¿Es el 20N una fecha idónea para hablar de la lista de deudores y de la de defraudadores?

El 20 de noviembre de 1975 es una de esas fechas que todos tenemos grabadas en nuestra memoria, indeleblemente. Así, igual que los estadounidenses -ya hoy de cierta edad- se preguntan “¿qué estabas haciendo cuando mataron a Kennedy?”, nosotros indagamos sobre la vida de nuestros contertulios en fechas como el propio 20N o el 23F. Y lo cierto es que por muy vivo que mantengamos ese recuerdo, ya ha pasado tiempo, ¡mucho tiempo!, siendo así que este próximo viernes ya se cumplirán ¡¡¡40!!! años de la muerte de Franco… ¡Qué jóvenes (incluso niños) éramos todos! y -como dirían “Presuntos implicados”- ¡cómo hemos cambiado!

Sea como fuere, creo que tampoco olvidaré fácilmente este 40 aniversario del 20N, pues lo pasaré en Málaga, participando como ponente (¡enorme responsabilidad, dado el plantel!) en el XXXI Congreso de la Asociación Española de Asesores Fiscales que, bajo el lema de “El contribuyente en tiempos de reformas”, allí se celebrará entre el 18 y el 21 de noviembre. Y el tema que me ha tocado en suerte no es otro que las ya célebres listas  (dos, por el precio de una…) de “morosos” (deudores, en el argot oficial) y de “defraudadores”.

Lo primero que diré a este respecto es que, como tantas veces ocurre, ya está casi todo inventado, y esto tampoco es tanta novedad pues, precisamente durante el propio régimen de Franco, el 9 de marzo de 1959, el BOE ya divulgó la lista de algunos infractores… Y en cuanto a la exhibición pública de aquellos que cometen alguna acción reprobable, ¿qué les voy a contar? Me imagino que los antropólogos tendrán estudiado el origen último de esta práctica pues supongo que se remonta a lo más remoto de nuestros orígenes humanos y de nuestra propia psique, buscando la vergüenza y el escarnio público.

Y eso es lo que nos lleva al meollo (o, al menos, a uno de ellos) del asunto, porque parece obvio que si esa divulgación pública de la identidad de los morosos y defraudadores busca (y logra) la reprobación social de una conducta vergonzante, parece evidente que eso incide -sí o sí- en la reputación, el honor, o la imagen del interfecto, ¿no? Si esto es de sentido común y, además, con ello se busca una práctica ejemplarizante (y no tanto educativa como se nos pretende vender; ¡la educación a los colegios, donde la conciencia tributaria aún tiene casi todo por hacer!), lo lógico sería que a esa publicación se la dotara de las garantías procedimentales propias del régimen legal que corresponde al procedimiento sancionador…  Pero, ¡ah, no, eso sí que no! ¿Y sabe usted por qué? Pues lisa y llanamente porque esto no es una sanción. Y, claro, llegado este punto es cuando a uno se le pone cara de seta…

Veamos, en el caso de los deudores, simplemente se les concede un trámite de audiencia (que no de recurso) tras un único (sí, sí, uno; no dos) intento de notificación; en cuyo plazo deberán intentar acreditar que su inclusión en el listado responde a un error… Ítem más: si a la fecha de “corte” (salvo el presente 2015 en que fue el 31/7, en lo sucesivo el 31/12) esos importes están pendientes de ingreso, de nada valdrá que entre esa fecha y la de publicación usted se ponga al día con el erario público…

Se dice, por otro lado, que no se incluirán aquellas cuantías (ya saben, el sumatorio global per cápita debe superar el millón de euros) que estén suspendidas o aplazadas. Pero digo yo: ¿eso también se refiere a los importes respecto de los que esté pendiente de resolver una petición de suspensión -ya saben, la “cautelarísima”- o de aplazamiento? Uy, uy, uy, … a ver si se nos va a pasar y ya empiezan los líos.

Y como no se exige que las sumas pendientes de pago estén bendecidas jurídicamente (¡qué menos que al menos en la vía administrativa -ya por no hablar de la judicial- se hubiera confirmado la ortodoxia de su exigencia!), ¿qué pasará con aquellas que, tras su divulgación, resulte que fueran indebidas por ilegales?

Mal lo veo pues:

i) La Administración tributaria mal podrá responder de la mera aplicación de un precepto legal.

ii) Al Legislador tampoco le veo muchas posibilidades de responder patrimonialmente pues si la norma no es inconstitucional… Mucho me temo, pues, que llegará un día en que serán legión los damnificados por esta genialidad. Y, si no, al tiempo. Porque claro, si es ya con la consumación de la publicación en el BOE cuando se agota la vía administrativa (y, por tanto, parece que se abriría la opción de cuestionar su legalidad ante la Justicia) ¿De qué me valdrá que después una sentencia venga a decir que esa publicación no era ortodoxa? Porque, claro, el daño -obvio es- ya estará hecho…

Miren por donde esto conecta con los legendarios incentivos de productividad, ¿no? Y es que, pareciéndome hasta loable que los empleados públicos tengan alicientes económicos para desempeñar su tarea con diligencia y celeridad, lo que echo en falta es que si en su celo profesional han traspasado alguna línea roja (i.e.: ese acuerdo de liquidación resultó ser jurídicamente “tóxico”) debiera introducirse un sistema -¿tan sencillo como una herramienta informática?- que retrotraiga, con intereses, aquel  “plus” indebidamente percibido… Vamos, yo lo veo de cajón.

¿Y qué decir, así, también a vuelapluma, de la regulación de la lista de defraudadores? Esta obliga a que los Secretarios Judiciales gestionen la publicación en el BOE de la identidad de los condenados por delito fiscal, exigiéndose (aquí sí) que la sentencia sea firme, excepto…, excepto -¡ay, que se ve el plumero!- que antes de esa firmeza se pague o consigne la totalidad del perjuicio causado a la Hacienda Pública. Y es que ya se sabe: cuando de recaudación se trata, aquí somos algo proclives a olvidarnos de todo. Si es que al final va a ser verdad que todo tiene su precio (en su día -tampoco hace tanto- se pagaba por eludir el servicio militar -de ahí ese cantar popular: “si te toca, te joes, que tienes que ir, que tu padre no tiene para librarte a ti”-, y ahora se pagará para no figurar en la lista vergonzante), y que, además, el Estado aún hace caja con el asunto…

Y, ya puestos, no me negarán ustedes, que eso de que esta divulgación de las sentencias condenatorias resulte, sí o sí, imperativamente aplicable a todas las que adquieran firmeza tras el pasado 11 de noviembre también tiene su aquel, ¿no? Lo digo más que nada por eso de que el artículo 25.1 de la Constitución -¡ay, la Constitución, qué malita está, que todos la maltrataron y ella sola se murió!- dice que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. O, si se me apura, el también constitucional 9.3: “la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. Pero, claro, se me olvidaba que no estamos ante una sanción si no tan solo ante una meliflua medida “educativa” (debe de ser por aquello de que “la letra  -aquí la de la ley- con sangre entra…”)

Quizá este último punto, y alguno más que por no alargarme ya les ahorro, fuera el que motivó que el dictamen del CGPJ sobre esta polémica reforma legal se aprobara in extremis con el voto de calidad del presidente que, además, no venía a desequilibrar empate alguno en la medida en que la votación arrojó un resultado de 10 votos favorables frente a 11 (10 en contra y uno en blanco). ¿Por qué será que cada vez me acuerdo más de mi padre cuando, afligido, decía aquello de “¡pobre España!”?

En fin, carretera y manta, que me voy “pa” Málaga. Ya les contaré…

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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2 respuestas a ¿Es el 20N una fecha idónea para hablar de la lista de deudores y de la de defraudadores?

  1. Un tema que requiere una revisión por parte de las autoridades competentes, pero esperemos que esos mismo sean mas serios que algunos.

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