Del domicilio para notificaciones y sus cuitas

Si en un anterior “post” se analizaban las peculiaridades de las notificaciones tributarias realizadas durante el presente mes de agosto, hoy toca analizar otro asunto emparentado con ese: cuál es el domicilio idóneo al que la Administración debe dirigir esas notificaciones.

El tema no es menor habida cuenta que la ortodoxia de la notificación depende de circunstancias (plazo, lugar y persona que la recibe efectivamente) que, según cómo se desarrollen, determinarán la efectividad jurídica del acto notificado y, así, la generación de derechos y obligaciones para las partes afectadas por el acto en cuestión.

Por ello, reviste el máximo interés la interpretación (que, ya adelanto, no comparto) que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha sostenido en su resolución del pasado 2/6/2015.

El supuesto de hecho sometido a su análisis era, sintetizadamente, el siguiente:

-. El 29/10/2010 se inician dos procedimientos sancionadores respecto a otros tantos contribuyentes que son notificados a la representante que aquellos habían designado y con la que se habían realizado todas las actuaciones inspectoras que la AEAT llevó a cabo respecto a ellos.

-. Con fechas 28 y 29/4/2011, la AEAT intenta infructuosamente notificar en los respectivos domicilios fiscales de los contribuyentes (y no en el designado por su representante) la resolución de los correspondientes expedientes sancionadores.

-. Finalmente, el 5/5/2011 la AEAT notifica esas resoluciones sancionadoras en el domicilio del representante.

Entendiendo que entre el inicio de los procedimientos sancionadores y la notificación final de sus respectivas resoluciones al representante medió más de 6 meses, los contribuyentes alegaron esta circunstancia ante el TEAR-Galicia que, en su resolución de 25/9/2013, la estima con base en la siguiente argumentación:

“(…) Se hace preciso valorar si en el presente caso, cuando aquellos actuaron por medio de representante (con el cual, de acuerdo con el artículo 46.2 -sic; el apartado correcto es el 1 y no el 2 como erróneamente señala el TEAR- de la Ley 58/2003, se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, salvo que se haga manifestación expresa en contrario), dicho domicilio era el lugar idóneo al que dirigir el intento de notificación, a los efectos de garantizar que el contenido del acto llegase a conocimiento de su destinatario dentro del plazo de duración del procedimiento, en aplicación del artículo 104.2 de la Ley 58/2003.

Al respecto, no merece ser ignorado el hecho de que la Inspección tenía pleno conocimiento de la designación de aquella representante, con la que actuó a lo largo de todas las actuaciones inspectoras, y a quien notificó el inicio de los procedimientos sancionadores, así como los respectivos acuerdos sancionadores (ya en fecha 05-05-2011), disponiendo en todo momento de la dirección identificada por la representante como domicilio a efectos de notificaciones. No consta, sin embargo, que se dirigieran intentos de notificación a aquella dirección, ni se explicitaran los motivos que, en su caso, hubieran imposibilitado su práctica, de manera que el recurso directo al domicilio fiscal de los obligados tributarios, bajo las circunstancias anteriores (que no evidencian maniobras por su parte tendentes a obstaculizar la notificación fehaciente de los acuerdos resolutorios -han designado a un representante perfectamente localizable, al que se puede acudir-, conducta a la que responde en esencia el artículo 104.2 de la Ley 58/2003), determina que los intentos de notificación allí practicados no hayan sido realizados en lugar idóneo, al objeto de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de los seis meses.

Ha de concluirse, por tanto, que los intentos practicados no son válidos a los efectos del artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de manera que al producirse la notificación efectiva de los acuerdos fuera del plazo legalmente establecido se debe reconocer la caducidad de los expedientes sancionadores, con la consiguiente anulación de las sanciones impuestas”.

Esta interpretación del TEAR-Galicia no es compartida por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT que, por medio de su director, interpone recurso extraordinario de alzada para la unificación de doctrina ante el TEAC, siendo así que este lo resuelve en su mencionada resolución del pasado 2/6 mediante la siguiente argumentación:

“Como de todos es sabido, el procedimiento sancionador es un procedimiento iniciado de oficio. La cuestión controvertida ya ha sido objeto de pronunciamiento por este Tribunal Central. Así, en resolución recaída el 28 de noviembre de 2013 en la reclamación 00-2953-2011, en cuyo Fundamento de Derecho 4º señala lo siguiente:

“(… ) En el presente caso nos hallamos ante la cuestión de la eficacia que ha de otorgarse al intento a  que se refiere el artículo 104 LGT a efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento.

Este intento de notificación ha de ponerse en relación con el lugar de práctica de las notificaciones que regula el artículo 110 de la LGT 58/2003. En relación al mismo y concretamente a su apartado 2, la jurisprudencia es unánime en reconocer que en los procedimientos iniciados de oficio, el  apartado 2 de dicho precepto no establece orden de prelación alguno en los lugares de notificación, de modo que la notificación puede practicarse en cualquiera de los lugares allí indicados, domicilio fiscal del obligado o de su representante, centro de trabajo, y en general cualquier lugar adecuado a tal fin.

Quiere esto decir que el primer intento de que el texto íntegro del acto llegue al conocimiento del obligado tributario, a que el artículo 104 hace referencia como intento eficaz para acreditar la salida del acto de su esfera interna, puede hacerse en cualquiera de los lugares indicados en dicho articulo 110.2, adecuado al fin de su recepción. (…)

En el caso que nos ocupa, el intento de notificación hecho en el domicilio fiscal del obligado tributario ha de reputarse como lugar de los habilitados por el mencionado articulo 110. 2 y se revela como adecuado a tal fin, y, por ende, para surtir eficacia a los efectos del artículo 104, (…)´´”.

Argumentación que, ya en su fallo, le lleva a fijar “(…) el criterio de que a los efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos a que se refiere el apartado 2 del artículo 104 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en los procedimientos iniciados de oficio se consideran válidos, siempre que consten debidamente acreditados, los intentos de notificación que se hubieren practicado en cualquiera de los lugares legalmente previstos al efecto en el  artículo 110.2 de la misma ley”.

Ergo, a los efectos que aquí interesa destacar, la conclusión es que, siempre según la interpretación del TEAC, en los procedimientos iniciados de oficio (ya sean sancionador, inspector, recaudador, …), aunque los contribuyentes hayan designado un representante con el que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46.1 LGT, “se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, salvo que se haga manifestación expresa en sentido contrario”, lo cierto es que a los efectos de la validez de las notificaciones que la Administración haga a esos contribuyentes, aquella podrá optar libremente por practicarlas en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 110.2 LGT (ya sean estos de los propios contribuyentes o de su representante).

Tomemos buena nota, por la cuenta que nos tiene…

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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