Certifica, que algo queda

Un libro de Chico y Ortiz, con gran éxito de ventas -y de lectura- entre los aspirantes a la función pública, que llevaba por título “Oposita que algo queda”, venía a defender que aún en el supuesto de que el ímprobo esfuerzo dedicado al estudio no obtuviera la esperada recompensa del aprobado (y de la plaza), aquella empresa no habría sido del todo estéril pues podría ser útil para lograr abrirse un hueco en el siempre proceloso mundo laboral.

Uno de los efectos más perversos de nuestra ya más que dilatada crisis económica es aquél que se pone de manifiesto en los contribuyentes que, obligados a abonar tributos al erario público, son, a su vez, acreedores del Tesoro por ser proveedores de bienes y/o servicios que éste contrató. Es obvio que la compensación entre esos créditos/deudas es algo que parece de pura lógica, máxime considerando la sensible demora en la que algunas Administraciones Públicas incurren a la hora de sufragar el pago a sus contratistas; y por no hablar de que éstos, además, no podrán reconocer a aquellas como morosas por lo que habrán de afrontar el IVA y demás impuestos (IS, fundamentalmente) derivados del obligado reconocimiento de aquel ingreso.

Precisamente por ello, reviste un muy especial interés la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) del pasado 2/4/2013 (ref. 00/4031/2012), en la que, previo reconocimiento de que “este Tribunal (…) ha venido declarando que es requisito indispensable para que la compensación pueda operarse, el que exista un acto administrativo de reconocimiento del crédito, entendiendo que no existe crédito firme hasta que el mismo haya sido reconocido por el organismo gestor del gasto”, ya anuncia que “sin embargo, una reconsideración de la cuestión lleva a este Tribunal Central, a cambiar su criterio” en lo que se refiere a la validez de las certificaciones de obra como títulos idóneos para ser compensados con deudas tributarias, siendo así que esa modificación doctrinal encuentra su sustento en los siguientes aspectos básicos:

-. “la institución de la compensación en Derecho Tributario (…) es, esencialmente, el mismo que en Derecho Civil, ya que tanto en uno como en otro la compensación es un modo de extinción de las obligaciones distinto del pago, cuyo efecto es la extinción de una y otra deuda en la cuantía concurrente”.

-. “En el caso de las certificaciones de obra, es criterio reiterado del Tribunal Supremo que el reconocimiento de la obligación que prevé la normativa presupuestaria no es otra cosa que un acto interno de Tesorería en el que se refleja la anotación en cuenta de los créditos exigibles contra el Estado y, por lo tanto, no puede confundirse con un acto administrativo firme de reconocimiento de un crédito a favor del sujeto pasivo, por cuanto la regla presupuestaria del reconocimiento no puede ser potenciada hasta el extremo de que, con ella, la anotación en cuenta se convierta en un nuevo requisito a añadir a los que ya prevé el RGR y debe ser reducida a la significación de una norma cuyo cumplimiento por la Administración le es imprescindible para ésta, pero que no puede bloquear los efectos extintivos de una compensación solicitada en tiempo”.

-. “En el caso de las certificaciones de obras, que son las que en el caso enjuiciado pretendían compensarse con determinadas deudas tributarias, se está ante documentos auténticamente representativos per se de un crédito a favor del contratista por la realización de las obras realmente ejecutadas a cambio de su precio, de un auténtico título de crédito con tal contenido” (STS de 30/1/2008, dictada en el recurso nº 68/2003 de casación para la unificación de doctrina).

-. “Esa misma naturaleza le reconoce la STC de 27 de mayo de 1993, que recuerda que el propio Tribunal, en Auto 818/1985, les atribuyó la condición -a las certificaciones, se entiende- de fondos públicos afectos a la obra o servicio de que se trate” (STS 30/1/2008).

-. “De acuerdo con cuanto acaba de argumentarse, el reconocimiento del crédito contra la Administración que la certificación de obras supone está comprendido en el acto administrativo que autoriza o acuerda su expedición. Este sería, propiamente, el acto administrativo firme que exige el antes citado art. 68.1.b) LGT y que, en el caso de las certificaciones, no sería subsiguiente, sino coetáneo a la aludida expedición. (…) No puede confundirse el reconocimiento de la obligación según la Regla 64 de la Instrucción de Contabilidad de los Centros Gestores del Presupuesto de Gastos del Estado, que no es otra cosa que un acto interno de Tesorería en el que se refleja la anotación en cuenta de los créditos exigibles contra el Estado, con un acto administrativo firme de reconocimiento de un crédito en favor del sujeto pasivo. Esta exigencia de la Regla 64 de la Instrucción aludida, (…), no puede ser potenciada hasta el extremo de que, con ella, la anotación en cuenta a que se refiere se convierta, (…), en un nuevo requisito a añadir a los ya previstos en el (…) Reglamento de Recaudación (…) y debe ser reducida a la significación de una norma cuyo cumplimiento por la Administración es imprescindible para ésta, pero que no puede bloquear los efectos extintivos de una compensación solicitada en tiempo” (STS 30/1/2008).

En fin, que se abre una puerta a la esperanza, que no es poco…

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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Una respuesta a Certifica, que algo queda

  1. Juan Castro dijo:

    Sorprendente. Y más teniendo en cuenta de quién viene. En fin, nunca es tarde si la dicha es buena. En mi opinión, reitero, lo verdaderamente interesante de esta resolución es el órgano emisor de ésta, que abre un rayo de esperanza para el contribuyente dentro de la vía administrativa.

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