El tax lease: su funcionamiento

Nunca un término inglés estuvo en boca de tantos. Sabemos que Europa “nos dio un palo” pero pocos saben en qué consiste exactamente el régimen del tax lease o, más bien, el sistema de financiación de arrendamiento fiscal. Sirva estas notas para explicarlo, si bien, adelanto, hay que tener ciertos conocimientos fiscales para poder entenderlo dadA su complejidad y la unión de varios regímenes fiscales que son los que permiten, en su conjunto, el beneficio global del régimen.

El funcionamiento del sistema fiscal sería, normalmente, el siguiente:

1. Astillero y armador suscriben inicialmente un contrato de compraventa por un precio neto. A continuación, se produce una novación de contrato mediante la cual una sociedad de leasing se subroga en la posición del armador por un precio bruto (mediante esta novación, la contraparte del astillero pasa a ser la sociedad de arrendamiento financiero).
2. La sociedad de arrendamiento financiero suscribe un contrato de arrendamiento financiero del buque con una agrupación de interés económico (AIE) naviera por un plazo corto de tiempo, con opción de compra. Durante este periodo se produce en sede de la AIE la amortización acelerada del buque (régimen de leasing) con los consiguientes beneficios fiscales: los intereses tienen en todo caso la consideración de gasto deducible para el arrendatario así como las cuotas de arrendamiento financiero en la parte que corresponde a la recuperación del coste del bien. Estos ajustes negativos por la amortización acelerada los traslada o “transparenta” la AIE a sus socios- inversores directamente, generando en éstos los correspondientes ajustes negativos en su base imponible del Impuesto sobre Sociedades que compensan con beneficios de su actividad ordinaria y ajena al ámbito naval (evidentemente, los inversores son sociedades que beneficios sino no tendría sentido esta inversión dado que no necesitaría de los ajustes negativos señalados).
3. La AIE cede al armador el buque mediante un contrato de “bare-boat” o a casco desnudo.
4. Cuando el buque está amortizado a efectos fiscales (tras los ajustes negativos por la amortización acelerada), la AIE pasa a tributar por el régimen del tonelaje que consiste en la tributación aplicando una escala a las toneladas de registro neto de cada buque, de modo que no revierte la amortización como en el régimen general (recordemos que en un leasing “normal” tras la amortización fiscal del bien, ajustaremos positivamente, en el resto de los años, la amortización contable).

Es decir, la situación de la AIE (básica en esta estructura) es la siguiente:

• Durante unos 3 años, la AIE genera bases imponibles negativas como consecuencia de la amortización acelerada del buque (que se “aprovechan” los socios inversores en el porcentaje de participación en la AIE).
• Desde que se produce la entrega del buque – entre 1,5 y 2 años desde el inicio de la estructura (base de construcción) – la AIE genera ingresos fiscales por el alquiler a casco desnudo (“Bare Boat”), pero su importe es muy reducido
• Terminada la amortización, (i) se transita al régimen de Tasa por Tonelaje, donde las bases imponibles son también muy reducidas (e incluyen la renta derivada de la transmisión del buque), o (ii) no se aplica el régimen de Tasa por Tonelaje, en cuyo caso los inversores en la AIE consiguen una mero diferimiento de su tributación, que compensa la pérdida de la inversión en la AIE

Según la Comisión, la incorporación al régimen del tonelaje permite que el importe de la recuperación del impuesto diferido por la amortización acelerada y anticipada no tribute con arreglo al régimen general del Impuesto sobre Sociedades. La Comisión detecta en ello una ayuda, por cuanto supone una exoneración fiscal a favor de las AIEs.

La Decisión viene a reconocer que los operadores económicos deben contar con la libertad necesaria para realizar negocios jurídicos y recurrir a combinaciones de reglas fiscales legítimas para garantizar la optimización fiscal en la contratación, pero limita esta libertad cuando las reglas que aplican constituyen en su conjunto, como ocurre en este caso, ayudas de Estado.

Los beneficiarios de este régimen de ayudas serían, pues, según la Comisión, las AIEs y -por aplicación del principio de transparencia fiscal- sus inversores cuando éstos sean entidades con actividad económica, es decir, empresas, y frente a ellas impone una complicada orden de recuperación.

La Comisión rechaza los argumentos invocados por las autoridades españolas y las partes intervinientes en el procedimiento, que defendían que una eventual recuperación violaría los principios de seguridad jurídica, igualdad de trato y confianza legítima, por lo que no debería exigirse devolución alguna.

Al parecer, la Comisión aceptaría únicamente reconocer confianza legítima a las operaciones realizadas o autorizadas con anterioridad al 30 de abril de 2007, fecha de publicación de la decisión final de ayudas en el asunto de los GIE fiscaux francés en la que se declaraba que el sistema fiscal vigente en Francia y similar al tax lease constituía ayuda de Estado: la Comisión considera que dadas las similitudes existentes entre ambos regímenes, con la publicación de aquella decisión un operador económico diligente debería haber dudado sobre la legalidad del tax lease.

Según la Comisión, además, ni las empresas navieras ni los astilleros son beneficiarios del régimen de ayudas.
La Comisión sostiene también que, en la medida que existan acuerdos privados que hicieran recaer las consecuencias de la orden de recuperación en los astilleros, dichos acuerdos quedarían sin efecto por contravenir el efecto útil de las reglas de ayudas en materia de recuperación.

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Francisco Soto Balirac. Asociado Sénior de J&A GARRIGUES

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