El TEAC y la soberanía española sobre Kapingaramangi: ¿seremos de nuevo un imperio?

Corría el año 1985 cuando “Los Nikis” (mítico grupo de la “movida”, entonces en boga) alcanzaron el cénit de su éxito con su celebérrimo “El imperio contraataca”, todo un sarcástico -por lo añejo- himno a la recuperación de nuestro pretérito poder colonial:

“Hace mucho tiempo que se acabó,
pero es que hay cosas que nunca se olvidan,
por mucho tiempo que pase.

1582, el sol no se ponía en nuestro Imperio,
me gusta mucho esa frase.

(…)

Lo, lo, lo, lo, lo, seremos de nuevo un Imperio”

Y, ¡quién sabe! Y es que puede que la historia, siempre azarosa, ya nos haya brindado la oportunidad idónea para recuperar nuestras posesiones de ultramar … y, si no todas, quizá sí algunas: hace apenas unos días leía una pintoresca reseña periodística en la que se daba cuenta de que, tras el desastre de 1898, el Tratado de París mediante el que EEUU y España zanjaron sus hostilidades (o, en su caso, el también suscrito con Alemania, transfiriéndole varias posesiones) olvidó incluir entre los territorios objeto de cambio de bandera tres atolones del Pacífico: Kapingaramangi, Nukuoro y Mapia que, hoy, tras el frenético proceso descolonizador del siglo XX, pertenecen a Micronesia (los dos primeros) y a Indonesia (el último). El asunto (que, en su origen, parece guardar cierta similitud con el caso de Llivia), según da cuenta la crónica periodística, duerme el sueño de los justos en los cartapacios del Ministerio de Asuntos Exteriores desde que, ya en 1949, un voluntarioso abogado del Estado llamara la atención sobre las posibilidades de reclamar nuestra soberanía sobre aquellos lejanos territorios siempre que, claro está, se lograra superar el dificultoso escollo de la prescripción, habida cuenta de que España no había ejercido allí sus derechos durante -ya por entonces- más de medio siglo…

Desde que la Agencia Tributaria (AEAT) puso el foco sobre los procesos de reestructuración empresarial apalancados (aquellos mediante los que un grupo multinacional reordenaba sus filiales, ubicando su matriz en España, al igual que la deuda por ella soportada para poder sufragar el coste de aquella adquisición), ya se vislumbró que uno de los puntos de fricción con los contribuyentes sería la incidencia que el tiempo (léase, la prescripción que, en palabras del Magistrado de la Audiencia Nacional Navarro Sanchís, “depende de la apreciación de dos ingredientes de conjunta concurrencia: el tiempo y la inactividad”) tendría sobre aquellos expedientes: muchas de aquellas controvertidas operaciones de reestructuración se habían hecho en ejercicios ya prescritos, circunstancia que la AEAT no consideró un obstáculo a la hora de regularizar la proyección de efectos que aquellas generaban en los períodos aún abiertos -estos sí- a la actuación inspectora.

Así, el debate ya estaba servido. Prueba de ello es la sentencia de la Audiencia Nacional de 24/1/2013 que, basada en otra previa de 24/7/2012, declara “la nulidad de los actos recurridos (…) por imposibilidad de comprobar y declarar realizadas en fraude de ley unas operaciones realizadas en (…) un ejercicio prescrito” y ello es así dado que no es “jurídicamente admisible proyectar el fraude sólo sobre los efectos jurídicos y económicos derivados del cumplimiento de tales actos o negocios, si éstos quedan extra muros de la declaración de fraude de ley, por razones temporales”.

Sin embargo (tal y como ya tuve ocasión de apuntar), el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en su resolución de 24/4/2013, refrendó la tesis de la AEAT afirmando que “el reclamante pretende trasladar la prescripción del Derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación, que, por definición, cabe situarse o encardinarse con relación a un concepto impositivo y período, a todo procedimiento de fraude de ley, que no tiene relación con un determinado concepto impositivo o periodo, sino con una serie de actos o negocios que se han podido ejecutar en fraude de ley. Dicho en otras palabras, no cabe confundir o identificar el derecho de la Administración a practicar la correspondiente liquidación con el derecho a comprobar, derecho éste que no está sujeto a plazo de prescripción alguno”. Ítem más: el TEAC acaba de ratificar esa interpretación en su resolución del pasado 27/6/2013: “que haya prescrito la acción liquidadora de la Administración respecto del impuesto de 2001 resulta irrelevante a la pretensión de la recurrente. Las operaciones constitutivas de fraude de ley no pueden contemplarse aisladamente, se hallan ensartadas cuidadosamente unas a otras y minuciosamente planificadas en el tiempo al objeto de conseguir el propósito contrario a Derecho perseguido, que es lo que caracteriza el fraude de ley”.

En fin, que, salvando las distancias -si se me permite este ejercicio de “funambulismo” jurídico, aquí planteado a los meros efectos dialécticos-, quizá no lo tengamos todo perdido y aún estemos a tiempo -como auguraban “Los Nikis”- de volver a proclamar aquello de que sobre nuestros dominios “no se pone el sol”.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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