Cacofonías desde Spandau

La berlinesa prisión de Spandau fue construida en el siglo XIX, si bien adquirió notoriedad cuando, tras la 2ª Guerra Mundial, fueron allí recluidos los condenados en el célebre juicio de Nuremberg, entre otros, aquellos a los que se les impuso la pena por crímenes contra la humanidad, hoy el único delito al que nuestro Código Penal atribuye el carácter imprescriptible… ¿o quizá no es el único?

Este asunto adquiere hoy una inusitada actualidad que viene dada por la sustancial reforma del Código Penal abordada el pasado mes de diciembre mediante la Ley Orgánica 7/2012. Esta modificación, al margen de otros aspectos, retoca el delito fiscal introduciendo un sensible cambio en la trascendencia jurídica que se le atribuye a la regularización espontánea -voluntaria- abordada por el contribuyente que, hasta entonces, tenía el carácter de excusa absolutoria; es decir, el delito se había consumado y la regularización no generaba, de forma sobrevenida, su extinción, sino que lo que aquella producía era la absolución de la pena. En conclusión, el delito existía pero quedaba impune al entenderse que el posterior “arrepentimiento” del contribuyente le hacía acreedor del perdón de la sociedad.

Este esquema venía provocando ciertas distorsiones, entre ellas, quizá la más llamativa, la vidriosa interrelación entre ese delito fiscal -ya sin pena- y el blanqueo de capitales, pues se discutía fundadamente si ese contribuyente, pese a haberse puesto ya al día extemporáneamente con Hacienda, no podría ser imputado por un delito de blanqueo. Resumiendo: era controvertido si el delito fiscal consumado -pero ya regularizado- podía ser el sustento válido para que sobre él se construyera un proceso penal relativo al blanqueo.

Pues bien, lo cierto es que este debate parece que habría sido solventado por la nueva configuración jurídica que ahora se le atribuye a la regularización que, lejos de ser una excusa absolutoria, pasa a convertirse en un elemento que niega la propia existencia del delito, siendo así que ahora el perdón ya no operaría -como antes- sobre la pena, sino sobre el propio delito. El problema es que, una vez subsanado el debate entre el delito fiscal y el de blanqueo, podría haberse creado otro, y no precisamente menor: si la regularización es un elemento negativo del tipo penal, mientras haya posibilidad de realizarla no se habrá consumado el delito, lo que introduciría un giro copernicano en un elemento básico del delito como es el inicio del cómputo de su prescripción. Y es que, pareciendo obvio que la Hacienda (ya sea la estatal, autonómica, foral o local) sigue contando con cuatro años para proceder a la investigación/comprobación de la situación del contribuyente, lo cierto es que una vez superado ese plazo sin que se haya producido actuación administrativa alguna, parecería que pudiera entrar en juego el nuevo sistema de cómputo de la prescripción penal que podría llegar -siempre según esta interpretación- a dilatar “sine die” el plazo -dado que el delito aún no se habría consumado- para que el Ministerio Fiscal o la administración tributaria competente interponga querella o denuncia contra el contribuyente. De este modo, de prosperar esta lectura (que, obviamente, no es precisamente mía, sino de genuinos expertos en el ámbito penal), ello nos podría abocar a una imprescriptibilidad del delito fiscal por cuanto el plazo para la extinción de su responsabilidad penal (5 años o 10 para los tipos agravados) correría ya sólo desde que se iniciaran actuaciones judiciales, siendo así que la prescripción criminal, en tal escenario, sólo quedaría circunscrita a la que, en su caso, pudiera operar ya dentro del propio proceso judicial como una patología resultante de su inactividad o dilación. Parece que este planteamiento nos conduce, necesariamente, a un tan agrio como largo debate acerca de la incidencia del tiempo sobre el delito fiscal. Veremos a dónde nos lleva; mantengamos la esperanza de que se haga la luz.

Para concluir este post, una reflexión, una cautela y dos lecturas recomendadas, todo ello en relación con el vidrioso delito contra la Hacienda Pública.

Lo primero, la reflexión, al hilo de la novedad acaecida en EE.UU., donde -siempre según la información de www.money.cnn.com- el IRS (su AEAT) acaba de incluir en las instrucciones de un impreso tributario que “la renta procedente de actividades ilegales, tales como el dinero con origen en el tráfico de drogas, debe ser incluida en su renta en el Formulario 1040, línea 21” (sic). ¿Se avecinan cambios en la fiscalidad de lo “ilícito”?

Lo segundo, la cautela: atención a la firma en conformidad de las actas de inspección que conlleven el reconocimiento de falsedades en documentos mercantiles, pues quizá se evite el procesamiento por la comisión de un presunto delito fiscal, pero podría poner en bandeja la imputación por un delito de falsedad, y con no fácil defensa, habida cuenta de la expresa confesión de su comisión.

Y las dos lecturas: una, la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 5/12 relativa al caso “ballena blanca” y, más en particular, su Fundamento de Derecho 37º así como el voto particular que formula el magistrado D. Antonio del Moral (ambos sobre la peculiar interrelación entre el delito contra la Hacienda  Pública y el de blanqueo); la otra, un capítulo del libro -desternillante- de Kenneth Cook (Ed. Sajalín) El lagarto astronauta donde, entre sus diversos relatos sobre el “outback” australiano, se incluye uno en el que, de un modo hilarante, se describe el peculiar fraude cometido por un dueño de máquinas recreativas. Que las disfruten.

 

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista

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Una respuesta a Cacofonías desde Spandau

  1. Esaú dijo:

    Gran resumen de un debate doctrinal que ha nacido en el ámbito penal y que, obviamente, se ha trasladado al tributario al girar en torno al delito fiscal. No seré yo quien contradiga la dogmática procesal-penal, pero es evidente que yéndonos a una interpretación finalista de la norma, este dislate quedaría subsanado, aunque habrá dado lugar a ríos de tinta y discusiones bizantinas durante unos años.
    Para la posterioridad, pues lo de siempre: la nefasta técnica legislativa del legislador tributario que, para solventar un asunto discutido ha creado otro de mayores dimensiones, al saltarse a la torera la ontología penal sin, pienso yo, consultar a los expertos. !Tela!

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