Cómo se elaboran a veces las leyes o de cuando el ruido vence a la razón

En la entrada con fecha, 29 de octubre de 2013, un antiguo colega de este blog se ocupó de describir el comportamiento de la Administración Tributaria que por aquella fecha notificó liquidaciones paralelas del IRPF de ejercicios no prescritos a inmigrantes retornados que estaban percibiendo pensiones de jubilación con origen en los países en los que habían desarrollado su prestaciones laborales. Dicha entrada del blog se ocupó de presentar, entre otros aspectos, cómo los mecanismos de intercambio de información entre países estaban cambiando la potestad revisora de la Administración, situación esta que sin duda tendrá mayor relevancia en el futuro.

Lo que seguramente no podía prever el creador de dicha entrada sería una resolución del conflicto meses después, a través de una disposición adicional única de la Ley 26/2014 (ya saben, la que se ocupa de modificar la Ley del IRPF y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes dentro de la mal llamada reforma fiscal) en la que se concede plazo para regularizar las rentas no declaradas en su IRPF, sin imposición de sanciones e intereses, a los inmigrantes que no hubiesen cumplido con sus obligaciones tributarias a su debido tiempo y, correlativamente, el derecho a la devolución de las cantidades pagadas por esos conceptos a aquellos a los que se les impusieron los recargos, intereses y sanciones, según cada caso, que procedían conforme a la ley. Mi propósito es el de presentar una reflexión sobre los motivos que nos han llevado a esta situación.

En primer lugar, conviene no perder de vista los principios que entran en juego y que son vulnerados cuando un contribuyente inmigrante retornado toma la decisión de no presentar declaración alguna en su IRPF por las pensiones percibidas del extranjero.

Esta situación vulnera nada menos que un principio constitucional básico como el de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos conforme a la capacidad económica de cada individuo, dado que se asume que una pensión proveniente del extranjero, que no tributa en el país de origen y que representa una fuente de riqueza para su perceptor, queda al margen de la obligación de colaborar en el sostenimiento de las arcas públicas. Más concretamente se pisotea también un principio básico del IRPF, el que se refiere a la obligación de los contribuyentes de este impuesto de tributar por la totalidad de los rendimientos obtenidos “con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del pagador” (artículo 2 de la Ley 35/2006, del IRPF).

¿Cómo es posible que un atropello a tales fundamentos haya derivado en esta situación? Pues a base de presentar una realidad distinta utilizando las voces de quienes con ignorancia o con cierto interés espurio se prestaron a ello: medios de comunicación, políticos y demás gente de malvivir -permítaseme esta pequeña maldad-.

Esta realidad difundida por dichos agentes utilizaba los siguientes argumentos –y discúlpenme aquí si tengo que recurrir a réplicas poco sofisticadas, pero son las que exigen el debate mediático-:

1. El hecho de que ciertos funcionarios de la Administración hubiesen comunicado verbalmente que las pensiones de origen extranjero no tributaban en España.

A este respecto nada importa la doctrina constante y con cierta solera que la DGT ha manifestado caso por caso y de forma reiterada en abundantes consultas señalando taxativamente que estas pensiones debían tributar en el IRPF por parte su perceptor. V. gr., la consulta V0047-02 por pensiones provenientes de Suiza, la V2300-05 en relación con Estados Unidos, la V1124-06 respecto de pensiones provenientes del Reino Unido o la V0178-09 respecto de pensiones holandesas.  ¿Por qué no se contrastó dicha información verbal con la emitida por la DGT en dichas consultas?, ¿por qué no se pidió que las declaraciones verbales constasen por escrito?, ¿en verdad no había sospechas de que la ausencia de declaración de dichos rendimientos en el IRPF tenía un “tufillo” a irregularidad fiscal?

2. El hecho de que no todos los convenios llevasen a la citada conclusión sino que algún que otro –el más famoso y prácticamente el único relevante era el del año 1966 suscrito con Alemania y que fue sustituido por el vigente en la actualidad de fecha 3 de febrero de 2011- pudiese dar pie a que las pensiones provenientes del extranjero no tuviesen que tributar en España.

Sobre este particular solo cabe indicar que dicho Convenio contenía una excepción sobre el consenso general adoptado por los países de la OCDE de que dichas pensiones debían de tributar solo en el país de residencia del pensionista. Rareza a la que se puso fin con la entrada en vigor del nuevo Convenio y que a alguno le ha valido para deducir no sé qué tipo de conspiración del Estado contra el colectivo de los pensionistas retornados por introducir este cambio normativo.

3. El trato concedido a este colectivo es discriminatorio respecto del otorgado a los grandes defraudadores que pudieron lavar su mala conducta tributaria a través de la declaración tributaria especial del año 2012.

A este respecto solo cabe decir que este procedimiento que permitía el pago de un gravamen fijo sobre el valor de los activos en que se hubiesen materializado rentas no declaradas estaba disponible para todos aquellos contribuyentes cualquiera que fuese el origen y la cuantía de dichas rentas. Por lo tanto, también los inmigrantes retornados, como no podía ser menos, podían haber acudido a este procedimiento de regularización extraordinaria presentando la declaración tributaria especial.

4. La exigencia de intereses, recargos y sanciones a este colectivo supone un trato injusto para quienes han tenido que emigrar para ganarse la vida lejos de su hogar.

¿Cómo medimos el esfuerzo de estos que tuvieron que emigrar?, ¿en verdad fue superior al que tuvieron que desplegar quienes se quedaron en España?, ¿y qué hacemos con aquellos que emigraron no tanto por necesidad sino por ampliar sus horizontes vitales o materiales? Este argumento tan poco consistente palidece ante la verdadera injusticia que supone tolerar que pensionistas españoles se vean obligados a contribuir al mantenimiento de los servicios públicos a través del IRPF mientras que los pensionistas retornados no tuviesen por qué hacerlo.

A la luz de las sencillas réplicas que acabo de exponer, difícilmente logro entender cómo no se desplegó un esfuerzo similar por parte de la Administración dirigido a rebatir dichos argumentos.

La potestad sancionadora de la Administración, ejercida con las debidas garantías es un elemento necesario del sistema. Si el único perjuicio patrimonial para el contribuyente, que decide conscientemente no liquidar el tributo, es el pago del interés por no haber ingresado en su fecha lo que procedería conforme a derecho, el incumplimiento de las obligaciones fiscales es una opción absolutamente racional a adoptar por cada contribuyente según sus circunstancias.

Por este motivo, la sanción se configura como un incentivo –negativo en este caso- para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La decisión de no exigir o de devolver, en su caso, las sanciones y los intereses a estos contribuyentes es inaudita. El legislador ha decidido que una conducta dirigida al incumplimiento de las obligaciones tributarias más básicas fundada en argumentos absolutamente rebatibles goce de un trato privilegiado e injusto a todas luces con aquellos pensionistas que sí tributaron por los rendimientos de fuente extranjera porque esa era su obligación.

La conclusión que se deduce de todo lo ocurrido es clara: el fraude colectivo, impulsado por un motivo espurio y dudosas justificaciones cuando existe la capacidad de generar ruido mediático, puede triunfar. Este es el país que nos cobija, no solo el de un buen número de ciudadanos que tienen una opinión un tanto laxa sobre quienes consideran adoptar una conducta fraudulenta, sino el que ampara la adopción de conductas ilegítimas en las circunstancias que hemos expuesto, el que más de una vez alguno nos hemos planteado abandonar por otro más respetuoso con los valores que inspira la justicia, como lo hicieron aquellos emigrantes que se fueron en su día y que hoy disfrutan de pensiones justamente ganadas.

 

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José Galtier Ferreira

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