los artículos 141 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Y el caso es que después de desnudarte ante el actuario, de entregarle papeles en los que más de una vez se recogen hechos o datos que no siempre debiera entregar con ligereza el que lo hace, nos encontramos con que este va anotando en las diligencias elementos asépticos. Ello no nos permite encauzar adecuadamente la siguiente comparecencia o aportar alguna documentación que sí haríamos si tuviéramos las suficientes pistas de por dónde va a ir encaminada la posible liquidación o a dónde quiere llegar el funcionario.

Pero lo peor está por llegar, en el trámite de audiencia previa, ese en el que se supone se nos pone de manifiesto el expediente que se ha instruído para que podamos formular alegaciones, aportar documentos y en resumidas cuentas defendernos, en ese se quiebran todas nuestras expectativas.

Ahí se nos da una información verbal sobre la cuantía que piensan que debemos pagar, generalmente en un semi tono bajo, no se nos facilita ningún papel ni razonamiento que podamos rebatir. Y esto hace que muchos pensemos que está viciado. El contribuyente no conoce los incumplimientos que se le achacan, con lo que no puede haber una correcta oposición a lo que nos dice la Administración, lo que resulta criticable en un procedimiento contradictorio como debería ser el de inspección (eso nos han hecho creer), y se ve cercenado su derecho de defensa.

Debería ser una garantía del contribuyente, que perfectamente informado de las sospechas de la inspección pudiera explicar adecuadamente (si puede) el motivo de sus actuaciones y aportar aquellas pruebas que pasado este momento, la Administración se resiste a recibir.

Desconocemos el por qué no precisan qué han descubierto antes de las actas, ello daría lugar a poder reducir la litigiosidad en un ámbito absolutamente saturado como es el tributario y agilizar el funcionamiento de los tribunales. Si la Agencia busca la verdad material, saber qué ha pasado realmente con un sujeto pasivo o con sus operaciones con transcendencia fiscal, deberían facilitar toda la información sobre el expediente, lo que repercutiría a favor de todos los ciudadanos, ¿o no?

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Carlos Romero Plaza

Socio Director de ARTTAX ABOGADOS

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