Doble alma

Nuestra ya de por sí compleja administración territorial, combinada con la distribución competencial de sus facultades tributarias genera, en ocasiones, un coctel explosivo para aquellos contribuyentes que se ven atrapados en laberintos, vericuetos, más propios de una novela de Kafka que de una sociedad civilizada del siglo XXI.

Es obvio, y de hecho ha generado no poca literatura, que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) confluyen, con frecuencia, sobre una misma realidad fáctica, siendo paradigma de ello las transacciones inmobiliarias en las que la casuística -siempre ingente- convierte a ambas figuras tributarias en genuinas placas tectónicas que al entrar en contacto pueden dar lugar a auténticos seísmos, sino físicos, sí jurídicos (y de una intensidad no precisamente menor). Recordemos, además, que esa convulsión se adereza -tan oportuna como apasionadamente- con el hecho de que cada uno de esos impuestos es gestionado por una Administración Tributaria distinta: el Estado en el caso del IVA, y las CCAA en el del ITP. Y es, precisamente, por ello, y con la manifiesta intención de evitar la generación de perversas patologías, por lo que la normativa contempla expresamente la existencia de unos órganos de coordinación entre las CCAA y la AEAT que serían los llamados a “pacificar” aquellos supuestos en los que entran en colisión los intereses de ambas potestades fiscales.

Sin embargo, ya es sabido, que el hombre propone pero la realidad dispone (más aún, si cabe, en el rico universo de la fiscalidad), y prueba palpable de ello es el asunto abordado por el TEAC en su Resolución del pasado 24/5/2012 que versaba sobre una compraventa inmobiliaria que, habiéndose autoliquidado como gravada por el IVA, fue comprobada por la Inspección de la AEAT siendo así que ésta “aceptó la tributación de las operaciones por IVA, y teniendo un alcance general la regularización, las operaciones de compraventa controvertidas quedan englobadas dentro de la misma, a lo que debe añadirse que la liquidación tiene carácter definitivo”, siendo así que -tal y como el propio TEAC afirma- “los elementos de la obligación tributaria comprobados e investigados en el curso de unas actuaciones que concluyen con una liquidación no pueden regularizarse nuevamente”. Pese a ello, lo cierto es que ese Vº Bº de la AEAT no fue óbice para que la CA interpretara, por su parte, que la operación debió tributar por ITP al cuestionar el grado de deducibilidad del IVA del adquirente (requisito básico para que operara la renuncia a la exención del IVA en su día invocada y, posteriormente, santificada por la AEAT), lo que le llevó no sólo a levantar actas exigiendo el ITP no autoliquidado sino, incluso, a imponer sanciones.

Así las cosas, el TEAC señala que ahora le toca “determinar cómo afecta esto a la posible regularización que pudiese practicar la Inspección de los Tributos de la Comunidad Autónoma en relación con las mismas operaciones”, lo que le lleva “prima facie” a reprochar que “hubiera sido deseable, (…) que la primera de las Administraciones que advirtió de la posible tributación por uno u otro impuesto, hubiera acudido a estos órganos de coordinación a fin de determinar el tributo aplicable sin llegar a practicar liquidación por los dos”.

Y a partir de ahí, se dedica a desbrozar el complejo caso que tiene entre manos, precisando que “cuando la Administración tributaria autonómica, en el ejercicio de su potestad dicta liquidación en relación con un tributo cuya competencia de inspección le es atribuida por la norma, no está ejercitando facultades que correspondan a otra Administración tributaria (la estatal), ni se está inmiscuyendo en la gestión de un tributo cuya competencia inspectora le corresponde a otra Administración (la estatal). (…). Por ello, no podemos considerar que se lesiona el principio de los “actos propios”, puesto que la potestad y competencias para liquidar por parte de ambas Administraciones, estatal y autonómica, está delimitada en las normas que las atribuyen a una y otra”. Creo obligado apuntar aquí que esta interpretación del TEAC no parecería coincidir plenamente con la expresada por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado 18/6/2012 en la que afirmaba que “dado que la Comunidad Autónoma actúa como delegada para la gestión, inspección, valoración, etc., del tributo cedido, (…) el criterio de personalidad jurídica única, utilizado frecuentemente para defender el principio de unicidad, puede ser sustituido por el de delegación legal de funciones, con todas sus consecuencias,( …)”.

Llegados a este punto, el TEAC aborda el análisis de la ortodoxia de la liquidación de ITP objeto de impugnación, concluyendo que “a pesar de las afirmaciones efectuadas tanto en las Actas de disconformidad como en los acuerdos de liquidación, no podemos concluir sino que la Administración no justifica ni acredita en los expedientes remitidos la veracidad de sus afirmaciones”, y siendo ella “la que debe acreditar la concurrencia de los elementos constitutivos del hecho imponible por el concepto ITP, lo que no ha efectuado en esta ocasión, debiendo anularse las liquidaciones” y “asimismo los acuerdos sancionadores”.

Acerca de este mismo “sudoku” ITP vs IVA, aconsejo la pausada lectura de las CVs 0882-12 y 2098-12, no obstante mi expresa confesión de que no he sido capaz de llegar a entender su genuina “intrahistoria”, máxime cuando la segunda de ellas comienza recordando “que la Administración tributaria debe actuar con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho” (sic).

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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2 respuestas a Doble alma

  1. Rodrigo dijo:

    Me suena la cantinela…
    Por verle la parte positiva, si se te pasa un plazo en alguno de los dos procedimientos (IVA ó ITP), siempre te queda el otro…

  2. SANTIAGO PASCUAL dijo:

    A lo mejor el proceso soberanista catalán nos trae una Agencia Tributaria única y estos problemas se solucionan de raíz; ya se sabe que no hay mal que por bien no venga.

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