Carta abierta al alcalde de Lepe (la España real II)

Carta abiertal al alcalde de Lepe

Carta abierta al alcalde de Lepe

 Excmo. Ayuntamiento de Lepe
Plaza de España, 1
21440-Lepe
(Huelva)
 
A la atención del Ilustrísimo Sr. Alcalde (D. Juan Manuel González)
C.c.: 5ª Teniente de Alcalde (Dña. Mariana Otero Díaz) y secretaria (Dña. Sara Nieves García) del Excmo. Ayuntamiento de Lepe, gerente del Servicio de Gestión Tributaria de la provincia de Huelva/SGTH (D. Manuel Robledano Orta)
 

Permítame que ocupe apenas unos minutos de su preciado tiempo para hacerle partícipe de un proceso kafkiano que mantengo con el Ayuntamiento de Lepe que usted tiene el honor de presidir.

Desde hace ya varios años, paso una parte sustancial de mis vacaciones estivales en Islantilla, idílico emplazamiento costero situado parcialmente en el término municipal de Lepe; y es que son muchos los atractivos que me animan cada verano a cruzar la península hasta allí y que, por tanto, me compensan ese esfuerzo con creces. Tan es así que en apenas unas semanas volveré, con la confianza de que, una vez más, disfrutaré de unas memorables vacaciones.

Lo que me lleva a dirigirme a usted es que me he visto envuelto en un sinsentido administrativo, todo un bucle procedimental al que no le veo más salida práctica y efectiva que denunciarla públicamente con la esperanza (espero que no infundada) de que si para mí ya no tiene solución alguna, al menos otros ciudadanos no se vean abocados a ser víctimas de un enredo similar. Le cuento.

El pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de Lepe, a través del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva (SGTH); cuyo gerente está aquí copiado, me notificó una denuncia mediante la que me anunciaba su pretensión de imponerme una multa de 90€ por haber excedido el tiempo de aparcamiento habilitado, mediante el tique abonado en concepto de la tasa de la ORA (Ordenanza y Regulación de Aparcamientos).

La cuestión, por resumir al máximo, es que llevo casi un año alegando que al acudir a retirar mi coche no había en el parabrisas denuncia alguna, por lo que se me impidió así acogerme a la llamada tarifa única que por tan sólo 3€ permite amnistiar al infractor (es decir, el que esto suscribe), posibilidad que es la que solicité, reiteradamente, que se me facilitara en cuantos escritos presenté ante este ayuntamiento durante todos estos meses.

Pero no, en contestación a ese nítido argumento, el ayuntamiento que usted preside insiste en aleccionarme acerca de que los vigilantes de la ORA tienen la condición (ya judicialmente reconocida) de autoridad -extremo que nunca he cuestionado aunque, sea dicho de paso, no lo comparta-, que obra en el expediente la ratificación de la denuncia por un miembro de la Policía Local -hecho que no he puesto en duda-, o que también, el expediente consta de una foto dejando prueba de la presencia del boletín de denuncia en el cristal delantero de mi coche (aspecto que tampoco he osado rebatir).

Sin embargo, el ayuntamiento no ha logrado responder a mi alegato: que en el concreto momento de retirar mi coche, el boletín de denuncia no estaba allí y que, por tanto, no pude acogerme a la amnistía que la propia ordenanza municipal ofrece a los infractores, siendo así que esa tarifa única de apenas 3€ en mi caso se convierte en una multa de ¡90€!

Pero no me malinterprete; yo no aspiro a que se me dé la razón, en absoluto: tan solo pretendo que alguien lea mis argumentos y que los conteste, ya sea estimándolos o no. Admitiría, por tanto, que se me diga que mi defensa es peregrina, que son excusas de mal pagador, que se me tilde de estrafalario, o hasta que se me exigiera una prueba (diabólica, ¡por supuesto!) de la inexistencia del boletín de denuncia cuando retiré mi coche. Pero lo que no es de recibo es que el sistema se haga el sordo (o que copie y pegue el modelo de contestación al uso, que viene a ser lo mismo).

Y este no es un extremo baladí, Sr. Alcalde, porque -y aquí es donde quería llegar-, más allá de la relevancia mayor o menor del importe que se le exija a un ciudadano (y con independencia de que lo sea o no en concepto de sanción; aunque con mayor motivo si este es el caso), lo cierto es que nuestro sistema legal le brinda a aquel la posibilidad de defenderse, ya incluso en la propia vía administrativa y, por tanto, de un modo gratuito en la medida en que no se le exige preceptivamente la asistencia de abogado y procurador, ni tampoco el abono de tasa alguna por la mera presentación de un recurso.

No obstante, esa facultad de defensa se torna irreal cuando durante meses, y en varios trámites (alegaciones, recurso de reposición,…), el contribuyente/ciudadano percibe que este proceso tiene más, mucho más, de mera apariencia que de sólida realidad. Porque si la Administración no escucha (o no lee, que a los efectos es lo mismo) lo que el ciudadano invoca en su defensa, ¿de qué vale todo este proceso? ¿un mero paripé para dar la sensación de que se respetan las formas?

Eso es lo grave, Sr. Alcalde. Y esa gravedad se incrementa cuando resulta que para resolver un expediente en apariencia tan sencillo como una multa de la ORA (¿cabe uno más intrascendente en términos económico/jurídicos? lo dudo), el ayuntamiento echa mano de otro organismo, este ya de carácter supramunicipal, como es el SGTH (dependiente de la Diputación Provincial) que, obviamente, también tendrá su coste en términos de gasto público, aspecto relevante, pues imagino que convendrá conmigo Sr. Alcalde, en que el dinero, al final, sale de donde sale y solo puede ser del sufrido y ya exhausto bolsillo de los ciudadanos.

Entonces, digo yo, ¿para qué tanta fanfarria?: que si vigilantes de la ORA, que si fotografía del vehículo denunciado, que si agente de la Policía Local ratificando la infracción, que si tramitación de un expediente administrativo en el que interviene, además del ya mencionado SGTH, la 5ª Teniente de Alcalde y la mismísima secretaria municipal (también aquí copiadas), etc. Es decir, no seré yo quien diga -quede claro- que todo esto sea un montaje hecho ad hoc, pero sí que denuncio su manifiesta (aunque confío que no dolosa) inutilidad.

Verá, en este país llamado España están pasando cosas, algunas palpables y notorias y otras quizá no tanto. Entre estas últimas, más sigilosas, está una paulatina y muy grave desafección de la ciudadanía hacia lo público (y no sólo hacia lo político, que también) pues en la calle se percibe, tan subjetiva como lícitamente, que hay dos mundos paralelos que apenas se cruzan: la realidad privada y el limbo público.

Y cuando desde la Administración se aprieta a los ciudadanos para que sufraguen qué sé yo qué, llega un momento en que estos se cuestionan para qué tanta estructura, para qué tanta burocracia, para qué tanta Administración (que, lejos de ser un fin en sí misma, recordemos que no es sino un medio al servicio de la sociedad, a la que se debe), para qué tanto gasto (¿para cuándo una reflexión pública, sincera y sensata sobre el desmedido coste de nuestro pesado andamiaje administrativo/territorial?), y si, además, cuando intentan defenderse ven que nadie les escucha -o lee-, pues el cabreo no puede sino subir, como el suflé. Y es que, afortunadamente, ya parece superado aquel pusilánime estado de ánimo que Manuel José Quintana (1772-1857) tan bien describiera en su Pelayo: “El español, atónito en su estrago/y ya domesticado en su cadena/ni de su daño y baldón se irrita/ni a los clamores del valor despierta”. No, no y no. Las cosas han cambiado…

Tan es así que, puesto en la surrealista tesitura de tener que elegir, hasta preferiría vivir en un país en el que se me dijera que las multas de la ORA (por ser el caso que aquí me ocupa) son irrecurribles; obviamente sería una aberración jurídica, pero lo cierto es que me parece más coherente un país jurídicamente aberrante (pero en el que uno sepa a qué atenerse) que otro donde el Boletín Oficial del Estado (BOE) vende a diario el mejor de los “Mundos de Yupi” para, a la postre, resultar un mero decorado de cartón piedra donde la cruda realidad es que el ejercicio efectivo de ciertos derechos es una quimera…

Verá -y ya voy acabando- no es que pretenda hacer un mundo de este episodio que no debiera pasar de lo anecdótico, pero sí es cierto que siendo nimio, no lo es en absoluto en la realidad que esconde: la sordera de la Administración frente al ciudadano. Usted dirá, y con razón, que puedo acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para recurrir, ¡ya!, pero también coincidirá aquí conmigo en que es patético tener que pedir auxilio a la justicia no ya para que te dé la razón (posibilidad siempre incierta) sino para que acredite que la Administración, ¡durante casi un año!, ni tan siquiera leyó los argumentos esgrimidos por el ciudadano. Y, además, ¿cuánto me costaría ese pleito? A día de hoy ya me parece una inversión desmesurada los 13´55€ empleados en sellos, certificados y avisos de recibo para impugnar las actuaciones municipales…, así que espero que comprenda que esta carta ya se la haga llegar por correo electrónico (eso sí, no al propio ayuntamiento -imposible localizar en su web una dirección electrónica de contacto- sino al SGTH en el que aquel delega sus cuitas fiscales).

Una cosa más: este ayuntamiento aún tiene pendiente de resolver el recurso que presenté el pasado mes de mayo contra la providencia de apremio que se me giró sobre la sanción impugnada. Verá, Sr. Alcalde, esta práctica (el apremiar una sanción tributaria cuando esta aún está pendiente de un recurso en la vía administrativa) es una flagrante violación del artículo 212.3 LGT (Ley General Tributaria) que, visto lo visto, quizá convenga recordar: “la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos: a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa”.

Por si acaso, también me permito recordar que este mismo precepto, en su apartado b), prohibe expresamente la exigencia de intereses de demora con motivo de la suspensión automática operada en la vía administrativa. Y habida cuenta que el artículo 233.8 LGT me concede una suspensión cautelar de hasta dos meses más, ya puestos, hasta quizá agote ese plazo…

Y ya termino (ahora sí). Como decía al principio, en apenas unas semanas estaré de nuevo en Islantilla. Pues bien, desde aquí proclamo públicamente que este año adoptaré una nueva práctica en cuanto al pago de la ORA: en lugar de sufragar lo correspondiente al tiempo estimado de aparcamiento (habitualmente varias horas), me limitaré a abonar el importe mínimo (0´8€) para luego, al acudir a retirar mi vehículo -y siempre y cuando el boletín de denuncia esté en mi parabrisas, ¡detalle importante!-, limitarme a pagar la tarifa única de 3€ que amnistíe mi reprobable conducta.

Es decir, que con esta picaresca que la propia normativa municipal permite, aparcaré todo el día por menos de 4€, cuando la tarifa normal superaría con creces el doble. ¿Ve usted, Sr. Alcalde, la perversa reacción que se genera en la ciudadanía cuando desde la Administración se hace oídos sordos a lo que aquella clama?

 Atentamente.

 

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , garantía profesional.

SIGA

Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

Esta entrada fue publicada en Fiscal y etiquetada , , , , , , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>