El paradisíaco encanto de Necker (a propósito de los conflictos de residencia)

El pasado mes de octubre se inauguró en Londres una exposición que, bajo el título “Virgin Records: 40 years of disruptions”, conmemora las cuatro décadas del sello discográfico Virgin, el cimiento sobre el que Richard Branson construyó un imperio empresarial que le ha llevado a tener la sexta fortuna del Reino Unido, estimada en unos 4.000 millones de euros. Y, casi coincidiendo con esta efeméride, trascendió públicamente que Branson habría trasladado, ya hace algún tiempo, su residencia -fiscal- a la isla de Necker que, amén de ser suya, está ubicada en el paradisíaco (y aquí, créanme, no me refiero a su benévola faceta fiscal sino a la meramente paisajística) archipiélago de las Islas Vírgenes Británicas, uno de tantos territorios de ultramar que, con sus innatas peculiaridades (tributarias inclusive), se dispersan por el mundo bajo la discreta tutela de la Union Jack.

La cuestión es que el mero anuncio de esa decisión -dado lo mediático de su protagonista que, además, se vanagloria frecuentemente de su “british” origen- ha dado lugar a toda una tormenta de comentarios (léase críticas) acerca de la legitimidad de su decisión. El asunto, obvio es decirlo, conecta así con el recientemente protagonizado por Gerard Depardieu, todo un símbolo nacional en Francia, que también provocó su propio escándalo anunciando su traslado a Bélgica, si bien en este caso -a diferencia del de Branson- lo hizo mediando una confesión expresa de que era la -en su opinión- asfixiante fiscalidad gala la que le llevaba a tomar esa decisión.

Bien. ¿Algo que objetar? Nada, desde luego, por mi parte dado que las personas, entre sus derechos individuales (al menos, en el, así conocido, “mundo libre”), gozamos de plena libertad para elegir nuestra residencia, personalísima decisión en la que, entiendo, habrán de entrar en juego una serie de ingredientes a valorar tales como la seguridad, servicios (sanitarios/educativos/…), comunicaciones, economía, ámbito laboral, clima y …, también -¿porqué no?- la presión fiscal. Parece del todo lícito y legítimo.

Otra cosa es que ante este tipo de movimientos, las Administraciones tributarias también se vean en la obligación de comprobar si, conforme a la normativa aplicable (ya sea esta la interna o la internacional, es decir los convenios para evitar la doble imposición), esas mudanzas son efectivamente acreedoras del consiguiente cambio de estatus fiscal. Y es que nuestras raíces tributarias, como personas físicas, se hunden allí donde vivimos con habitualidad, existiendo multitud de criterios para determinar la concreta localización de nuestra residencia en caso de discrepancias, porque en este punto -salvo contadas excepciones, significadamente la de EEUU- la nacionalidad tiene poco o muy poco que ver. La clave es dónde se ubica el núcleo de nuestros intereses vitales, siendo evidente que, salvo casos patológicos, este coincidirá con el lugar donde residimos habitualmente.

Nuestro país, siempre tan dado a la ley del “péndulo”, no fue muy sensible a estas cuitas hasta tiempos recientes en los que el asunto comenzó a cobrar un, hasta entonces, inusitado interés. Y casos conocidos ya hay unos cuantos: desde el celebérrimo episodio de la supuesta residencia andorrana de Arantxa Sánchez Vicario, al ya más discreto del Nobel José Saramago cuyas reiteradas y prolongadas estancias en Canarias llevaron a la Agencia Tributaria -AEAT- a sostener (con éxito dispar) su condición de residente en España. Sumamente interesante resulta a este respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2012 (ver aquí) con la que se zanjó, al menos en parte, la encendida controversia entre el escritor (si bien, este ya a título póstumo) y el erario.

Por asociación de ideas: en estos temas de residencia, en los últimos tiempos están adquiriendo una -al menos para mí- insólita relevancia los procesos de comprobación que la AEAT lleva a cabo respecto a aquellos contribuyentes que siendo residentes en España realizan ciertos trabajos en el extranjero que les legitima para aplicar la exención prevista en el ya célebre artículo 7.p de la ley del IRPF. Pues bien, en estos casos (que conectan con el “post” del pasado 11/6/2013), lo cierto es que la prueba que se les exige a los contribuyentes al objeto de acreditar que sus tareas redundan en beneficio de una entidad no residente es absolutamente kafkiana, por no decir diabólica (como en derecho se conoce a aquellos elementos de prueba de imposible justificación).

Ciertamente no parece de recibo que incentivos cuya razón de ser sea promover la internacionalización de las empresas españolas se conviertan en auténticas quimeras fiscales, todo un espejismo que así luce en el BOE (y en la boca del político de turno) pero de muy difícil disfrute por sus destinatarios naturales. Y es que una cosa es luchar contra el fraude y otra -muy distinta- sospechar, por principio, que todo ciudadano es un defraudador en potencia. Así vamos mal, muy mal.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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Una respuesta a El paradisíaco encanto de Necker (a propósito de los conflictos de residencia)

  1. Juan Castro dijo:

    Me quedo con esa última frase: “una cosa es luchar contra el fraude y otra -muy distinta- sospechar, por principio, que todo ciudadano es un defraudador en potencia”.
    Esa idea, muy presente en la Administración Estatal, se plasma en la mayor parte de los expedientes sancionadores iniciados por ésta, en los que, lejos de ser la Administración la que debe probar la infracción cometida por el contribuyente, es éste el que debe probar su inocencia.
    En el preámbulo del Reglamento Sancionador Tributario, se establece como característica fundamental del régimen sancionador, “La aplicación de los principios generales en materia sancionadora consagrados en la Constitución y en las normas generales de derecho administrativo, entre los que destacan el de legalidad, tipicidad, responsabilidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, no concurrencia e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.”
    Debo de ser un romántico… ¡o un iluso!

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