De drones, horarios comerciales y demás variopintos asuntos (algunos, fiscales)

Tal y como los medios de comunicación se han ocupado de divulgar (y la oposición de denunciar), el pasado 5 de julio (sábado, para más señas), el BOE (Boletín Oficial del Estado) “vomitó”, literalmente, un Real Decreto-ley (el 8/2014, lo que supone una media mensual superior a la unidad) que viene a modificar nada menos que 26 leyes, relativas a 9 ministerios, siendo así que para tan ciclópeo fin necesita 172 páginas (30 de ellas a modo de preámbulo) que acogen disposiciones que, para más inri y salvo contadas excepciones, entran en vigor el mismo día de su publicación.

Pero ¡atención!, pues su corrección de errores (BOE, del 10 de julio) también está a la altura de tan elevados designios: ocupa la friolera de 6 páginas dando cuenta de una incontable relación de “lapsus” (¿!?)… Esto, como poco, debiera obligarnos a hacernos esa pregunta tan típica de los matrimonios en crisis: ¿qué nos está pasando?, ¿cómo hemos llegado a esto?

Y es que, obvio parece, el asunto presenta muchas aristas que afectan a aspectos tan sustanciales como la división de poderes (acuérdense del célebre “Montesquieu ha muerto”), la paupérrima calidad de nuestro producto legislativo y todo lo que ello conlleva: la inseguridad jurídica, la imprevisibilidad, etc.; y, ya casi como anécdota (y en lo que a este blog atañe), el enésimo incumplimiento del mandato  que el legislador plasmó en el artículo 9.1 de la Ley General Tributaria, “las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en su título”. Un pequeño detalle, del todo nimio, sino fuera porque supone que el propio ejecutivo desatiende lo ordenado por el legislativo. ¡Todo un ejemplo para la ciudadanía!

En fin, vayamos al lío porque lo cierto es que el RD-l de marras sí que tiene (y no poco) contenido tributario, siendo así que ahora me centraré en dos aspectos que pretenden solventar (cosa distinta es que lo logren) el dislate que suponía que aquellos desafortunados que vieron como su casa (vivienda habitual) se iba por la “alcantarilla” de la crisis en forma de dación en pago o de ejecución hipotecaria, tuvieran, además, que afrontar el pago del IRPF y del IIVTNU (arbitrio de plusvalía municipal) relativo a la presunta “ganancia” (sic) puesta de manifiesto con motivo de tales operaciones (en su día, en otro medio, ya tuve ocasión de pronunciarme sobre este genuino “agujero negro”). Ya se sabe que las cosas de palacio van despacio y, así, aunque esta era una situación kafkiana ya denunciada desde los albores de la crisis, no ha sido sino ahora cuando el “poder” ha reaccionado frente a ella.

Pero bueno, aún podría haber sido peor, porque lo cierto es que esta novedad se “vomita” en el BOE con freno y marcha atrás, pues no es otra cosa que la inexistencia de plusvalía, ahora así reconocida, surta “efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos” (IRPF) o “hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos” (IIVTNU).

Consideraciones

Al margen de la manifiestamente mejorable redacción de esa retroacción de efectos, son varias las consideraciones que esta novedad me sugiere:

  1. La primera me la brinda mi colega (y, sin embargo, buen amigo) Carlos Romero Plaza en las acertadas observaciones que, sobre este particular, publicó en el Diario LA LEY el pasado 16 de julio. Y es que -como con tino él denuncia- no parece de recibo que esta no tributación ahora reconocida con efectos retroactivos, y cuya razón de ser no precisa de más explicaciones, requiera que sean los propios contribuyentes (la inmensa mayoría, obviamente, con nula capacidad económica para afrontar ese tipo de procesos) los que “pongan en marcha la maquinaria” burocrática/administrativa que habrá de conllevar la recuperación del dinero abonado en concepto de IRPF o IIVTNU (o, en su caso, imagino, el levantamiento de las medidas cautelares que la propia Administración Ttributaria -estatal en un caso, local en la otra- ya hubiera adoptado sobre sus exiguos bienes o derechos para afrontar el cobro de esa injusta exacción).

No, no y no. Si el “poder” ha llegado a la conclusión (del todo lógica, ya en términos de justicia material) de que ese gravamen era sustancialmente insostenible y, como tal, del todo indebido, habrá de ser ese mismo “poder” el que con sus medios -que los tiene- haya de abordar, de oficio, la revisión de aquellos expedientes que atañen a estos desafortunados ciudadanos y, haciendo las comprobaciones que sean de rigor, proceda con la mayor celeridad a reintegrarles lo que en justicia es suyo.

Lo contrario es mitinero: calmo mi conciencia aprobando una norma que acalla la creciente crítica social pero me desentiendo (me “lavo las manos”, cual Pilatos) de la ejecución motu proprio del procedimiento tendente a la devolución de lo que no es mío…

Aunque solo sea por curiosidad, me gustaría que en unos meses se divulgara la estadística relativa a cuántos contribuyentes de los potencialmente beneficiados por esta novedad han iniciado los trámites para la devolución de lo indebidamente ingresado y, además, a cuántos de estos ya se le ha abonado efectivamente. Ojalá me equivoque pero mucho me temo que los datos de esa eventual estadística iban a ser muy reveladores del reducidísimo impacto real de esta medida.

2. Ya en un plano muy secundario respecto a lo antes apuntado, me llama la atención que, mientras que en el ámbito del IRPF se exige que “en todo caso, será necesario que el propietario de la vivienda habitual no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda”, en lo que al IIVTNU se refiere, ese requisito se predica, además, del “garante del deudor hipotecario” así como de “cualquier otro miembro de su unidad familiar” (¿de la del deudor hipotecario o, también, de la del garante?), siendo así que a estos efectos la unidad familiar será la definida como tal en la normativa del IRPF.

Y es aquí donde me pregunto qué es lo que habrá llevado a exigir un plus de escasez de medios a los contribuyentes del IIVTNU, en comparación con los del IRPF, para que aquellos puedan ser legítimos acreedores de lo igualmente indebido. ¿Acaso el exangüe estado de las arcas municipales ha servido de coartada para que los ayuntamientos impusieran esa inusitada discriminación? Ahí queda la pregunta (como tantas, sin respuesta).

Conclusión

Para terminar, quería traer a colación una anécdota que da fe de nuestra pésima calidad legislativa. Al objeto de delimitar la unidad familiar objeto del análisis financiero/patrimonial exigido para la devolución del IIVTNU, el RD-l aclara que “a estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita”. Considerando que el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) define equiparar como “considerar a alguien o algo igual o equivalente a otra persona o cosa”, yo siempre había interpretado (ahora compruebo cuán equivocado estaba) que era la pareja de hecho la que jurídicamente se asimilaba (allí donde fuera menester) al matrimonio, pero lo cierto es que parece ser a la inversa: es el matrimonio el que queda equiparado a la pareja de hecho. ¡Romanones!, ¿dónde estás?

Posdata

Aprovechando el disipado ambiente propio del ya inminente mes de agosto, en los próximos artículos me propongo analizar sintetizadamente aquellos aspectos de la “reforma fiscal” que creo merecedores de una especial atención (eso sí, matizo desde ya que mis comentarios toman como referencia los textos de los anteproyectos en su día divulgados; de producirse alguna variación sobre ellos, será objeto -en su caso- de futuros análisis).

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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3 respuestas a De drones, horarios comerciales y demás variopintos asuntos (algunos, fiscales)

  1. O'Farrill dijo:

    Por pura casualidad me tropiezo con este blog y quiero felicitar a los editores por su contenido al mismo tiempo que animarles a unirse a otros blogs similares para intentar -al menos evitar- los crecientes desaguisados legales que venimos padeciendo. Quienes gobiernan, entienden que hacerlo es regular hasta los itinerarios de las hormigas por el campo según la calificación del terreno. Ya está bien de imponer tamaños despropósitos legales sin que ninguna organización de la sociedad civil, de representación profesional o de cualquier carácter fuera del sistema, ni fiscales que representan al Estado (los ciudadanos), ni tribunales que deben velar por el exquisito cumplimiento de la C.E., digan ni pío. ¿donde están los cuerpos jurídicos de las AA.PP. ? Nuestras libertades y derechos legítimos van siento podados por un partido -que se pretende liberal para mayor sarcasmo- donde se presume la veracidad de los funcionarios y la sospecha sobre los administrados. El mundo al revés. Así vamos.

  2. Muchas gracias, O´Farrill, por su felicitación y ánimos (en la parte que humildemente me toca). Si se fija, entre los objetivos del “blog” así plasmados en la parte derecha de su formato, late esa intención de ser una voz (una más) que clame por la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la vorágine invasiva del “poder”, arbitrando útiles puntos de encuentro para todas las partes.

  3. Pingback: Artículo de uno de los abogados fiscalistas de Vigo | MAIO

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