El siniestro

En ocasiones es algo tan simple como la vida, nuestra particular cotidianeidad, la que ubica los acontecimientos en sus justos términos, situándolos en el lugar y con la trascendencia que a cada uno de ellos les corresponden; ni más, ni menos.

Para no dispersarme en disquisiciones pseudofilosóficas, intentaré exponer un caso que -creo- vale como paradigma de lo apuntado. Hace apenas unos días, gestionando a través de internet una reserva para acudir a un espectáculo, me planteé contratar el seguro que se me ofrecía para paliar la eventualidad de que finalmente no pudiera acudir; hipótesis nada improbable habida cuenta de que mi presencia allí depende, entre otros imponderables, de que el avión que tome apenas unas horas antes me lleve a mi destino en el horario previsto. Como digo, consideré esa posibilidad y, al objeto de evaluarla en detalle, abrí el PDF que contiene las incidencias objeto de cobertura. Mi primera sorpresa fue comprobar que, lamentablemente, entre las contingencias cubiertas no se encuentra la que a mí me incumbe: la posibilidad de que un inoportuno retraso en el vuelo me impida llegar a tiempo al evento. Pero, más allá de mi inicial contrariedad por verme sin cobertura alguna, me llamó la atención que entre los “siniestros” (la póliza así define a “todo hecho que sea susceptible de estar garantizado por el presente seguro”) efectivamente amparados, se contempla -y cito literalmente- la “declaración de renta paralela, efectuada por el Ministerio de Hacienda”.

Superada mi inicial estupefacción, descargué las condiciones generales del seguro en las que este “siniestro” se describe, ya más detalladamente, como -y sigo con la reproducción literal- “declaración de renta paralela, efectuada por el Ministerio de Hacienda por cuantía superior a 601,01€, cuya presentación coincida con la fecha del evento”. A ver, a ver, me digo; porque esto es mucho. O sea, que entre las hipotéticas contingencias que un ciudadano medio puede ver como razonables como para decidir no asistir a un espectáculo previamente reservado y abonado, está (y de ahí que esa demanda genere la correlativa oferta) el hecho de que el erario público le requiera el pago de un importe adicional a aquel que él inicialmente declaró. Obsérvese, además, que la póliza equipara así esta eventualidad a otras también merecedoras de esa cobertura tales como “accidente grave o fallecimiento del asegurado”, “entrega en adopción de un niño”, o “retención policial del asegurado”. ¡Qué fuerte!

En fin, a partir de ahí se me ocurren varias reflexiones. La primera que este episodio parece venir a confirmar que una “paralela” conlleva una carga fiscal indirecta (es decir, el tiempo que debemos emplear para digerir su contenido y, en su caso, para impugnarla) de tal magnitud que hace aconsejable que cancelemos todos nuestros compromisos para centrarnos en exclusiva en atender la resolución de este “siniestro” (por cierto, que la póliza expresamente declara como contingencias no cubiertas otras tales como una catástrofe natural, una guerra civil, o altercados callejeros; ¿debemos, pues, suponer que la “paralela” es un siniestro de mayor gravedad que alguna de estas eventualidades?; espero y deseo que, más bien, responda a la mayor probabilidad de aquella respecto a éstas, así como a las causas de “fuerza mayor” que suelen conllevar estas últimas; supongo).

Permítanme que agote estas consideraciones con alguna reflexión acerca del concreto alcance de la contingencia objeto de la cobertura. Se describe como “declaración de renta paralela”: los que nos dedicamos a este peculiar mundo tributario sabemos que esa descripción chirría pues “declaración”, como tal, es la que prepara el propio contribuyente por lo que si hablamos de “paralela” (que, ya de por sí, supone que emana de la Administración Tributaria) malamente puede tratarse de una declaración; habrá de ser, más bien, una liquidación. Además, se circunscribe a que sea “de renta”, ergo parece que el temor atávico del ciudadano viene dado por el IRPF y no por otros impuestos (el propio IVA, por ejemplo) de los que pueda ser igualmente responsable. Ha de ser emitida por el Ministerio de Hacienda (habremos de entender por tal la Agencia Tributaria; AEAT), lo que introduce cierto grado de discriminación frente a las otras Administraciones Tributarias -autonómicas, locales- que no parecen merecedoras de semejante grado de atención por la póliza (ni, quizá, por los ciudadanos, habida cuenta de que el producto ofertado no atiende esa eventual demanda). Se fija un umbral mínimo de 601´01€; es decir, que por debajo de 100.000 pesetas -por cierto, diez años después, ¿cuándo dejaremos de cifrar extraños importes en euros que se corresponden con cuantías redondas en pesetas, no “viejas”, sino las únicas que han existido?- no parece que la “paralela” sea causa suficiente como para alterar los planes culturales de su potencial destinatario. Y el último matiz ya me desconcierta del todo pues circunscribe la efectividad de la cobertura a aquella paralela “cuya presentación coincida con la fecha del evento”. A ver, creo que este punto está algo confuso: si efectivamente nos encontramos ante una “paralela” girada por la AEAT, no hay presentación alguna que hacer sino, en su caso, un plazo para su ingreso (no menos de un mes) y/o para su impugnación (un mes). En tal caso la contingencia -perdón, el siniestro- me parece que adquiere ya toda su dimensión pues aun cuando hayamos tenido todo un mes para pagarla y/o recurrirla, si el último día para ello es, precisamente, el del espectáculo objeto del seguro, nuestra responsabilidad cívico-tributaria nos atenaza de tal modo que en esa jornada límite no podremos hacer otra cosa que dedicarla en exclusiva a afrontar ese reto. ¡Qué stress!

Parece obvio que en algo nos estamos equivocando -¡todos!- al plantear en estos términos las siempre peculiares relaciones contribuyentes-fisco. Por eso este episodio -tan anecdótico como ilustrativo de tantas cosas- merece la presente reflexión.

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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3 respuestas a El siniestro

  1. José Manuel Hernández Martín dijo:

    El pasado día 30 de octubre de de 2012, se publicó en el BOE la ley 7/2012, conocida como “ley antifraude”.
    Esta Ley regula nuevos casos de inversión del sujeto pasivo, relacionados con operaciones inmobiliarias, se añade
    una letra f) al art. 84.uno.2º de la Ley del IVA, así “cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de
    materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos formalizados entre el
    promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de
    edificaciones.
    Lo establecido en el párrafo anteri será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su
    vez el contratista principal y otros subcontratistas en las condiciones señaladas.”
    En relación con este punto, se me plantea una duda en relación con el concepto de ejecuciones de obra, según el art.
    8.dos.1º de la Ley del IVA, “También se considerarán entregas de bienes:
    1.º Las ejecuciones de obras que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido
    del artículo 6 de esta Ley, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados,
    siempre que el coste de los mismo exceda del 40 por ciento de la base imponible”.
    En conclusión, cuando se trate de una ejecución de obra, con aportación de materiales por encima del 40 por ciento,
    estaríamos ante una entrega de bienes, de lo que se deduce que no estaríamos ante un supuesto de inversión del
    sujeto pasivo, según establece la Ley 7/2012. Así el contratista o subcontratista, en sus relaciones con el un promotor,
    con un contratista u otro subcontratista, emitiría una factura devengando el IVA que correspondiese a la operación.
    Me gustaría saber la opinión al respecto de otros blogueros, y si mi interpretación es correcta.

  2. Esaú dijo:

    Quizás lo más representativo del ejemplo que planteas, es lo obsoleto que es el clausulado con el que importantes compañías aseguradoras trabajan en su día a día. Es lamentable que esas condiciones generales no pasen por manos de un experto en fiscal y, lo peor, al no hacerlo el ciudadano se verá abocado a los Tribunales en caso de que desee aplicar esa cláusula, porque se le pondrá en duda que cualquiera de los términos que has comentado -si es una declaración o una autoliquidación, si la emite el ministro o la AEAT, si es el último día o el de la emisión-…En fin, está claro que hay muuuuchas empresas que necesitan, si saberlo, fiscalistas más preparados. Esaú

  3. Jesús Gómez Taboada dijo:

    Desde hace décadas-cuando empezaron a pasar estas cosas-, la recepción de una carta de Hacienda (sin matices) provoca, por regla general, en el sujeto receptor, a una parálisis de duración variable. Pero paralísis. El redactor de la póliza, no muy ducho (o nada ducho) en materia fisal, redacto la cláusula como pudo (¿a quién se le ocurre que pueda distinguir entre Haciendas, tributos o liquidaciones: el hombre tiró hacia delante; y gracias que se acordó de la palabra -del concepto, está calro q. Para salvar sus buenas intenciones, propongo una interpretación acorde con “la realidad del tiempo en que ha de ser aplicada” (art. 3 del CC), y tendente a que surta efecto (art 1284 CC). Vamos, que por una idea benévola que, por una vez , alguien tiene, démosle margen de maniobra.

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