El IRPF de la Diputación de Barcelona: no con mi silencio

El IRPF de la Diputación Catalana“Ayer era rey de España
hoy no lo soy de una villa;
ayer, villas y castillos,
hoy, ninguno poseía;
ayer tenía criados
y gente que me servía;
hoy no tengo una almena
que pueda decir que es mía (…)”
Anónimo, Romance del siglo XIII

Leía, con estupefacción, hace apenas unos días que “la Diputación de Barcelona ultima la entrega del IRPF de sus empleados al fisco del Govern”. Y mi estupor se incrementa aún más cuando compruebo que la noticia como tal no es reciente sino que, en puridad, se remonta al pasado 26/11 pues fue ese día cuando la Sesión Plenaria de la Diputación de Barcelona aprobó -vid las páginas 186 a 190 del acta- por mayoría absoluta una propuesta que, auspiciada por la CUP (y jaleada por CiU, ERC y Entesa), instaba a esa institución provincial a abonar sus tributos (IVA y retenciones del IRPF) a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y no a la AEAT.

A ver, esta bitácora es un espacio abierto para el debate tributario y, como tal, no es un foro político, lo que me “obliga” a omitir varias consideraciones -tan personales como legítimas- que este insólito episodio me genera. Tengo mi opinión, más o menos objetiva, más o menos fundada, pero… me morderé la lengua no por falta de ganas (que me sobran), ni de libertad (que la tengo toda, ¡solo faltaba!), sino por no ser esta la tribuna idónea donde este debate debe suscitarse. Me limitaré, por tanto, a decir que, próximo ya a cumplirse un siglo de la primera edición de “España invertebrada”, uno de los problemas crónicos entonces apuntados por Ortega y Gasset (el separatismo) todavía pervive… y, además, con renovada virulencia. ¡Cien años para nada!

Pero lo cierto es que esa noticia tiene también un trasfondo jurídico, y no menor. Y ahí sí que me siento legitimado a expresar mi tan personal como humilde opinión. Lo primero, como si fuera un principio científico expuesto por Gay-Lussac, constatar que aquí estamos ante una nueva evidencia empírica de esa teoría que sostiene que el poder, como el gas, tiende a ocupar todo el espacio circundante, siempre y cuando esté vacío. Y es así como, ante la inacción del Estado (y, más en concreto, de la AEAT), la “tierra de nadie” que esta ha abandonado a su suerte, es rápidamente ocupada por otro poder (el local, provincial o autonómico; a según), ávido de ganar terreno bajo la implacable política de los hechos consumados. España, en su historia reciente -y en episodios tan variopintos como inconexos  (La Marcha Verde sobre el Sahara Occidental; la quema de la embajada de España; el secuestro del Alakrana)-,  ha dado sobradas muestras de tener ya cierta experiencia en esto de hacer dejación de sus funciones, provocando que el Estado haya ido ganando práctica en la técnica de la política de “brazos caídos” o, si lo prefieren en francés, del “laissez faire”.

Y esta percepción no es mía (ya saben que apenas tengo ideas propias, siendo más bien un mero captador de ideas ajenas que, cuando me gustan, las divulgo por doquier), sino de alguien con tan fundado criterio como los Catedráticos de Derecho Administrativo Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes que ya hace unos años advertían, fundadamente, que “si nosotros contemplamos la realidad española actual podemos concluir que caminamos hacia una recuperación -inesperada, extemporánea- de un sistema parecido al feudal como consecuencia de la evolución que vive nuestro Estado autonómico especialmente desde 2004. Un sistema feudal con perfiles nuevos, pero en el que se advierten ciertos rasgos del orden antiguo, caracterizado por el hecho de que, en él, el interés predominante del noble -señor territorial y hacendado- se dirigía al disfrute -sin tapujo alguno y en disputa con el rey- de su posición económica, social y política.

Cambiemos al noble por la barroca clase política autonómica y municipal actual y tendremos, cada vez de forma más visible, ese mismo proceso histórico, ya enterrado, resucitando cada día entre nosotros en medio de espasmos intermitentes de frivolidad: de un lado, afianzamiento de la influencia política de los señores territoriales (…); de otro, apartamiento particularista -e insolidario- de la estructura común del Estado (…). Lo que tenemos es el navío averiado de una Administración ineficaz y cara, de un Estado cada vez más inerme, rebajado al deslucido papel de coordinador de territorios que ganan músculo, fuerza y potencia. Un Estado fragmentado y esqueletizado” (“El Estado sin territorio”).

No otra cosa es lo que el académico Pérez-Reverte -en su estilo descarnado- acaba de denunciar: “(…) se da otra circunstancia aún peor: el abandono de la gente, de los ciudadanos decentes, en manos de la gentuza política local. A cambio de gobernar de cuatro en cuatro años, los sucesivos gobiernos de la democracia han ido dando vitaminas a los canallas y dejando indefensos a los ciudadanos. Y ese desamparo, ese incumplimiento de las leyes, esa cobardía del Estado ante la ambición, primero, y la chulería, después, de los oportunistas periféricos, dejó al ciudadano atado de pies y manos, acosado por el entorno radical, imposibilitado de defenderse, pues ni siquiera las sentencias judiciales sirven para una puñetera mierda”.

Retornemos ahora al concreto episodio que motiva estas líneas y buceemos algo en su intrahistoria: según consta en el pretendido “Informe en relación a la legalidad del pago de los impuestos de IVA e IRPF (valga la redundancia; sic) por parte de las Administraciones locales catalanas a la Agencia Tributaria Catalana, “des de l’any 2012 en que es va usar per primer cop aquest sistema, tothom que l’ha usat, empreses, entitats locals i ciutadans, consta  al corrent de pagament segons el mateix Estat. En conseqüència la pràctica d’aquests anys avala aquest sistema que de cap manera ha estat considerat incorrecte per part de l’AEAT, sinó que l’avala el fet d’acceptar-ho. La doctrina dels actes propis “venire contra factum propium non valet” estableix el principi general del dret que impedeix a una administració anar en contra dels seus propis actes i per tant és un límit de l’exercici d’un dret com a conseqüència del principi de bona fe. És a dir, no pot l’Agència Tributària Estatal, donar per vàlida una forma de pagament que està acceptant explícitament fins a l’actualitat i a partir d’un moment considerar aquesta forma com a invàlida, aprofitant-se de la bona fe del contribuent, en aquest cas, una administració pública” (pese a no ser catalanohablante, llego a entender “grosso modo” el meollo del supuesto argumento).

El acta del Pleno de 26/11 de la Diputación barcelonesa también se hace eco de esos presuntos precedentes pues en ella se deja expresa constancia de que en 2015 ya hubo 83 contribuyentes (apenas una “gota” en el “océano” de los 3.400.000 catalanes pagadores de impuestos) que presentaron sus declaraciones de IRPF en la ATC, y otros 77 que ya habrían pagado tributos distintos (se presume que no se refiere a los “cedidos”) también a la ATC. Es decir, que se habría generado un “precedente”, una genuina prueba con “gaseosa”, siendo así que en esos casos no consta que la AEAT haya reaccionado instando a esos contribuyentes a abonarle (y, en su caso, también a presentar los impresos soporte) a ella y no a la ATC. Y ya se sabe que el que calla…

El punto clave del asunto radica en que lo que ahora se pretende “vender” es que el pago, en puridad, no se hace a la ATC con vocación de que sea ésta la efectiva Administración perceptora de esos cobros, sino que el papel de ésta se limitaría a actuar como una mera -y pretendidamente inocente ex artículo 38.1 del Reglamento General de Recaudación (RGR), interpretado aquí de un modo “antinatura”- intermediaria en la gestión recaudadora, siendo así que dentro del plazo legalmente establecido procedería a traspasar esos fondos a la AEAT que, así, percibiría lo debido en plazo (pero ya no del contribuyente deudor, sino del depositario -la ATC- al que aquél encomendó esa peculiar gestión). Sería ingenuo no intuir el siguiente movimiento de esta maquiavélica partida de ajedrez: una vez que la ATC haya logrado un volumen significativo de fondos en su encomienda de gestión, llamará a la puerta de la AEAT planteando sus genuinas reclamaciones con la presión -ya real- de retener esos relevantes importes hasta que la negociación fructifique…

Bueno, desde mi perspectiva, aquí tenemos un auténtico episodio en el que la AEAT, dejando hacer, ha generado una atmósfera gaseosa, del “todo vale”, dando pábulo a unas prácticas que, cuando menos -y permítanme que sea benévolo en la apreciación-, han generado una sensación de inmunidad (cuando no impunidad) para aquellos que las han seguido. Admitamos, sólo por un momento y a los meros efectos dialécticos, “que el pulpo es un animal doméstico” y que el mencionado 38.1 RGR amparara que esa praxis -hoy aún anecdótica- se generalizara España adelante: bueno, en tal caso parece que sería legítimo que cada uno de nosotros optara, a su libre albedrío, por encomendar -en nombre y por cuenta de- la gestión recaudatoria de sus tributos estatales a aquella Administración que sienta afectivamente como más próxima: la Junta de Distrito de mi barrio, el pueblo de mis abuelos, la Diputación de la provincia donde veraneaba de niño…

Dado que estamos hablando de algo propio de “Celtiberia show”, traigo a colación el folklórico episodio de aquel ciudadano que -pacifista convencido- aplicó en su declaración de IRPF una suerte de “objeción fiscal” equivalente al porcentaje presupuestario que el Estado destina a los gastos militares, a lo que el TSJ-Valencia (sentencia de 22/1/2013) le contestó que “los derechos fundamentales no son absolutos y aunque a la parte recurrente le asista el derecho a la objeción de conciencia por motivos ideológicos explicada en el art. 16.1CE, tal circunstancia no implica un derecho a la objeción fiscal por motivaciones pacifistas en tanto que el reconocimiento de dicho derecho supondría un grave desconocimiento de otros derechos y valores constitucionales dignos de protección. Como es sabido, los derechos fundamentales admiten cierta modulación y así lo enseña la doctrina constitucional de la proporcionada limitación de los derechos fundamentales. (…). La negativa a satisfacer los tributos que atienda a motivaciones pacifistas compromete la salvaguarda del ordenamiento constitucional por las fuerzas armadas; el derecho de los españoles a defender España y el sostenimiento de los gastos públicos. En este sentido, la exigencia de la contribución tributaria a quien hoy es parte recurrente se considera adecuada a estos valores o fines constitucionalmente reconocibles y dignos de protección”. Pues eso.

Y en lo que se refiere al “pago por delegación” a la ATC, es obligado recordar la taxativa literalidad del artículo 33.3 RGR -la genuina piedra de toque- cuando apunta que “los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos (…) no liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor que admita indebidamente el pago”. Lo que implica que aquí se mixturen varios niveles de hipotéticas responsabilidades: la de la propia ATC al permitir esos cobros, la del pagador (Diputación) al ingresar esos impuestos en una Administración que no es la jurídicamente acreedora, así como el eventual impacto que tal “praxis” pueda acarrear a los contribuyentes involuntariamente afectados; léase el trabajador que presenta su IRPF en la AEAT sin que a ésta le conste el ingreso -en tiempo y forma- de sus retenciones (de ahí la cautela del sindicato CSIF), o la empresa/profesional que se deduce el IVA que la Diputación le hubiera repercutido sin que esta lo haya abonado a la AEAT (aunque este caso, como es sabido, entraña otro debate).

Demos tiempo al tiempo, y tendremos ante nosotros un genuino carajal. Permítanme que no me ría; las carcajadas me las reservo para los “numeritos” de mis hijos, tanto o más infantiles, pero exentas de la perversión que este triste episodio entraña.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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5 respuestas a El IRPF de la Diputación de Barcelona: no con mi silencio

  1. No hay nada que nos haga sentir mejor a los catalanes -a los abandonados, me refiero, yo no me arrogo la representación de nadie como hacen los secesionistas-, que una voz más allá del Ebro dándonos ánimo y pidiendo socorro. Gracias, Javier.
    Para saber mi opinión al respecto, solo hace falta ir a la hemeroteca:
    http://www.cuatro.com/noticias/miguel-angel-oliver/Miguel_Angel_Oliver-Hacienda_catalana_2_2074830215.html
    Abrazo. Esaú

  2. Santiago Pascual Chicote dijo:

    Más que a Ortega este asunto apunta a Salvador de Madariaga, que con mucha razón decía que los dos males del español son la dictadura y el separatismo, que son las dos caras de la misma moneda: el deseo de hacer prevalecer su voluntad frente al resto (dictadura) y, si esto no es posible, separarse de la voluntad mayoritaria (separatismo).

    Al margen de esto, un apunte: es sumamente curioso que las grandes propuestas de la novísima izquierda sean exenciones fiscales, fueros territoriales y un sistema competitivo de territorialización del gasto público … ¿o es que es otra cosa el “derecho a decidir”?

  3. Muchas gracias, Esaú y Santiago, por vuestras respectivas aportaciones.

    Por mi parte, como colofón, apunto las palabras con las que los propios Sosa y Fuertes terminan su “El Estado sin territorio”: “(…) se impone realzar esta idea de la lealtad (institucional) porque a través de este principio trascendental encuentran acomodo las diversas piezas de un sistema político descentralizado (…). La lealtad ha de ser entendida como “gozne del Estado´´, como bisagra que sirve para facilitar el movimiento de sus engranajes. Porque es, a fin de cuentas, el sentido común, el adhesivo esencial de la organización política descentralizada y porque donde no hay lealtad surge el desconcierto.
    Una lealtad que -digámoslo para concluir- representa el confín marcado por el territorio de las buenas maneras, más allá del cual se abre otro en el que se extienden la sombra del desconcierto o el germen del despropósito. (…). Porque desgraciadamente, en España, la deslealtad de algunos actores de la escena política es la característica de un sistema confuso, deteriorado e ineficaz que a muchos nos alarma”.

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