Comprobaciones de valores. Seguimos para bingo

Comprobaciones de valoresSé bien que hace apenas tres meses que en un “post” ya abordé algunos de los kafkianos laberintos que las comprobaciones de valores practicadas por las comunidades autónomas les provocan a los sufridos e inocentes contribuyentes. Lo sé,… pero en Españistán la realidad es tozuda y un tema, cuando se convierte en guadiánico, es lo que tiene, que “sigue y sigue”, al igual que el célebre “conejito” de Duracell.

En aquel “post”,  así como de pasada, de soslayo, ya se apuntaba que “tampoco han pasado desapercibidos esos intentos autonómicos por hacer un “popurrí” de sistemas de comprobación de valores, tomando un poco de cada uno a la búsqueda de un resultado pretendidamente inexpugnable: “aunque formalmente la valoración se realiza mediante dictamen de peritos, cabe indicar que éste se limita a la aplicación de la Orden de la Consellería (…), utilizando sus valores básicos, (…), sin mayor elaboración o razonamiento que el que supondría la aplicación directa de la misma, se está produciendo un cambio en el medio de valoración ya que bajo la forma aparente de dictamen elaborado por un técnico especializado, lo que subyace es una valoración basada en la aplicación de los precios medios en el mercado´´ (vgr.: resolución del TEAR-Galicia del pasado 13/11/2015)”.

Pues el caso es que parece ser que las “singularidades” propias de cada comunidad autónoma no están reñidas con que unas copien a otras los métodos como en otras latitudes se busca esa recaudación tan esquiva. Debe de ser lo de la mimetización por simpatía, por contagio… Y así, si en aquel “post” ya se apuntaban los argumentos que el TEAR-Galicia esgrimía frente a la pretensión de la Xunta de alumbrar un sistema de comprobación híbrido, mestizo, tal pareciera que esa “praxis” administrativa también hubiera calado ya al sur de Despeñaperros; y si no ahí está la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 18/1 para dar fe de ello.

Veamos, porque el caso se las trae. Les ahorraré los detalles menores, pero en esencia se trata de una heredera a la que la Junta de Andalucía somete a un doble procedimiento de comprobación de valores (uno por cada herencia sucesiva) sobre unos mismos bienes, siendo así que, alcanzada la vía judicial en uno de ellos, el pronunciamiento del TSJ es favorable a la recurrente por falta de motivación, mientras que en el otro -mimético- el sentir del TSJ es ratificar la ortodoxia jurídica de la comprobación administrativa realizada. Tomo aire, me muerdo la lengua (léase, acato) y sigo…

Es esa obvia dualidad contradictoria la que llega al Tribunal Supremo y que este aborda en el seno de un recurso de casación para unificación de doctrina que aprovecha, muy especialmente, para desbaratar esa pretensión autonómica de (tra)vestir los precios medios de mercado como si de un dictamen pericial se tratase porque, ¡claro!, obviamente no es lo mismo.

Lo cierto es que los argumentos del TS son de lo más contundentes, diríase que del todo implacables: “En definitiva, cuando la Administración tributaria recurre, como método de valoración, al dictamen de perito de la Administración , si bien amparado en precios medios de mercado , los cuales proceden, a su vez, de la utilización de diversos métodos (comparación en el mercado; valores medios extraídos de estudios de mercado efectuados por la propia Administración tributaria, por citar los más comunes), debe cumplir las condiciones exigidas al informe pericial.

Y ello porque no se trata de la utilización del medio de comprobación referido en la letra e) del artículo 57.1 de la LGT (precios medios de mercado) para determinar el valor, sino que el medio seleccionado ha sido el dictamen de perito de la Administración, aunque la Administración Tributaria utilice una “simbiosis” o “hibridación” de medios valorativos. Estos servirán solo para fundamentar el informe del perito, pero no cabe la sustitución del valor “real” a que se refiere el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD) por el que resulta de la aplicación automática de dichos medios. La calificación definitiva del método de comprobación de valores ha de ser el regulado en el artículo 57.1.e) de la LGT: dictamen de peritos de la Administración, no pudiéndose confundir el medio empleado con los elementos tenidos en consideración.

No es ocioso recordar que no se trata de tener una idea del valor de un inmueble, sino de determinar su valor cierto. En efecto, la base imponible del ISD está constituida por el valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, entendiéndose como tal “el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles”.

Dicho valor “real”, que no medio, ni por aproximación al de mercado, es el que podrá ser comprobado por la Administración “por los medios de comprobación establecidos en el artículo 52 (actualmente 57) de la Ley General Tributaria”, tal y como establece el artículo 18 de la LISD.

Así pues, la reiterada exigencia de que las valoraciones administrativas han de estar debidamente motivadas se ha traducido, en los casos en que se emplean medios combinados de comprobación (esto es, dictamen de perito, amparado en precios medios de mercado) en el ineludible cumplimiento de ciertas condiciones. Así se exige una valoración individualizada, en contraposición a la naturaleza del precio medio, de carácter objetivo y general, por lo que se exige que el perito razone la aplicación de dichos precios medios, lo que en la mayoría de las ocasiones obligará a una inspección personal del bien a comprobar.

No basta pues manifestar que se han tenido en cuenta determinadas circunstancias, sino que ha de justificarse individualmente su apreciación, probándose la circunstancia de la que resulta la aplicación de un coeficiente corrector y no otro.

La motivación por remisión del contribuyente a estudios de mercado realizados por la propia Administración tributaria debe reunir una serie de requisitos. En todo caso, la necesidad de justificar el modo de ponderación, actualización, extrapolación e individualización de los datos obtenidos de los estudios de mercado”.

En fin, quizá pueda decirse más alto, pero no más claro.

Y termino: “esto” de las comprobaciones de valores hace ya tiempo que adquirió tintes más que preocupantes. Veamos, porque el asunto ya viene de lejos, tanto como la propia existencia de las CC. AA.: empezó siendo surrealista y de ahí pasó a kafkiano, impresentable y escandaloso (sucesivamente). A día de hoy, si nadie lo remedia, parece que asumimos un serio riesgo de estar a tan solo un paso de entrar en el universo delictivo. ¡Paremos entre todos esta infamia! Escribamos cartas al director, llamemos a las radios, denunciemos esta tropelía en las redes sociales,… porque si no se pasa a la acción, esa inacción será interpretada como una tácita sumisión. Yo, me resisto.

¡Basta ya!

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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2 respuestas a Comprobaciones de valores. Seguimos para bingo

  1. MARIA MAROTO FERNANDEZ dijo:

    Me uno a tu cruzada. Llevo con gente que ha recibido hasta cuatro liquidaciones en 10 años. El TEAR anula pero no dice basta ya!

  2. Muchas gracias, María. La paciencia -como todo- también tiene un límite.

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