El IIVTNU y el cierre registral: ¿un nuevo sudoku?

En medio de la “tormenta” legislativa en la que nos vemos obligados a vivir (y, hasta si se me apura, a sobrevivir), no es extraño que alguna de las innumerables novedades abordadas por el legislador pase inicialmente algo desapercibida, siendo sólo tiempo después cuando se toma consciencia de su relevancia -cuando no, incluso, de su mera existencia- y, en su caso, también de los eventuales problemas que, además, pueda llegar a generar.

Paradigma de ello, al menos para mí (confieso), es lo resultante de la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2012 del 27 de diciembre mediante la que se crea un nuevo supuesto (omitiendo, por cierto, cualquier referencia al mismo en la exposición de motivos) de cierre del Registro de la Propiedad (RP) si a éste no le consta la autoliquidación, declaración o comunicación (que de todo hay) relativa al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU; comúnmente conocido como “arbitrio de plusvalía”). Este cierre opera ya desde el pasado 1 de enero sin haberse previsto régimen transitorio alguno, por lo que parece que afectaría, por tanto, a cualquier escritura que, con independencia de su fecha de otorgamiento, se presente en un RP a partir de esa fecha.

En esencia, la nueva obligación que ahora se impone al ciudadano (casi produce sonrojo autocalificarnos de este modo cuando más parecemos ser tratados como súbditos) es que acredite ante el RP la presentación de la autoliquidación o, en su caso, declaración; o que, tratándose del adquirente (o persona a cuyo favor se constituya o transmita un derecho real), justifique la existencia de la comunicación “ad hoc” presentada ante el ayuntamiento.  Obsérvese que este nuevo supuesto de cierre registral incorpora una llamativa paradoja, pues siendo en muchos supuestos (el más común, en las compraventas) el transmitente el sujeto pasivo del IIVTNU, será al adquirente al que más le interese la inscripción registral. Así, el adquirente habrá de velar muy diligentemente por que al RP le conste fehacientemente el cumplimiento de los nuevos requisitos que ahora se imponen.

Así las cosas, y sin perjuicio de que el propio notario otorgante tenga la obligación de remitir periódicamente la relación de documentos otorgados a través del, así denominado, “Índice Único” (gestión que no parece exonerar de la nueva obligación objeto de este “post”), cabría que el adquirente requiriera a aquel en la propia escritura para que sea el propio fedatario quien dé cumplimiento a la comunicación del hecho imponible, cumpliéndose ésta mediante el envío por correo administrativo de una copia de la escritura y dejándose constancia de ello en la oportuna diligencia notarial. Sin embargo, debe apuntarse que ya el propio Colegio de Registradores, mediante un “prontuario” divulgado a estos efectos, ha advertido expresamente que “no parece sustituible el deber de comunicación al ayuntamiento por una diligencia notarial que diga que el notario asume dicha notificación”, ergo lío habemus, una vez más con el ciudadano como víctima tan inocente como involuntaria del desbarajuste del sudoku burocrático nacional.

Y ya para terminar, y aun cuando sea un asunto colateral respecto al que directamente aquí nos ocupa, de los términos del ya mencionado “prontuario” se desprende que, a raíz de esta novedad, los registros de la propiedad han iniciado gestiones ante los ayuntamientos con un doble propósito:

i .- Suscribir convenios de colaboración mediante los que serían ellos mismos los que podrían actuar como “oficinas liquidadoras” del IIVTNU, a cambio de lo cual recibirían una retribución porcentual sobre la recaudación obtenida (este esquema corre el riesgo de encarecer la gestión municipal por una doble vía pues, por una parte, las arcas municipales sufragarían un coste por un servicio externo que hasta hoy habrían venido prestando con sus propios medios, y, además, ese nuevo servicio habría de soportar el IVA -en virtud de la ya célebre STJUE de 12/11/2009- que, como es bien sabido, para las arcas públicas suele ser un gasto).

ii .- Tal y como el ya mencionado “prontuario” predica, “la colaboración se ha extendido no sólo a gestionar el tributo allí donde estuviera aprobado [cabe recordar que este impuesto es de los potestativos para los municipios] sino también a facilitar su aprobación con nuestra ayuda”, de lo que parecería inferirse que este nuevo escenario pudiera allanar el camino para que los ciudadanos veamos incrementada nuestra ya de por sí elevada presión fiscal por obra y gracia del IIVTNU que se implante en aquellos ayuntamientos que, a día de hoy, aún no lo tuvieran.

No quiero terminar estas líneas sin darle una afectuosa bienvenida a Francisco Soto en su reciente estreno en el blog: todo mi ánimo y suerte para este nuevo reto.

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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2 respuestas a El IIVTNU y el cierre registral: ¿un nuevo sudoku?

  1. pichi dijo:

    Este articulo me podeis aclarar si viene a decir que el IIVTNU lo tienen que pagar los compradores?

  2. Javier Gómez Taboada dijo:

    En absoluto: esta novedad legislativa no implica modificación alguna sobre la condición del contribuyente, pero sí que obliga a los compradores a extremar su diligencia para velar porque el cierre registral no opere. Ni más, ni menos. Muchas gracias por su comentario y por su interés.

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